En 15 meses, asesinaron a 101 indígenas en resguardos del norte del Cauca

Los titulares parecen calcados cada semana: Asesinan a comunero indígena, acribillan líderes indígenas, hallan muerto y con señales de tortura a indígena en el Cauca. Las palabras para describir la barbarie se agotan, pero la arremetida violenta no cesa. Solo en el norte del Cauca han asesinado 101 personas en resguardos indígenas en los últimos 15 meses. 

Las autoridades ancestrales hablan de un genocidio silencioso para minar de miedo a la población y generar desplazamientos masivos que permitan un control más amplio del territorio. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) ha reseñado cada uno de estos 101 homicidios, que guardan muchas similitudes en el modus operandi.

En su mayoría, los ejecutores de estos asesinatos se transportan en motocicletas de alto cilindraje, con contadas excepciones, asesinan entre una y dos personas por ataque, operan con mayor regularidad los fines de semana o festivos. En el último caso -registrado el pasado domingo- mataron a los hermanos Albeiro Silva Mosquera y Luis Hugo Silva Mosquera, dirigentes de la Zona Reserva Campesina en Miranda, uno de los nueve municipios agremiados a la Acin. En el hecho también resultó herido un comunero. Seis motos con parrillero esperaron que finalizara una reunión y los atacaron frente a la comunidad. Guardias indígenas iniciaron la persecución, pero fueron repelidos a bala. 

De los 101 asesinatos, 58 son de comuneros y autoridades indígenas; 82 ocurrieron en 2019, mientras que en los primeros dos meses de 2020 se registraron 19 crímenes en jurisdicciones de los resguardos Miranda, Toribío, Jambaló, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Timbío y Corinto. 

Uno de los casos más recordados del año pasado es la masacre de Tacueyó, zona rural de Toribío,  donde fue brutalmente asesinada la gobernadora indígena Cristina Bautista y cuatro guardias que impedían el reclutamiento forzado de dos menores. “No habíamos tenido un periodo tan violento. Hay antecedentes que se aproximan como entre los años 2013 y 2014, así como 2001 y 2004, plena disputa entre las Farc y Paramilitares, pero lo de ahora es verdaderamente preocupante”, explica Mauricio Lectamo, coordinador del área de Derechos Humanos de Acin. 

La diferencia con los periodos anteriores radica en que muchos de los asesinatos en territorio indígena eran consecuencia de fuertes combates y lanzamiento de artefactos explosivos desde las montañas. Hoy, los homicidios son premeditados contra personas estratégicas al interior de las organizaciones. 

“Nosotros vemos un patrón similar en estos asesinatos que nos hace pensar que hay un solo grupo armado detrás de ellos”, añade Lectamo. Diferenciar quiénes están dando las órdenes es una tarea difícil, aún no ha sido resuelta ni por las autoridades. 

En el norte del Cauca operan dos estructuras disidentes de las Farc: columna Dagoberto Ramos y Jaime Martínez. La primera estaría al mando de alias Gafas, quien controla las hectáreas de cultivos ilícitos en Corinto, Miranda, Caloto, Toribío y parte de Santander de Quilichao. La segunda, bajo el dominio de Mayimbú, hace lo mismo en Buenos Aires, Suárez, zona rural alta de Jamundí y la región del río Naya, puente que conecta con el pacífico caucano. 

Ni con la fuerza pública 

A finales del año pasado llegaron al Cauca 2.500 hombres de las fuerzas especiales del Ejército, tras la escalada violenta en contra de comunidades indígenas. El presidente Iván Duque explicó que con esta medida retornaría la calma a estos territorios golpeados por la guerra. 

Pero no fue así, dice Mauricio, el ingreso de más militares no ha contrarrestado las muertes violentas contra indígenas. “Comenzamos el año con más homicidios que los registrados en este mismo periodo de 2019”, agrega Lectamo. Hasta el momento, esa fuerza especial no ha propinado golpes certeros contra las estructuras criminales que delinquen en el norte de ese departamento.