Indígenas que pertenecieron a las Farc: a rendirle cuentas a la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha pedido la comparecencia de 36 indígenas que formaron parte de la ‘Columna Jacobo Arenas’ de la ya extinta guerrilla de las FARC por varias y graves violaciones contra los Derechos Humanos, como desplazamientos forzados y violencia sexual.

La JEP, el tribunal surgido de los acuerdos de paz de La Habana para investigar a los actores implicados en el conflicto armado, señaló que estas personas han sido señaladas por haber cometido supuestamente violaciones contra el Derecho Internacional Humanitario en unos quince municipios del Cauca y Valle del Cauca.

Según las investigaciones, unas 180.000 personas habrían sido víctimas de estas acciones dentro del Caso 05 de la JEP, en el que se investigan los daños que el conflicto armado ha causado a organizaciones y pueblos indígenas en el norte y sur del departamento de Cauca, informan medios colombianos.

Los comparecientes, detalla la JEP, “deberán rendir versión sobre hechos de desplazamiento forzado, conductas en contra de la libertad, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento y siembra de minas antipersona”, así como por “reclutamiento, desaparición forzada, ataques a la población civil y amenazas”.

Por último, la JEP ha informado que este proceso se ha llevado a cabo en coordinación con los pueblos originarios y la Jurisdicción Especial Indígena de la que disponen, un “derecho fundamental consagrado” en la Constitución y en los acuerdos con el Gobierno de Colombia.

Esto llega en medio del llamado que hace la Procuraduría General de la Nación a la JEP para que puedan priorizarse los hechos de violencia sexual en medio del conflicto armado, y diseñar nuevas estrategias para que los miembros de las antiguas Farc-EP realicen su aporte a la verdad de manera plena, detallada y exhaustiva, y reconozcan su responsabilidad.

Se trata de un oficio que fue enviado a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP. Allí, el Ministerio Público señaló que “hasta este momento no se ha alcanzado un énfasis determinante que logre respuestas efectivas que satisfagan a las víctimas de violencia sexual –violencia basada en género– en el reconocimiento de sus derechos”.

Además, expuso que, “de acuerdo con el análisis realizado a los informes de las organizaciones de víctimas, encontró escasez de verdad en los relatos de los comparecientes, lo que ha generado una perpetuación en el silencio de las víctimas, ahondando aún más en la invisibilidad que han tenido a lo largo de los años de conflicto”.

Otro punto importante en el que hace énfasis la Procuraduría es en el hecho de que la desigualdad de género es preexistente al conflicto armado, y que la violencia se instrumentalizó y exacerbó, por lo que “deberán reconocerse medidas de reparación y restauración, el sufrimiento especial de las mujeres y la importancia de su participación activa y equitativa en la JEP”.

Para la Procuraduría, las estrategias que implemente la JEP “deberán lograr una efectiva sensibilización y concientización de los exintegrantes de las Farc, con el fin de que sea comprendida la relevancia de contar la verdad sobre los hechos de violencia sexual (violencia basada en género)”.

Con información de Europa Press.