Indignante: al descubierto explotación sexual infantil en Cartagena, Medellín y Cali

Una investigación realizada por la exconcejal de Bogotá y experta en infancia y adolescencia, Nelly Patricia Mosquera, en los sectores más concurridos de cada ciudad: el centro histórico de Cartagena, la esquina de Cali conocida como la Sucursal del Cielo y en parques, bares y discotecas de Medellín, evidenció cómo opera la explotación sexual en estas ciudades.

En las impactantes grabaciones recolectadas por Mosquera se observa cómo las bandas de explotación sexual que se hacen pasar por “guías turísticos” son la primera escala dentro de la organización criminal que comercializa a niños y niñas.

“Vemos una completa organización criminal en las playas de Cartagena, algunas mujeres se acercan a los turistas y los llevan con otras personas que supuestamente son guías de turismo y a plena luz del día ofrecen por medios electrónicos y mensajes de texto catálogos de menores que son ofrecidas al mejor postor” reveló, Nelly Patricia.

“En Cartagena, los sitios donde se está presentando este fenómeno son la Torre del Reloj y las playas, sobre todo cuando entramos en época de vacaciones”, manifestó Mosquera.

La exconcejal manifestó que las grabaciones fueron realizadas en diciembre pasado, en medio de la temporada alta de turistas en las ciudad.

Según afirmó, lo que se busca es que las autoridades “tomen el control”. “Los extranjeros ahora vienen al país porque se venden drogas sin control y niños para explotación sexual. Es que no solo los están explotando, sino que además los utilizan para la comercialización de estupefacientes”, dijo Mosquera al tiempo que criticó que no existe control de las autoridades sobre estas prácticas.

En Cali, las personas conocidas como “chulos” instrumentalizan a los menores, que van desde los 14 años, para vender una nueva droga llamada “roca” y ofrecer servicios sexuales desde $40.000. Entre las imágenes obtenidas se puede identificar que las menores en su mayoría son extranjeras y se alojan en hoteles del sector.

“Las redes de explotación sexual en Cali utilizan algunas residencias y hoteles del centro de la ciudad como sitio de operaciones. Las autoridades lo saben, la Fiscalía tiene conocimiento de estos hechos, la Alcaldía de Cali tiene información de lo que está sucediendo y no se toman acciones contundentes”, subrayó la experta.

Por su parte, las equinas de las principales plazas y parques de Medellín tienen un panorama desgarrador, decenas de menores víctimas de la explotación sexual venden droga sintética y ofrecen servicios sexuales con precios que van desde los $40.000 por hora.

En las imágenes se observa que, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, la explotación sexual de niños y niñas se desbordó.

“Nuestro equipo realizó una investigación juiciosa, obtuvimos imágenes que le parten el alma a cualquier persona y es ver en las esquinas a niñas que no superan los 12 años vendiendo su cuerpo a turistas y al mismo tiempo comercializando “Tusi” sin ningún tipo de control. Definitivamente lo que está pasando con nuestros menores en el país debe prender las alarmas a nivel mundial” aseguró, la experta.

Para la defensora de la niñez, las cifras no solo son dolorosas, sino lamentables: según la Fiscalía, del año 2020 al segundo semestre de 2021, 1.917 niños niñas y adolescentes han sido víctimas de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (Escnna), el 48,46 % son víctimas de pornografía infantil, seguida por el delito de demanda de explotación sexual comercial con un 16,58 % y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con un 14,9 %.

Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 2021 abrieron más de 9.900 procesos de restablecimiento de derechos por violencia sexual, de los cuales 224 son por explotación sexual comercial.

Ahora, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la recesión causada por la covid-19 ha impactado directamente en el riesgo de ocurrencia en los delitos de Escnna por el incremento de menores de edad con necesidades económicas y conflictos familiares derivados de la actual crisis.