Infierno en el CAI de San Mateo: la historia de la trágica muerte de nueve jóvenes

Alas 11:30 de la mañana del viernes 4 de septiembre, una larga fila de familiares se formó a la entrada del CAI de la Policía en San Mateo, en Soacha. Con comida en sus manos, todos esperaban poder ingresar para visitar a los detenidos en este lugar. Las expectativas no eran las mejores. Sabían que las condiciones en las que estaban sus hijos y amigos eran muy precarias.

De tiempo atrás venían notando que no les daban comida, que los levantaban a la madrugada para desnudarlos y bañarlos con agua fría, y que el hacinamiento era desesperante. La tensión entre los policías y los presos era evidente.

Lo peor estaba por venir. Pasadas las 2:00 de la tarde, y luego de una larga espera, los familiares se incomodaron porque ese día no iban a ver a los detenidos.

Los reclusos se dieron cuenta del hecho y la situación se tornó tensa. Uno de ellos le prendió fuego a una colchoneta para protestar y exigir que los dejaran recibir las visitas.

Un policía llegó al sitio de las llamas. Hoy es un misterio lo que pudo haber ocurrido allí en cuestión de segundos, pues a la salida del uniformado, el fuego se incrementó, según denuncian familiares y el concejal de Bogotá Diego Cancino, de la Alianza Verde. Una pista de los investigadores apunta a la presencia de gasolina en el cuerpo de algunos de los nueve jóvenes que murieron en el incendio.

Al notar que el CAI era consumido por el fuego, los familiares decidieron tratar de socorrer a sus hijos y parientes. Una mujer cogió una manguera e intentó usarla por una ventana, pero un policía se lo impidió. Varias personas empezaron a grabar la tragedia que ocurría ante sus ojos. Los vecinos gritaban del desespero, pedían ayuda; sin embargo, cuentan que nadie hacía nada.

Minutos después, los reclusos lograron salir con la piel quemada. La escena era desgarradora. Una mujer relató que una de las enfermeras que llegó al sitio intentaba retirarles la ropa de la piel afectada por el fuego.

En el CAI había unos 20 jóvenes. Algunos fueron trasladados a centros de urgencias, la mayoría al Hospital Simón Bolívar, en Bogotá. Pero a las pocas horas los médicos fueron notificando, una a una, a las nueve familias. Sus seres queridos habían muerto. Los especialistas encontraron gasolina, y así lo dejaron por escrito en los reportes que les entregaron a las familias, en medio del llanto. “Paciente con trauma térmico por combustión de gasolina con quemaduras del 40 por ciento y lesión de vía aérea...”, dice uno de los documentos.

Este grave hecho permanecía oculto y solo trascendió gracias a la denuncia del concejal Cancino. La tragedia sucedió una semana después de la muerte de Javier Ordóñez en el CAI de Villa Luz, en Engativá.

Cancino asegura que la fuerza pública no solo no evitó que esto sucediera, sino que los policías habrían impedido que los familiares apagaran el incendio y, peor aún, que lo habrían acelerado.

“Estábamos familiares de los detenidos exigiendo una visita. El 3 de septiembre les habían propinado unas golpizas; los policías sabían dónde pegar para no evidenciar maltratos. (...) La policía recibía la comida, y lo que hacían era botarla cuando nosotros nos íbamos”, denuncia una de las madres.

Según su relato, en el CAI, en el momento del incendio, había unos 20 uniformados en cambio de turno, y nadie hizo nada. “La policía lo que hizo fue cruzar sus manos y dejar que el fuego se propagara”, aseguró ella.

Aunque el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dice que los uniformados sí atendieron el incendio y que hay sectores que quieren hacer “politiquería con la muerte”, esas declaraciones resultan evidentemente insuficientes.

Lo ocurrido no es claro y aún hay varios interrogantes. La Fiscalía y la Procuraduría anunciaron investigaciones para saber la verdad. ¿Qué hizo el policía que ingresó al sitio donde se originaron las llamas? ¿Qué acciones se tomaron en el lugar ante las reiteradas quejas de maltrato de los policías con los detenidos? ¿Cuál fue el protocolo y cuáles fueron las acciones puestas en marcha para controlar rápidamente el fuego? ¿Hubo una omisión deliberada?

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, ha cuestionado al concejal Cancino y asevera que los jóvenes habrían muerto por la inhalación del humo, y no quemados, pese a la evidencia del parte médico.

El presidente del Concejo de Soacha, Carlos Alberto Ospina, le reclamó al concejal del Verde por meterse en asuntos de la ciudad. “No creo que sea conveniente, señor Cancino, usted concejal de Bogotá, se entrometa en cosas que no le competen, como es lo del municipio de Soacha”.

“Entonces ahora se trata de que soy politiquero y populista por denunciar este tipo de cosas. Entonces el problema es la denuncia que hago y no que haya sucedido esta hoguera humana; eso es absolutamente incomprensible”, respondió Cancino.

El jueves también se conoció en Bucaramanga un hecho similar que dejó al menos siete heridos. En un CAI de la capital santandereana hubo un incendio, en un intento de motín.

La pandemia ha agudizado problemas estructurales del sistema carcelario. En marzo, se vivieron 10 horas de horror en la cárcel Modelo, cuando 23 internos murieron y otros 80 resultaron heridos en el amotinamiento más grave en la historia del país.

El general Norberto Mujica, director del Inpec, le dijo a SEMANA que el hacinamiento ha disminuido del 55 por ciento al 21 por ciento durante la pandemia. De 126.000 detenidos se pasó a 98.000, por cuenta de decretos del Ministerio de Justicia que sirvieron para evitar contagios masivos en los centros carcelarios, como se vio en Villavicencio. Una de las medidas consistió en enviar a casi 30.000 reclusos a detención domiciliaria.

Pero la situación real evidencia que diversos centros de traslado por protección y CAI del país están siendo utilizados como lugares transitorios para personas que han sido condenadas o se encuentran en etapa de juicio, como al parecer sucedió en Soacha. Allí habrían estado compartiendo el mismo espacio individuos capturados por retención, en fase de juicio y hasta condenados.

La madre de Soacha dijo que, según pudieron conocer, el CAI tiene una capacidad para ocho personas, pero había unos 20 detenidos.

Las denuncias por abuso de autoridad son cada vez más constantes en Colombia. Algo está fallando en la institución. Lo que ocurrió en el municipio vecino a Bogotá es una tragedia que no puede quedar en la impunidad.

Uno de los testimonios es desolador. Mientras las personas veían desde afuera cómo el CAI era consumido por las llamas, un hombre trataba de calmar a un niño diciéndole: “Tranquilo, van a salir bien”. Sin embargo, el menor, en un acto premonitorio, le respondió: “Ya no tengo papá”. A las pocas horas, efectivamente, el parte médico reportaba el fallecimiento de su padre, con rastros de gasolina y la mitad del cuerpo quemado.