Informe señala que 153 casos de falsos positivos dejaron 218 víctimas en el Caribe y Antioquia

La I División del Ejército no solo era una de las jurisdicciones de mayor extensión territorial, 74.851 kilómetros cuadrados y 98 municipios, sino que, según un informe presentado este martes por diferentes organizaciones de víctimas, también ocupó el primer deshonroso lugar en cuanto a ejecuciones extrajudiciales, denominadas falsos positivos, acumulando 218 asesinatos entre diciembre de 2003 y abril de 2005.

El documento entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) señala que la mayoría de las víctimas eran campesinos de Antioquia y Cesar, “quienes fueron asesinados y presentados como resultados operacionales exitosos por integrantes del Ejército, en el contexto de la implementación de la política de seguridad democrática del primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

Para la época de los hechos, la señalada I División abarcaba los departamentos de Atlántico, Antioquia, Sur del Bolívar, Magdalena, Cesar, La Guajira, Córdoba y parte del Chocó. El informe que agrupa los 218 asesinatos en 153 casos documentados, fue elaborado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Jurídica Libertad, el Colectivo de Víctimas Tejiendo Memorias, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Jurídica Yira Castro, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, la Asociación Minga, la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Antioquia fue el departamento que registró el mayor número de víctimas mortales en ese periodo con 155 de las 218, seguido por el departamento del Cesar con 27 víctimas, La Guajira con 18 víctimas, Chocó registró 9 víctimas, y Bolívar, Córdoba y Magdalena registraron 3, respectivamente.

La documentación presentada indica que los hechos reseñados ocurrieron bajo la comandancia del entonces mayor general Mario Montoya Uribe y la Jefatura del Estado Mayor de los coroneles Iván Marco Parra Caicedo (2004) y Raúl Fernando Peña Lenis (2005) y que en estos estarían comprometidos, por responsabilidad den cadena de mando, los comandantes de las Brigadas Segunda, Cuarta, Décima, Décimo Primera y Décimo Séptima, pertenecientes a la I División.

“El mayor número de víctimas se d en la IV Brigada, a cargo del brigadier general Oscar Enrique González Peña, 150 víctimas, seguida de la Décima Brigada Blindada bajo el comando del general Hernán Giraldo Restrepo, donde se presentaron 35 víctimas, la Segunda Brigada al mando del brigadier general Gilberto Rocha Ayala y el brigadier general Justo Eliseo Peña Sánchez, con 15 víctimas, la Décimo Séptima Brigada comandada por el brigadier general Pauxelino Latorre Gamboa, con 13 víctimas, y la Décimo Primera con 4 víctimas bajo el mando del coronel Guillermo Quiñonez Quiroz y posteriormente del General Luis Roberto Pico”, señala el informe.

Estos altos mandos serían responsables de los hechos, por acción u omisión, según el informe, porque se concluyó que la población de las zonas más afectadas por la práctica fue objeto de señalamientos previos a los crímenes, pero también por la masividad del fenómeno, la existencia de serias denuncias a nivel nacional e internacional de organismos como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos -que debieron ser del conocimiento de los oficiales- y las operaciones conjuntas entre unidades tácticas y grupos paramilitares documentada en casos como el del pelotón Zarpazo.

Para las organizaciones de víctimas en estas ejecuciones con cabría la tesis de que se trató de casos aislados o manzanas podridas, sino que “existió al interior de la I División, al igual que a nivel nacional, una instigación a cometer este tipo de delitos o una tolerancia con los mismos, tal y como lo recoge uno de los varios testimonios incluidos en el informe, extraídos de las decisiones judiciales”

En otro punto el informe destaca que de las 218 víctimas, 188 fueron registradas en documentos oficiales por integrantes de la Primera División como pertenecientes a un grupo armado ilegal, y 101 eran campesinos. Además, que las comunidades indígenas fueron foco de estigmatización por las unidades militares, cuya jurisdicción comprendía territorios ancestrales. Y, también, el texto documenta la muerte de 12 indígenas, quienes habrían sido víctimas del Grupo de Caballería Mecanizado Juan José Rondón y el Batallón de Artillería La Popa, también unidades de la I División.

Entre las peticiones de los representantes de las víctimas está que la Fiscalía continúe con su deber de investigar estos hechos hasta que la JEP los asuma, así como medidas de reparación integral, con la realización de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y perdón público en concertación con las víctimas, así como el seguimiento a las sentencias que se han dictado en estos casos.

“Por todo lo anterior, las organizaciones de derechos humanos representantes de víctimas piden a la JEP que llame a versión voluntaria a la plana mayor de la I División durante la época de los hechos para que contribuyan con los derechos de las víctimas a saber lo que pasó y que jamás se repita”, concluye el informe de las organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos.