Informe Especial: La telaraña de la contratación en Colombia

Al finalizar una de sus maratónicas jornadas, el vicepresidente Germán Vargas Lleras denunció la semana pasada que los corruptos se habían tomado la contratación pública de buena parte de las regiones, y que en muchos casos el concurso de méritos y las licitaciones públicas prácticamente son excepcionales.

Cada vez más funcionarios y líderes empresariales tienen esa misma preocupación. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, desde hace más de un año viene denunciando que las alcaldías y gobernaciones, con creciente frecuencia, están contratando mediante pliegos amañados o direccionados para beneficiar a un único proponente. Un estudio realizado por ese gremio en 12 departamentos encontró que el 65 por ciento de los contratos se adjudicaron a un único aspirante, prácticamente ‘a la medida’.

Esto, sin hablar de los carteles que se han enquistado o apoderado de la alimentación que reciben los niños del ICBF o los estudiantes de cientos de escuelas y colegios públicos a lo largo y ancho del país (ver recuadro). Sin embargo, en muy pocos casos los organismos de control han logrado entender y desenmarañar esas complejas redes de contratistas.

De ahí la importancia de la investigación que desde hace más de un año viene realizando la Auditoría General de la República. Sus primeras conclusiones dejan al descubierto no solo los mecanismos usados para evadir la Ley 80, sino cómo detrás se han tejido complejas mallas empresariales que se han ido apoderando de los recursos de los colombianos. Una especie de grupos Nule capaces de contratar desde una autopista, un hospital o un colegio hasta proveer el suministro de medicamentos, alimentos o capacitaciones.

Se encienden las alarmas

Tras revisar los 20 billones de pesos que las alcaldías y gobernaciones contrataron entre 2014 y comienzos de 2016, los investigadores de la Auditoría encontraron que 8,1 billones quedaron en 78 redes o, como las llamó la entidad, mallas empresariales. Es decir, “la unión de varias empresas y/o personas naturales que se pueden ‘camuflar’ a través de uniones temporales y consorcios con el fin de ganar los procesos de selección de las diferentes contrataciones que se realizan en el país y lo que puede generar una monopolización de los negocios del Estado”. Cesar, Bolívar, Casanare, La Guajira, Huila y Cundinamarca son los departamentos donde más se contrata mediante estas ‘mallas’.

De todos los grupos identificados por la Auditoría, uno llama particularmente la atención pues recibió el 80 por ciento del dinero de los contratos, es decir, 6,3 billones de pesos. Bautizada por la entidad como la malla Castillo Baute-Vergara-Ordosgoitia-Rojas-Valderrama-Solarte-OLT, esta red tiene más de 1.000 socios y 800 consorcios, entre los cuales se relacionan desde bandas de música hasta empresas de logística y constructoras (ver recuadro ‘La red más grande’).

Además, está presente en todos los departamentos, con excepción de Putumayo, Chocó y San Andrés, y maneja contratos en 15 sectores: infraestructura, vivienda, transporte, educación y alimentación, ciencia y tecnología, gestión pública, agua, cultura y recreación, salud, minas y energía, seguridad, agropecuario, social, ambiente y servicios públicos. “Las mallas empresariales se especializan solo en contratar y no les importa nada más”, le dijo a SEMANA el auditor general, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

Si bien esta y las demás redes de contratación halladas no son ilegales, la Auditoría –que vigila a las contralorías territoriales excepto la de Bogotá– cree que detrás de algunos grupos podrían surgir nuevos carruseles de contratación o terminar en sonados casos de corruptela. De hecho, algunos ya fueron remitidos a la Fiscalía.

Un caso llamativo del informe de la Auditoría es el de la Ferretería La Escuadra Ltda., contratada para construir viviendas de interés social y prioritario por casi 26.000 millones de pesos en Caquetá. Según su Cámara de Comercio, la ferretería solo cuenta con 20 millones de capital suscrito, 1.000 veces menos que lo que le pagaron para ejecutar, y además tiene dos embargos, uno en 2013 y otro, 10 días después de que la contrataran para la construcción de las viviendas.

