Hackeos, interceptaciones y la inteligencia por fuera de su misión

El 4 de mayo, tres días después de que SEMANA reveló el espionaje de inteligencia militar a decenas de periodistas y personalidades, Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, recibió un informe bomba. Cinco meses antes, ella había allanado el Batallón de Ciberinteligencia –Bacib–, una unidad clave del Ejército, donde incautó decenas de USB, discos duros, computadores y celulares, entre otros elementos. En esos dispositivos estaba parte de las pruebas de uno de los mayores escándalos de los últimos años.

La magistrada ha recibido cuestionamientos por haber compulsado copia de las pruebas a la Fiscalía y a la Procuraduría solo hace apenas unos días después de que estalló el escándalo. Además, sus colegas de la Sala de Instrucción quieren que explique por qué en la etapa de investigación reservada sostuvo reuniones con el alto mando del Ejército.

Ella asegura que procedió apegada a la ley. Por razones de formalismos judiciales, seguramente este sensible tema se discutirá en el marco de las recusaciones que algunas víctimas de los perfilamientos han anunciado contra la magistrada.

Por encima de esto, los informes de lo recopilado en el allanamiento ratifican lo denunciado por esta revista. Incluso van más allá. Para ejecutar ese operativo la Corte se acompañó de expertos de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría y de agentes de la Dijín, quienes acudieron en funciones de Policía Judicial. Los informes del allanamiento reposan en el expediente reservado y confirman excesos del Bacib.

En el artículo ‘Chuzadas sin cuartel’, SEMANA reveló varios de los chats entre los integrantes del batallón en los cuales se ponen de acuerdo para borrar discos duros ante la inminencia de un allanamiento. La investigación deberá esclarecer cómo se enteraron los militares del operativo secreto. El peritaje confirma conversaciones entre ellos desde el 6 de noviembre hasta el 18 de diciembre, el día del allanamiento de la Corte.

Por otro lado, la Procuraduría, tras inspeccionar una decena de discos duros y una docena de memorias USB, concluye que no todas las actividades de inteligencia de este batallón se enmarcaron en una misión oficial, lo cual es un requisito de ley. Eso ocurre con el dossier rotulado “Casos especiales”, cuyo contenido apuntaba a perfilar y analizar información de un centenar de personalidades. “Los análisis, presuntamente, surgen de exámenes realizados a las reacciones en redes sociales de los mencionados, a las publicaciones hechas por los medios de comunicación en temas específicos y de impacto nacional”, concluye el peritaje.

Los peritos encontraron referencias a la “revisión de buzones de los blancos asignados”, información de cuentas de Facebook y que el acopio de información sobre estos blancos “no estaba enmarcado en la misión”. Es decir, que junto a misiones legales y legítimas, también desarrollaron otras por fuera de la ley, las cuales determinaban según lo que “considere el comandante y su plana mayor”. También hallaron misiones irregulares en las que toman medidas de seguridad como “realizar intervalos y saltos de red para disminuir el riesgo de ser detectados por agentes de la amenaza o por propios del Estado”.

SEMANA había revelado que en el allanamiento interrogaron a varios capitanes y otros oficiales. Todos negaron haber cometido actos ilegales. Afirmaron que escasamente se dedicaban a recolectar “información abierta”, es decir, lo que encuentran en internet y redes sociales. Pero sorprendió, sobre todo, la capacidad del Bacib para usar software de intrusión, acceso a correos electrónicos y herramientas para engañar y recolectar datos.

Según la Procuraduría, el batallón cuenta con herramientas como Legolas 2.0 (proyecto Singapur) y Panzer, usadas para recaudar información digital; también con instrumentos de control de dispositivos Android y sistemas para engañar y recolectar datos “del adversario” mediante páginas web.

Estos son apartes del voluminoso informe que elaboró el Ministerio Público sobre los hallazgos en el Batallón de Ciberinteligencia. El procurador general, Fernando Carrillo, solicita correctivos urgentes.

