Arauca bajo la ley del monte, donde "los guerrilleros son la policía"

En los 350 kilómetros de frontera que Arauca comparte con Venezuela, el ELN y las disidencias de las Farc son el Dios y la ley. Ambas estructuras se encargan de impartir la directriz de qué, quién, cuándo y cómo se hacen las cosas en cualquier ámbito de la vida pública, así como en la privada. Los niveles de injerencia van desde la imposición de toques de queda y la prohibición efectiva de delitos (violación sexual, el robo y el homicidio) hasta reglamentación de pagos de deudas y definición de sanciones para quien sea hallado responsable. 

Esa fue la conclusión a la que llegó Human Rights Watch (HRW) en su informe Los guerrilleros son la policía el cual presenta este miércoles en Bogotá. La organización internacional revela una completa radiografía del control social y los graves abusos a los que son sometidas las comunidades de Arauca (Colombia) y Apure (Venezuela). El panorama se obtiene tras varios meses de trabajo de campo en los que se recogieron más de 105 testimonios en terreno de líderes comunitarios, víctimas, actores humanitarios, funcionarios de derechos humanos y periodistas. 

“Los grupos operan con una impunidad casi absoluta a ambos lados de la frontera, y especialmente en el vecino país actúan en ocasiones con la connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad y autoridades locales”, manifestó José Miguel Vivanco, director de la HRW. Aunque el fenómeno no es nuevo porque las autoridades llevan años documentando el pulso por las rutas del narcotráfico que conducen a pistas clandestinas en el país vecino, llama poderosamente la atención los registros de cómo ejerce el control en un departamento sin industria ni grandes empresas (salvo Ecopetrol) y que no alcanza a tener 10 hectáreas sembradas de cultivos lícitos. Arauca y la línea limítrofe es sobre todo una tierra sin Estado ni desarrollo.  

El poder se impone de diversas formas. Desde las más criminales, hasta las más inofensivas como ocurrió con Miguel Escobar, un venezolano de 31 años que terminó presentándose ante el comandante de la disidencia porque su esposa lo acuso de maltrato. Una vez allí, Jerónimo, el hombre a cargo, lo obligó a trabajar sin remuneración alguna como cocinero en el campamento durante dos meses. Ese era su castigo. 

Tanto en Arauca como en Apure, la comunidad tiene claro los límites y lo que pueden o no hacer. Por ejemplo, está prohibido el uso de cascos a quienes circulan en motocicleta. De esta forma, los miembros de los grupos armados puedan verles el rostro a las personas que se mueven en el territorio. La mayoría de directrices están establecidas en un manual de Normas unitarias de comportamiento y convivencia que las Farc y el ELN crearon en 2013 antes del acuerdo de paz. De esa forma las estructuras hacen de conocimiento público sus reglas en las cabeceras municipales, mientras que en las zonas rurales, con megáfono en mano, carteles y grafitis, imponen la ley. 

De acuerdo con el informe, solo en el 2019 fueron hallados 16 civiles muertos acusados de ser violadores, narcotraficantes o ladrones. Uno de los casos que más ha sacudido a la región en los últimos años tiene que ver con el asesinato a sangre fría de María del Carmen Moreno Páez. Días después de que su cuerpo fue encontrado sin vida, en redes sociales circuló un video en el que se ve a dos hombres atados de manos y cuello que confiesan haber cometido el crimen. Ese mismo día, sus cuerpos aparecieron con una nota que decía: “Estos son los autores del secuestro de la señora María… acemos justicia. Farc-EP” (sic).

Las prácticas a las que someten a la comunidad, concuerdan con los registros que llevan las autoridades, a pesar de que los subregistros parecen ser más altos. Y es que mientras que los colombianos temen más represalias, los venezolanos se llenan de miedo de ser deportados. Pese a estas circunstancias, después de haber registrado 96 homicidios en 2015 durante la tregua que declaró la extinta guerrilla antes de firmar el acuerdo de paz, hoy en el departamento se lleva un reporte de más de 161 crímenes solo el año pasado. 

“Acá se hace lo que ellos dicen o uno se muere”, le dijo a la organización internacional un residente que se desplazó de su vereda tras ser amenazado por un grupo armado. “Las reglas son… no se le puede hablar al Ejército, no se puede salir tarde en la noche. Y si no las cumplimos, el objetivo o la pena es muerte”, agregó. A los homicidios se suma un detalle que tiene alarmada a las autoridades: varias víctimas han sido halladas con signos de tortura. Solo Medicina Legal ha documentado 23 casos con estas características en el departamento. 

La guerra siempre tendrá las mismas imágenes sin importar la época: 23 personas han sufrido heridas a causa de minas en Arauca desde 2017. Por lo menos 85 atentados con explosivos llevaron a cabo los grupos armados solo en ese departamento. Más de 25 casos de violencia sexual vinculados con el conflicto se han presentado en la región en ese mismo periodo. Esto, sin contar que datos preliminares hablan de más de 1.000 desplazados el último año o las 2.000 amenazas que reportadas ante la Unidad de Víctimas que desde hace un año duermen el sueño de los justos. 

Amenazas, reclutamientos y desapariciones alimentan el rosario de delitos a los que se ve expuesta la comunidad y muchos jóvenes como Lina* y Natalia*, después de tomar un bus en la escuela, en zona rural del departamento. Cuando bajaron del vehículo, miembros del ELN las convencieron de que fueran a un campamento para convertirse en guerrilleras. A pesar que la madre de una de ellas alcanzó a llegar a la zona y convenció al comandante de que le devolviera a su hija, la compañera con la que iba la menor no corrió con la misma suerte. "Según funcionarios gubernamentales que hablaron con Lina, miembros de la guerrilla les preguntaron a las dos niñas si eran vírgenes y les tomaron fotografías en ropa interior. Tanto Lina como su madre huyeron más tarde de Arauca", detalla el informe.