También sorprende el de Adiel Calderón Vaca, quien desde 2009 ha recibido contratos por más de 45.000 millones de pesos para proveer alimentación y suministros en Guaviare y Vichada y se encuentra en el top 30 de contratistas del sector educación. No obstante, a finales de abril, los estudiantes de La Primavera (Vichada) protestaron por la mala calidad de los alimentos que recibían y denunciaron que, además de que llegaban podridos, se intoxicaron con bebidas sin refrigerar. LaAuditoría encontró que la firma del contratista también ha recibido adjudicaciones de suministro de combustibles y productos de aseo.

Aquí la Ley 80 ‘no pegó’

Las empresas involucradas utilizan múltiples maniobras para no perder los millonarios contratos. Los instrumentos más comunes son la intermediación de terceros, la modificación de la razón social de la empresa o el intercambio de representantes legales o juntas directivas. De este modo, sus licitaciones quedan blindadas frente a las contralorías territoriales contra eventuales denuncias de concentración contractual.

La Auditoría subraya que la ley colombiana no prohíbe concretamente la posibilidad de que haya concurrencia de escenarios que llevarían a que unos pocos concentren los contratos en diversos sectores. Pero no cabe duda de que la administración pública debería evitar estos fenómenos para defender los principios de selección objetiva y transparencia.

Sin embargo, en todos los rincones del país proliferan las formas de hacerle el quite a la Ley 80. Uno de los mecanismos más utilizados en los últimos años apunta a escoger entidades sin ánimo de lucro, como sindicatos, fundaciones, corporaciones, arquidiócesis y universidades. Estas tienen ventajas tributarias y contractuales que les permiten cotizar más barato que las sociedades comerciales.

Con esta figura, los entes territoriales firman un convenio interadministrativo con esas entidades, que pueden ejecutar directamente el trabajo o subcontratar otras empresas en todo tipo de servicios. Así, le hacen zancadilla a la licitación pública y, por lo general, terminan beneficiados personas o políticos cercanos. La Auditoría encontró que hay contratos con entidades sin ánimo de lucro por más de 10 billones de pesos, principalmente en Córdoba, Cauca, Atlántico, Sucre, La Guajira, Bolívar y Cesar.

En definitiva, estos hallazgos se van a convertir en una valiosa herramienta que va a permitir al gobierno y a los organismos de control entender las trampas que algunos contratistas aplican para apoderarse de los recursos estatales. Ahora el paso a seguir es terminar de desenmarañar las redes empresariales y descubrir quiénes son los funcionarios o políticos detrás de muchos de estos grupos. Personas que, según lo que se ha encontrado, son a la vez los promotores y los beneficiarios finales de la telaraña de la contratación. n

La ‘platica’ de la alimentación escolar

Con múltiples cambios de nombre, los contratistas sancionados o inhabilitados vuelven a participar en procesos licitatorios y contratande nuevo en otros departamentos.

En marzo la indignación se tomó al país debido a los precarios refrigerios de huevo, papa y mango que recibían los alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Aguachica (Cesar). Los suministraba la Fundación Acción Social Integral, contratada por la Gobernación por más de 17.000 millones de pesos. Pero el escándalo no se quedó ahí. Esa misma fundación funcionaba en 2015 con el nombre Kábala, pero por presuntas irregularidades el Ministerio de Educación en Bolívar no prorrogó su contrato de servicios de alimentación escolar. La Auditoría descubrió que desde 2003 estos contratistas han cambiado cinco veces su razón social, motivo por el cual a pesar de estar sancionados vuelven a ganar las licitaciones para alimentar a los sufridos niños de la costa.

Sindicatos con ánimo de lucro

Diversas organizaciones sindicales contratan con las empresas, lo que pone en duda su razón de ser.

La esencia filosófica de los sindicatos en varios departamentos del país se está difuminando detrás del ánimo de lucro. Los artículos 355 y 365 de la Constitución establecen explícitamente que estas organizaciones no pueden tener por objeto actividades lucrativas, pues se desnaturalizarían sus funciones esenciales de defender los derechos y el bienestar de sus afiliados. Sin embargo, en la actualidad diversos sindicatos, particularmente en Cauca, Antioquia, Valle, Huila y Cesar, han recibido contratos por 833.000 millones de pesos. Como si fuera poco, se especializan sobre todo en el sector de la salud.

Continúe con el informe especial en ‘Los polémicos reyes de la contratación en el país‘