El informe también reseña la compra de Hombre Invisible, una herramienta informática para acceder a llamadas, correos electrónicos y al WhatsApp. Un instructivo de este software apareció en correos de 2018.

También señala la existencia de otras herramientas como Proyecto Sable, un software que mediante procedimientos intrusivos recolecta información de sistemas informáticos de manera anónima. Y se señala la existencia de Perseo y Teseo, que permitieron obtener los códigos IMEI de celulares monitoreados, algo fundamental para las interceptaciones telefónicas. El documento no aclara quiénes pudieron ser víctimas de estas actividades, para las que no tiene facultad legal la unidad militar.

El peritaje de la Procuraduría señala que encontraron fotos de los pasaportes de Ernesto Samper Pizano, de Mateo Alejandro Córdoba y Lina María Mejía Torres, dos colaboradores del expresidente en la ONG Vivamos Humanos. Aparecen los pasaportes del español Joaquín Gutiérrez García y la ciudadana argentina Cristina Alejandra Fahile. Y el pasaporte de Naciones Unidas de Antonio Pancorbo de Rato, al parecer un funcionario del Fondo Monetario Internacional.

“No se quemó la fachada”

En el allanamiento al batallón encontraron documentos con detalles inéditos de otro escándalo de chuzadas: el caso de la fachada Andrómeda, revelado por SEMANA en febrero de 2014. Hasta ahora no hay un solo condenado por esta sede de inteligencia camuflada en un café internet del barrio Galerías, desde donde interceptaron ilegalmente a varios de los negociadores del Gobierno en el proceso de paz. 

Entre la información desencriptada por la Procuraduría apareció un informe que el coronel Kurman Hernán Rivera Alfonso, a cargo de información sensible en Andrómeda, le dirigió al general Jorge Andrés Zuluaga López, exdirector de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, destituido durante el escándalo. Es un reporte secreto de lo ocurrido durante el allanamiento del CTI a las instalaciones de Andrómeda el 23 de enero de 2014. En un parte de tranquilidad dice: “No se quemó la fachada. En los computadores incautados no había información obtenida en cumplimiento de las funciones de la compañía, no existen evidencias de la relación de actividades ilícitas”. Ese mensaje confirma que la información que daba cuenta de la verdadera actividad de Andrómeda fue desaparecida antes de la llegada del CTI.

También queda claro que durante aquel allanamiento el mayor Joany Alonso Guerrero se comunicó con el coronel Rivera, quien le dio instrucciones de cómo actuar en la diligencia. El reporte indica que por orden del coronel tuvo lugar, el 24 de enero, una reunión en el Club Militar a la que asistieron “Cucunubá, encargado de la asesoría jurídica, y el cabo Michael Bernal Pachón”. Hernando Cucunubá, además de abogado de varios oficiales del caso Andrómeda, ha sido asesor jurídico del general Nicacio Martínez y ahora representa a varios oficiales enredados en el allanamiento al Bacib.

De hecho, en este allanamiento Cucunubá se apareció en las instalaciones de Facatativá argumentando ser el representante legal del comandante del batallón y otros oficiales. No consiguió entrar a la diligencia, pero un miembro de la Procuraduría lo descubrió cuando trataba de ocultar el celular de uno de los oficiales del Bacib, que se lo pasó por la ventana para evitar que lo incautaran.

Ante el cúmulo de hallazgos en el Bacib, la Procuraduría solicitará al Ministerio de Defensa actualizar los protocolos de inteligencia, fortalecer los controles e implementar esquemas que restrinjan definitivamente cualquier procedimiento que, al amparo de las misiones de inteligencia y contrainteligencia, puedan dirigirse a perfilar personas sin sustento legal, en especial periodistas o líderes sociales. “La sujeción de la fuerza pública al poder civil es un presupuesto básico de un Estado de derecho. La inteligencia no puede estar al margen de los frenos y contrapesos de un régimen democrático. Nunca puede ser un instrumento de violación de derechos o cercenamiento de libertades”, advierte el procurador general, Fernando Carrillo.