“Es como si existieran dos estados de gobierno”, dijo a Human Rights Watch un defensor de derechos humanos en Apure. "Los grupos armados" dan dos advertencias; la tercera es sentencia de muerte”. La comunidad está atrapada. El ELN y el grupo disidente de las Farc extorsionan por separado a personas en las mismas zonas y, en ocasiones, exigen la misma cantidad de dinero. Aunque el informe no ahonda en qué hace la comunidad para sortear la situación, lo cierto es que varios entrevistados relataron que tratan de pagarles las vacunas a todas las estructuras para no tener problema. 

¿Dónde se esconde el Estado?

En Arauca el problema no es que la justicia cojee, sino que no llega. Si bien es cierto que el presidente Iván Duque ha tratado de recuperar el control territorial por la vía armada en Nariño, Catatumbo o el Bajo Cauca Antioqueño, para la organización internacional los esfuerzos deben ir mucho más allá. E, incluso sugiere, podrían empezar con el fortalecimiento del aparato judicial. 

La Fiscalía investigaba 442 casos de homicidios perpetrados en Arauca desde el 2017, pero los fiscales apenas han acusado a 78 personas, incluidos cinco miembros del ELN, y obtenido tan solo ocho condenas, ninguna de ellas contra miembros de grupos armados, que son los mayores perpetradores de los crímenes que ocurren en el territorio. Ahora, pese a la robusta evidencia de abusos, el ente investigador no ha acusado -mucho menos, condenado- a algún miembro de las estructuras por reclutamiento de menores, amenazas, desaparición forzada, desplazamiento forzado, extorsión o violación sexual ocurridos desde ese periodo. 

La lentitud de la justicia para operar en el departamento en parte se debe a problemas logísticos. Para innumerable cantidad de problemas de orden público que se reportan en esta región, solo hay un fiscal que debe atender lo que pasa en Arauquita y Fortul. Además, en ambos su equipo está integrado por un único asistente. En Tame y Saravena, hay un único investigador policial por fiscal. En Arauquita, hay apenas dos investigadores policiales. En Fortul, no hay investigadores policiales y el fiscal pide apoyo a los que trabajan con otros fiscales en Saravena. Estos a veces demoran entre tres y cuatro meses en responder.

Ahora bien, la Fiscalía ha firmado varios acuerdos Ecopetrol en la zona en los que se estipula que la empresa paga dinero a cambio de recibir una “especial atención” de los fiscales, que incluye la “priorización” de delitos contra la empresa, tales como los ataques con explosivos contra el oleoducto o infraestructura petrolera y el robo de petróleo. Estas prácticas relentizan el accionar de la justicia en un departamento en el que los fiscales enfocados en amenazas, homicidios y violencia sexual suelen tener a su cargo cientos de casos, o incluso miles.

Un fiscal que tenía a cargo más de 2.000 casos mostró a un investigador de Human Rights Watch 24 cajas con causas activas y dijo que no sabía de qué se trataban, debido al gran volumen de casos que tiene asignado. En Saravena, hay apenas dos fiscales que investigan homicidios, amenazas, hechos de violencia sexual y otros delitos graves. En Tame, hay cinco fiscales, dos de los cuales investigan delitos como homicidios y violencia sexual: uno tiene a su cargo 900 casos, y el otro 700.

A esas carencias logísticas se suma otro ingrediente igual de preocupante que refuerza el desinterés y la poca confianza que tienen los pobladores en las instituciones del Estado y es que no hay garantías de seguridad para que los fiscales se muevan libremente por el territorio para recolectar las pruebas. De hecho, igual como reportó la misma organización hace un año en Catatumbo, son los empleados de las funerarias y no los peritos forenses los que hacen los levantamientos en muchas escenas del crimen. La Unidad Nacional de Protección cuenta únicamente con un funcionario en Arauca, por lo que sus empleados deben viajar desde Bogotá y otras ciudades para evaluar el riesgo que enfrentan las personas en ese departamento fronterizo. 

Lograr entender por qué en departamentos tan militarizados como Catatumbo o Nariño los criminales hacen de las suyas frente a la mirada tónica del Estado, en esta región se puede explicar con otra razón. A pesar que la Brigada XVIII del Ejército y la Fuerza de Tarea Quirón operan en el departamento, muchos soldados no se ocupan de proteger a la población local. Es decir, seis de las doce unidades de la Brigada se ocupan de proteger infraestructura petrolera, incluidos cinco Batallones Especiales Energéticos y Viales, que son unidades militares que tienen como misión específica asegurar la infraestructura, incluida la petrolera. 

De ahí que una de las recomendaciones que incluye la organización en el informe contemple entre otras cosas priorizar la seguridad que se presta a los pobladores que se sienten a merced de los grupos criminales. Adicionalmente, HRW le propone al Gobierno: 1) Garantizar seguridad para los fiscales e investigadores. 2) Fortalecer la Unidad Nacional de Protección. 3) Prevenir el reclutamiento infantil. 4) Crear vías de reinserción para disidentes que se desmovilicen. 5) Mejorar la ruta de atención para las víctimas. Al ente investigador mientras tanto, le sugiere apuntar a designar más fiscales e investigadores y asegurar su protección.