“Reubicación ya”: el llamado desesperado de 234 indígenas de Chocó

Ya casi se cumple un año de la peor tragedia que recuerde El Veinte, una comunidad indígena embera chamí asentada a la orilla de la carretera Quibdó-Medellín. Fue el 9 de junio del 2016, hacia las 2 de la tarde. Mientras avanzaban los trabajos de pavimentación de la vía, una montaña se desplomó y sepultó a 13 personas que estaban haciendo un transbordo y a algunos trabajadores. El derrumbe ocurrió a unos 350 metros de las casas que habitan las 43 familias (y 234 pobladores) de El Veinte. Las labores de rescate tardaron casi un mes. El último cuerpo que encontró la propia comunidad fue el de José Velásquez, uno de sus miembros.

Desde ese momento los embera chamí de El Veinte, localizados a una hora y media en carro desde Quibdó, están lanzando alertas sobre el peligro que corren y pidiendo ser reubicados. El 18 de octubre Invías publicó un informe en el que le daba la razón a la comunidad: advirtió que existe una amenaza geológica que pone a los habitantes en un nivel de riesgo “muy alto”, y que esta situación requería una “corrección urgente”.

En ese mismo sentido se pronunció la empresa Sonacol, que tenía en sus manos la pavimentación de la carretera en el momento del accidente. El 22 de diciembre la compañía publicó otro informe en el que recomendó reubicar el resguardo indígena El Veinte, “en aras de prevenir una emergencia” como la que sucedió hace casi un año.

Las condiciones en las que ocurrió esa tragedia no eran diferentes a las que existen hoy. La carretera sigue en pésimas condiciones y las lluvias, que no paran en el Chocó, siguen removiendo la montaña y el material de construcción. El miércoles 24 de mayo se presentaron siete derrumbes en esa vía. “Estamos todos trasnochados. Desde que empezaron las lluvias no podemos dormir de pensar que se nos va a venir la montaña”, contó vía telefónica el mayor Luis Fernando Velásquez, uno de los líderes de El Veinte. Y siguió: “aquí dentro de la comunidad se fue un pedazo y casi se lleva la cocina de un compañero”.

Hace unas semanas investigadores de la organización Dejusticia estuvieron allí hablando con la comunidad, sobre la promesa de pavimentar esta vía que el Gobierno colombiano ha incumplido históricamente. “Nosotros le hemos entregado varios muertos a esta carretera”, dijo en ese momento Velásquez y contó la historia de un accidente ocurrido en 1986 que dejó 40 muertos, y de un deslizamiento del año 2010 en el que “cayeron varios indígenas”. Luego hizo un recorrido por el lugar de la tragedia del año pasado, y reconstruyó cómo la montaña se empezó a desplomar mientras una maquinaria pesada se trepaba en ella. Hoy ese morro, recubierto de tierra roja, da la sensación de que se puede venir abajo en cualquier momento.

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El responsable directo del traslado de El Veinte es el municipio de Quibdó. Hasta la alcaldía han llegado los llamados desesperados de la comunidad, y las advertencias de Invías y de Sonacol. Y todavía las 43 familias siguen esperando. Según Ilson Antonio Mosquera, coordinador municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, el proceso se ha dilatado porque las negociaciones con los indígenas no han sido fáciles. “Como resguardo indígena hay unas implicaciones de tipo legal que entran a jugar… Ellos tienen una legislación especial… Este es un tema jurídico que tiene mucho detalle”, dice.

Efectivamente en este caso, por tratarse de una comunidad con autonomía, el proceso tiene que ser concertado. Ese es su derecho como indígenas. Entonces, los embera chamí debían proponerle a la alcaldía un sitio para su traslado y el municipio se encargaba del resto. Pero ya han hecho dos propuestas y ninguna ha prosperado.

Una de ellas era un terreno de la misma comunidad. “Es un área muy buena, muy linda, muy plana –cuenta el mayor Velásquez–. Los llevamos y nos dijeron que iban a mandar un topógrafo, un geólogo y un arquitecto. Se hizo el estudio y salió muy bien, pero dijeron que había un problema de acceso, que no se podía, que era muy costoso”. Esa fue la respuesta de la alcaldía ante la primera opción que presentó la comunidad: que por tratarse de un lote de difícil acceso (está a unos 2 kilómetros de la carretera) se requerían inversiones muy altas, y eso no era viable.

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Entonces hubo una segunda propuesta. Y llegaron nuevos inconvenientes. Al parecer, el nuevo estaría ubicado dentro de un territorio que pertenece a comunidades negras. Y aunque los indígenas han tenido un diálogo sostenido con la dueña, para negociar los precios y tratar de desenredar el lío jurídico, el trato todavía está en veremos.

Pero mientras eso sucede el riesgo sigue ahí. Y las lluvias no paran y las montañas que rodean la carretera Quibdó-Medellín se siguen desplomando, a pedazos, y bloqueando el paso entre las dos ciudades. Como ha ocurrido históricamente.

Lo que está pasando en El Veinte refleja perfectamente lo que significa para muchas comunidades del Chocó estar atravesados por una carretera inconclusa y peligrosa. Por eso, la pavimentación de esta vía fue una de las mayores motivaciones de los chocoanos para volver a un paro cívico a principios de mayo.

En el paro de agosto del año pasado, el Gobierno se comprometió a invertir 720 mil millones de pesos en la pavimentación de las carreteras Quibdó-Medellín y Quibdó-Chocó. Y no cumplió. Entonces Chocó se paralizó otra vez y, luego de varios días de negociaciones con el Gobierno, se acordó que habrá una inversión inicial de 440 mil millones de pesos y, a mediano plazo (hasta el 2020), de otros 280 mil millones de pesos.

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Más allá de esta negociación, casos como el de El Veinte no dan espera. Por eso, la Procuraduría interpuso una acción de tutela en contra de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el municipio de Quibdó y el departamento de Chocó, pidiendo la reubicación inmediata de la comunidad. Según la demanda, estas entidades están vulnerando los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, a la igualdad y no discriminación y a la vivienda digna, de este pueblo indígena. El 8 de junio un juez de tutela de Quibdó fallo a favor de la comunidad, y le dio al alcalde de la ciudad un plazo de 15 días para reubicarlos.

“Cada día la naturaleza nos pone más en jaque. Estos derrumbes son como una advertencia”, dice el mayor Velásquez. ¿Cuántas otras advertencias necesita el Gobierno para actuar?

Colaboración de Dejusticia.