POSCONFLICTO
Informe de seguimiento reconoce avances en implementación del acuerdo de paz
El Informe, elaborado por la Organización de Estados Iberoamericanos y 40 universidades de diferentes lugares del país, evaluó el grado de cumplimiento de cada uno de los puntos del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.
En medio de la incertidumbre por los cambios que la llegada de un nuevo gobierno pueda traer a la implementación del acuerdo de paz con las Farc, un informe presentado al Senado, muestra que, si bien hay retrasos y tropiezos en varios puntos, se han dado avances significativos sobre los que es necesario seguir trabajando si se quiere no echar para atrás lo alcanzado con el acuerdo de paz.
El informe, elaborado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y 40 universidades de diferentes lugares del país, evalúa uno a uno los puntos del acuerdo de paz, incluidos los de tierras, participación política, cultivos ilícitos, desmovilización y víctimas, y temas que hacen parte de todo el acuerdo como el enfoque diferencial, los grupos étnicos y los niños, entre otros.
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En la evaluación se tuvo en cuenta que el acuerdo de paz contiene metas que se espera cumplir en un plazo de 15 años, mientras que otras consistían en actividades que se debían llevar a cabo en 2017 y 2018. Algunas de ellas se concretaban dentro del mismo proceso, como la dejación de armas y la desmovilización de las Farc, y otras son mucho más complejas, como la reparación de las víctimas o el desarrollo de las regiones del país afectadas por el conflicto.
“El acuerdo toca temas que son importantes, que si se implementan bien pueden ser un gran avance para la reconciliación del país, posibilitar que se hagan realidad muchos derechos y se cierren heridas que dejó el conflicto”, explicó Ángel Martín Peccis, Director de la OEI.
Uno de los puntos en donde se ven mayores avances, según el informe, es en el proceso de dejación de las armas y fin del conflicto, así como en la participación política de las Farc.
“El proceso de dejación de armas fue un paso fundamental para la posterior implementación de otras acciones derivadas del acuerdo, en tanto que su cumplimiento de manera exitosa validó el compromiso entre las partes y destacó la importancia de la participación de organismos y entes veedores en la ejecución del procedimiento”, señala el informe.
Y explica Peccis: “Si se tiene en cuenta el número de armas entregadas por cada combatiente (más de una por cada miembro de las Farc), estamos ante uno de los mayores desarmes que se ha hecho en el mundo. Además, hubo una disciplina bastante seria y, pese a las disidencias que surgieron, fue bastante numerosa la desmovilización. Si tenemos en cuenta que los desmovilizados han podido participar en política, se cumplió el objetivo de que cambiaran las armas por votos”.
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También destaca el informe lo logrado en materia de desminado humanitario, que si se lleva a cabo como está planeado, podría permitir que en unos pocos años el país esté libre de sospecha de minas, y con la creación de instituciones como la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, que si bien aún tienen dificultades para operar, ya cuentan con una estructura y están en proceso de organización.
Entre los temas que están más colgados en la implementación, el informe incluye la reforma rural integral, la reincorporación económica de los desmovilizados y las medidas adicionales que contempla el acuerdo para reparar a las víctimas, pero en estos casos, hay que tener en cuenta, advierte Peccis, la complejidad que tiene que el Estado para llegar a comunidades que tradicionalmente han tenido una escasa presencia institucional.
“Tenemos una institucionalidad muy débil en el territorio. Tenemos que fortalecerla o va a ser muy difícil implementar una política pública de calidad allí”, agrega.
Aunque el presidente electo, Iván Duque, ha afirmado que hará cambios al acuerdo de paz para que las víctimas estén verdaderamente en el centro de su implementación, ha afirmado que continuará avanzando en su implementación.
“El mensaje para el nuevo gobierno es que el acuerdo abrió grandes posibilidades. El acuerdo tiene en el centro las víctimas, naturalmente, pero también a las comunidades. ¿Quién no quiere que se desmine, quién no quiere que se encuentre a los desaparecidos, quién no quiere que se conozca la verdad?, señala Peccis.