¿Injusto?, mesero de un casino ilegal debe pagar a Coljuegos más de tres mil millones de pesos

En el Casino Tropical de Oro de Barranquilla, durante el primer trimestre de 2018, Andrés Borja, un joven que para esa época apenas cumplía 19 años, dice haber vivido lo que parecía una escena de película de acción y que terminó convirtiéndose en una de terror. Estaba cambiando los billetes a los clientes y sirviendo unas gaseosas, cuando de repente un grupo de supuestos apostadores se paró y sacaron armas, mientas le apuntaban se iban acomodando las gorras que los identificaban como investigadores encubiertos de la Policía Nacional.

“Yo pensé que iban en contra de algún narcotraficante o algo así, me dio miedo pensar que estaba rodeado de personas peligrosas”, recuerda el joven, cuatro años después.

Una vez, la fuerza pública aseguró el lugar, entraron funcionarios de Coljuegos y le advirtieron a Borja que el casino en el que estaba trabajado era ilegal, y por eso el allanamiento.

Él, entre lágrimas, dice que les explicó que hacía parte de los empleados nuevos y que le pagaban por turno $ 40.000. Dio el nombre del administrador, le hicieron firmar un formato donde ratificaba que estuvo presente en el allanamiento y luego caminó dos horas hasta su casa porque no tenía para los pasajes, no pudo ni siquiera cobrar el día laborado, las autoridades se quedaron allí y el administrador nunca le volvió a responder.

Con los años, supuso que solo era una anécdota por contar, pero a finales de 2021, le llegó a su casa materna, en Caquetá, una notificación de que Coljuegos le estaba cobrando más de tres mil millones de pesos, por una multa que ya va en cobro coactivo. El joven mesero tiene que responder por la ilegalidad del casino.

“De dónde voy a sacar tres mil millones, si ahora me convertí en soldado profesional y únicamente tengo lo suficiente para mis gastos”, cuestiona con angustia Borja. Tiene miedo de que su mamá y su hermano, quien tiene condiciones especiales, pierdan la casa que está a su nombre (producto de una herencia), “pueden embargarme. Esto se convirtió en una pesadilla no solo para mí, sino para mi familia”, dice con desespero. Ha enviado solicitudes y nadie le responde.

Él no es el único que pasa por una situación similar. En Villa Nueva, Casanare, vive María Soler, tiene 33 años y dos hijas menores de edad, la mayor tiene 10. Sus cuentas bancarias están embargadas por solicitud de Coljuegos, porque supuestamente les debe más de mil millones de pesos por una multa relacionada con casinos ilegales. Seis años atrás, ella trabajó en un casino y le pagaban $ 400.000 mensuales. Argumenta desconocer con qué permisos contaba el establecimiento. Y hoy hasta su cuenta de nómina está embargada.

Para el abogado Jhony Mena, experto en la lucha contra el juego ilegal en Colombia, lo denunciado demuestra la negligencia y malos procedimientos, adelantados por Coljuegos, esto porque, según él, en la recuperación de los recursos que está dejando de perseguir el Estado por la mafia, no está en embargar a los colaboradores de estos establecimientos comerciales, que en su mayoría son personas de escasos recursos que no tienen nada que ver con monopolios de ilegalidad.

“Son la fachada de los verdaderos responsables de saquear los recursos de la salud y Coljuegos está cayendo en el juego. Malgastando recursos en procesos jurídicos infructuosos que sí afectan la vida de personas inocentes”, añade.

Argumenta, también, que el juego ilegal deja ganancias diarias de 353 millones de pesos, recursos que deja de recibir el sistema de salud, afectando a todos los colombianos. Según información de Fedesarrollo el 53 % de los juegos de suerte y azar están en la ilegalidad.

“Mientras se persiga a los meseros en lugar de las mafias, la situación va a empeorar”, dice Mena, a la vez que ratifica que Coljuegos se está quedando corto en la lucha contra este tipo de delincuencia.

Aunque el código penal establece que la persona que de cualquier manera ejerza una actividad establecida como monopolio, sin la respectiva autorización, podría pagar hasta ocho años de prisión y una multa de hasta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Además, los extrabajadores de los casinos cuestionados indican que si bien, ganaban muy poco por la labor que realizaban, desconocían totalmente que eran establecimientos ilegales y simplemente vieron en ellos una oportunidad de empleo.

En el caso de Andrés Borja se lee entre los argumentos entregados por Coljuegos que el joven dijo que era trabajador allí, pero “atendió la visita y adujo ser empleado, pero no aportó contrato laboral, ni aparece en los registros de la seguridad social y solo indicó el nombre de un tal “Carlos” como el propietario de dicho establecimiento”.

El denunciante aclara que él nunca pudo conseguir esos documentos porque le pagaban al día 40 mil pesos y no le pagaban nada más, no quisieron firmarle contrato, es decir, es uno de los tantos miles de colombianos que viven del rebusque. “Si los dueños del casino, como dice Coljuegos, no paga impuesto y es ilegal, ahora, ¿iban a tener a un trabajador con todas la garantías de ley?”, cuestiona el soldado la postura de Coljuegos.

Por otra parte, Borja, indica que él trabajaba en un casino diferente al que nombra Coljuejos, dentro del proceso, pues él asegura que nunca trabajó en el Casino Imperial, por el que le se encuentra inmerso en el cobro coactivo.

La entidad asegura que las actuaciones son adelantadas en contra de las personas que se encuentran operando el juego ilegal, sin importar si es el dueño o no, según la ley. Indica que en los dos casos se ha surtido el debido proceso.

En los últimos tres años, Coljuegos ha recaudado por operación ilegal $ 11.164.513.934 destinados a la salud.