Bombas, balaceras, minas y torturas: Tumaco está ahogado por la violencia

Por Tumaco se extiende una plaga de violencia solo comparable a la de los peores años de la guerra. Casas de pique, bombas, balaceras, voladuras de torres, siembra de minas antipersonal: los informes de los organismos de control pintan un panorama oscuro para la vida en el puerto nariñense. La Defensoría del Pueblo acaba de emitir una alerta temprana en el que llama a la acción urgente del Estado para que la situación, ya crítica, no se recrudezca.

Solo en los tres primeros meses del año hubo 91 asesinatos en Tumaco, según la Policía. Eso se promedia en un homicidio diario, una cifra preocupante para un municipio de apenas 200.000 habitantes, y que representa un incremento del 47% respecto al mismo periodo del año pasado. La situación en el casco urbano es la más crítica, el crecimiento de ese índice en el primer trimestre es del 125%.

Esas estadísticas frías se traducen en una serie de episodios que solo se pueden registrar en un pueblo en guerra. El pasado 10 de marzo, Lesli Enríquez, un pescador de 18 años que había cambiado la escuela por el trabajo cuando cursaba segundo de primaria, estaba recogiendo conchas en un mangle junto a su hermano. Entonces se encontró un balón y se lo llevó a casa, donde el objeto, que al parecer contenía una bomba, explotó y le amputó una pierna.

Unas semanas antes, sicarios estaban perpetrando un ataque en la avenida Férrea, y una de las balas que dispararon alcanzó a un niño de 3 años que murió. Los relatos de tiroteos que dejan muertos son casi pan de cada día en el puerto, en especial en las comunas 3 y 5, según la Defensoría, que también recoge las denuncias de la Procuraduría sobre la posible existencia de casas de pique donde torturan y descuartizan.

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El recrudecimiento de la violencia tiene una explicación inmediata. Las Farc controlaban el municipio con más cultivos ilícitos sembrados en toda Colombia, donde la cuenta pasa de las 20.000 hectáreas, y donde también hay un complejo entramado de laboratorios de cocaína y de redes de tráfico. Tras el desarme, ese enclave estratégico para los criminales quedó en disputa.

Según el informe de la Defensoría, en este momento hay dos grandes grupos en pugna por el territorio, ambos conformados por disidentes de las Farc. Las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) dominan el casco urbano y desde el río Mira al norte de Tumaco, hacia el municipio vecino de Roberto Payán. El Frente Óliver Sinisterra (FOS), comandado por alias Guacho, el mismo grupo que asesinó a los tres trabajadores del diario El Comercio, de Ecuador, ejerce el dominio en área rural, desde el río hacia el sur, con rumbo a la frontera, una zona que abarca varios consejos comunitarios de afrodescendientes y también algunos resguardos indígenas del pueblo awá.

Los pobladores están atrapados entre las pugnas criminales que han revivido las fronteras invisibles entre los vecinos y empiezan a controlar sus vidas. A las comunidades de algunos corregimientos, por ejemplo, los señalan de informantes y les imponen reglas que, de ser transgredidas, se castigan con violencia. El FOS, por ejemplo, difundió un panfleto en abril, entre la población rural de Altaquer: “Le comunicamos que a partir de la presente fecha seremos quienes pongan el orden", decía el texto en el que, además, imponían una especie de toque de queda y lanzaban amenazas de muerte.

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En lo que va del año también se han recrudecido los atentados al oleoducto Trasandino y la voladura de torres de energía, en ataques perpetrados por el Frente Óliver Sinisterra, sobre todo, como respuesta a los operativos militares en su contra. Ya se cuentan al menos 4 voladuras que han dejado sin electricidad a Tumaco y sus vecinos por periodos que van desde un par de horas hasta tres días, como ocurrió con el 18 de abril contra la infraestructura eléctrica de Ricaurte.

En esa estrategia de los criminales contra las autoridades, también han recurrido a la siembra de minas antipersonal. El pasado 21 de marzo, un campesino de 37 años murió en una vereda de Tumaco luego de pisar uno de esos artefactos. Un mes después, dos campesinos murieron en un hecho similar. Los uniformados que erradican cultivos también han caído en campos minados en los últimos meses.

A todo eso se le suman las amenazas directas contra los líderes de las comunidades, especialmente los que están comprometidos con la sustitución de cultivos. El 19 de marzo, en la zona de Tres Tablas, mataron a Silvio y Bernardo Ortíz, hijos de un líder afro también asesinado. La lista de amenazados y atacados es larga.

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Esa ola de violencia, y en especial el asesinato del equipo del diario El Comercio, generaron una ofensiva de autoridades ecuatorianas y colombianas en la región, enfocada contra los criminales pero que, en últimas, también padecen los pobladores que viven en las zonas de confrontación. Ya hay decenas de familias desplazadas, especialmente hacia Ecuador.

Ante ese panorama es que la Defensoría del Pueblo desplegó la alerta a decenas de entes del Estado para que atiendan y protejan a los pobladores de Tumaco. El puerto está ahogado por la violencia y el temor de sus habitantes es que la situación se puede poner peor.