Indígenas dicen no estar contra de la Justicia, en caso Rojas Birry

Francisco Rojas Birry, expersonero de Bogotá condenado el viernes a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito y a quien la Justicia quiere detener, seguirá bajo custodia de la guardia indígena, que busca juzgarlo bajo sus leyes, dijo un vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

"No es que los indígenas estén en contra de la justicia, lo que buscamos es que Rojas (que pertenece a la etnia embera) pueda ser juzgado por la justicia indígena, que si lo encuentra culpable, lo sancionará según sus leyes y costumbres", explicó el consejero mayor de la ONIC, Luis Evelis Andrade.

Andrade precisó que 15 miembros de la guardia indígena seguirán "por el tiempo necesario" custodiando la vivienda en Bogotá de Rojas Birry, a quien las autoridades buscan capturar desde la víspera para que cumpla la pena a la que fue sentenciado por un juez de la capital.

La ONIC interpuso una demanda ante el Consejo Superior de la Judicatura buscando que le sea reconocida su jurisdicción para juzgar a Rojas.

Según Andrade, "el proceso investigativo será conocido por el Consejo de Justicia de la Asociación de Cabildos indígenas de Chocó, Asorewa, bajo los principios de equidad, justicia y los usos y costumbres del pueblo embera".

División

No obstante, hay posiciones encontradas entre los indígenas. Feliciano Valencia, líder indígena del departamento de Cauca y vocero nacional de la Minga Social y Comunitaria, expresó que el expersonero de Bogotá debería entregarse a la justicia por cuanto el delito lo cometió por fuera de su comunidad y con un interés personal.

En declaraciones a Caracol Radio, Valencia dijo que el caso de Rojas Birry "fue una situación que se presentó por iniciativa de la persona y para beneficio personal, por lo tanto debería aclararlo ante las autoridades ordinarias".
 
Expresó que si bien las autoridades indígenas pueden constatar que se haya garantizado el debido proceso, no hay razón para obstaculizar el papel de las autoridades judiciales e impedir la captura del exfuncionario.
 
Rojas, quien fue personero de Bogotá entre el 2008 y el 2011, fue sentenciado este viernes a ocho años de cárcel acusado de recibir 200 millones de pesos de parte de directivos de DMG, que estafó a miles de personas a través de captaciones ilegales de dinero, para financiar su campaña.

En su momento Rojas señaló que ese dinero lo había recibido a título de préstamo y que lo invirtió en su campaña, pero en las investigaciones la Fiscalía logró probar que el indígena no registró ese dinero en libros contables para ocultarlo.

El pasado 22 de febrero, la Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos por conflicto de intereses, pues no se declaró impedido para actuar cuando las autoridades realizaron operativos contra el Grupo DMG.

Con EFE