Inician plan de vigilancia estricta al Programa de Alimentación Escolar, en Riohacha

A través de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación acaba de iniciar un estricto seguimiento y proceso de vigilancia al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y al transporte escolar del Distrito de Riohacha para la vigencia 2022. Nuevamente el programa en el departamento de La Guajira tiene sombras de irregularidades y el Ministerio Público está tratando de evitar que vuelvan a darse escándalos frente a este tema.

Por eso requirió al alcalde José Ramiro Bermúdez y al secretario de Educación del municipio, Jesús David Herrera, un detallado y urgente informe en el que se conozca el operador que prestará el servicio de alimentación escolar y su representante legal, y se discrimine el monto del contrato y el número de niños, niñas y adolescentes que se beneficiarán.

A propósito, a finales del año pasado, el presidente Iván Duque sancionó la ley que busca garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE – durante el calendario académico, asegurando la concurrencia efectiva, coordinada, articulada y conjunta de los recursos a cargo de la Nación, los departamentos y los municipios.

De acuerdo con las cifras en la norma, a principios de marzo al menos 17 entidades territoriales no reportaban el inicio del PAE, y a finales de este mismo mes cerca de 314.000 estudiantes aún no se estaban beneficiando del programa. Lo que busca esa iniciativa es garantizar la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante todo el año académico y evitar que los menores de edad se queden sin disfrutar de este beneficio que les da el Estado por algunos meses.

En este caso, la Procuraduría Regional de La Guajira exigió conocer nombres y datos de los contratistas que realizarán el transporte escolar y entregarán la canasta parcial para los beneficiarios del PAE.

En busca de anticiparse a hechos que afecten las garantías del programa, el ente de control solicitó a los funcionarios públicos: “…se informe si existe alguna institución, colegio o sede etnoeducativa sin concertar operador para los servicios antes mencionados y también si el Distrito de Riohacha, para el inicio del calendario escolar, garantizara la prestación del servicio de alimentación y transporte escolar”, se lee en el auto conocido por SEMANA.

En diciembre del año pasado, por medio de edicto, la Procuraduría General de la Nación notificó a María Victoria Angulo, ministra de Educación, sobre una investigación disciplinaria abierta en su contra desde el 30 de marzo de 2020. La razón radicaría en irregularidades al contratar un suministro de frutas con destino al Programa de Alimentación Escolar (PAE). En el mismo se habría modificado un pliego de condiciones sin sustento técnico o matemático.

A pesar de que la investigación ha estado abierta por más de un año, los funcionarios de la Procuraduría no lograron notificar a todos los implicados sobre el proceso en su contra. Por eso, se recurrió a un edicto, con fecha del 30 de diciembre, para destrabar el caso y avanzar con las etapas siguientes.