Los polémicos reyes de la contratación en el país

El descubrimiento más grande de la investigación realizada por la Auditoría General es que de las 78 redes empresariales halladas, una concentra el 80 por ciento de los contratos, por 6,3 billones de pesos. De ella hacen parte grandes empresas como OLT Logistics, MC Construcciones, Valderrama Construcciones, Solarte Nacional de Construcciones, y reconocidos empresarios como Leonardo Jail David Ordosgoitia, Omar Gómez Carreño y David Ricardo Castillo Baute.

Estas empresas se han hecho a millonarios contratos en 29 de los 32 departamentos con el método de asociarse con otras más pequeñas o con personas naturales de las regiones, para formar consorcios y así participar en licitaciones que en muchas ocasiones solo tienen un proponente. En varios casos los representantes legales de estas empresas aparecen como miembros de las juntas directivas de otras o viceversa.

Con respecto a esta red, la Auditoría ha encontrado desde músicos que construyen carreteras hasta consorcios sancionados que todavía mantienen millonarios contratos, pasando por contratistas que tienen estrechas relaciones con políticos.

Llaman la atención los casos de OLT Logistics, que en principio era una banda de músicos que terminó construyendo vías en Córdoba, La Guajira y Cesar. Además, varias de las empresas con las que se han asociado no fueron creadas para construir infraestructura, sino para objetivos como comercializar productos y servicios para el sector agropecuario. De esta manera, una sola empresa termina con contratos en distintos sectores como transporte, infraestructura, medioambiente y educación.

También la Auditoría encontró en esta red que varios de los integrantes de los consorcios tienen cercanía con importantes políticos.

Otro común denominador de esta red es que varios consorcios tienen numerosas multas por incumplimiento y demandas por irregularidades en los procesos de selección. Incluso el ente de control registró que David Ricardo Castillo Baute, uno de los constructores más importantes de la costa, fue inhabilitado por dos años para contratar por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería desde enero de 2015. Aun así dice la Auditoría que él aparece en seis consocios de obras de infraestructura en Córdoba, La Guajira y Cesar.

A todo esto se suman los casos de mal manejo de dineros como en el de los 7.000 millones de pesos destinados para el mantenimiento de las playas de Tolú y Coveñas que al día de hoy no aparecen.

De los fungicidas a las vías

Al unirse con otros socios, una empresa de insumos agrícolas comenzó a contratar obras.

El objeto social no necesariamente tiene que coincidir con el sector de contratos. O al menos así lo hizo ver Insuagros Ltda., que se unió con otras empresas en el consorcio Constructores Regionales 2014, para dedicarse a construir colegios a pesar de que su objeto es el “comercio al por mayor y detal de insumos agrícolas”. Por ejemplo, a esta unión de empresas se le encargó la nueva sede del Centro Educativo de la vereda Bocas de Guamal en Lorica (Córdoba).

Los músicos constructores

De los escenarios a la infraestructura.

Al comienzo la empresa, llamada Gustavo Fontalvo y su banda, se dedicaba únicamente a la música. Pero luego cambió su nombre, y con solo 10 millones de pesos de capital su nuevo objeto social le permitió buscar contratos en proyectos de todo tipo. Precisamente ahora se encuentra inhabilitada hasta 2019, por supuestas irregularidades en los soportes de legalidad de un contrato de 2,2 kilómetros de ciclorrutas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por el que recibió pagos por 4.000 millones de pesos –una módica suma 400 veces mayor que el presupuesto inicial–.