Inhabilidad perpetua para condenados por corrupción en el sistema de salud

En 2012 el fiscal Mario Montes, entonces director contra la corrupción de la Fiscalía, lideró una investigación contra los responsables de diseñar una telaraña criminal para desfalcar las arcas de la salud pública.

El proceso avanzó, hubo imputaciones y un juicio que para sorpresa del fiscal Montes, terminó en absolución de quienes estaban en la lista de vinculados: Claudia Patricia Rojas y Luis Andrés Ruíz, una decisión que acaba de tumbar el Tribunal de Bogotá y en su lugar impuso una dura condena a 24 años de cárcel y una inhabilidad perpetua. También fue condenado Édgar Isaías Medina, un tercero involucrado en la red criminal.

Los ahora condenados hacían parte del Grupo de Análisis de Recobro del Ministerio de Protección Social y fueron investigados por las irregularidades en el sistema de recobros del sistema de salud. Los dos primeros, según la Fiscalía, en contertulio con representantes de las empresas prestadoras de salud EPS, ordenaban de manera ilegal recobros por medicamentos y tratamientos que nunca se practicaban y con pacientes que ni siquiera existían.

“Fueran autorizados los giros de los recursos por la Dirección General de Financiamiento del ministerio y se pagaran por el consorcio, con destino a las EPS interesadas, las cuales, según el caso, con intermediación de QAV Consultores Asociados Ltda., representada por Édgar Isaías Medina, y Seak Consultores S. A. S., u otros terceros”, señaló el Tribunal de Bogotá en la decisión que ahora dejó condenados a estos dos exfuncionarios.

La Fiscalía explicó, al apelar la decisión que exoneró de responsabilidad a los acusados, que los investigadores revisaron 14.582 solicitudes de recobro presentadas por importantes compañías y “respecto de las cuales se estableció que 10910 presentaban algún tipo de novedad que impedía su cancelación, tal como lo había señalado con anterioridad el administrador de los recursos del Fosyga, el Consorcio Fosyga 2005″.

A Rojas y Ruíz, los exfuncionarios del Ministerio de Protección Social, les imputaron en su momento los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho propio y prevaricato, cargos que no aceptaron y que en juicio, no fueron suficientes para demostrar su responsabilidad.

Sin embargo, en la apelación el Tribunal de Bogotá, 10 años después, cambió la historia de manera drástica para estos exfuncionarios, los condenó a la pena de 24 años de cárcel y una millonaria multa, además de una inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.

“De ese modo, se materializaron las apropiaciones indebidas a favor propio y a favor de terceros en las proporciones ya explicadas, de las primeras se deduce su inocultable interés por dar curso pronto a las multimillonarias reclamaciones glosadas”, dijo el Tribunal al ordenar la captura inmediata de los procesados y condenados en este caso, es decir, los exfuncionarios del Ministerio de Protección Social, para la fecha de los hechos.

En la decisión los magistrados del Tribunal le pidieron a la Fiscalía abrir las investigaciones necesarias para establecer la responsabilidad que tendrían otras personas en los presuntos hechos de corrupción. Además ordenaron a la dirección de lavado de activos y extinción de dominio abrir las investigaciones del caso para identificar los bienes que fueron comprados con los dineros obtenidos por la red criminal.

“Con destino a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación para que se determine la viabilidad de dar trámite a la tal acción respecto de los dineros defraudados y del efectivo encontrado en poder de Claudia Patricia Rojas, en el momento de su captura”, dice la decisión del Tribunal.