JUDICIAL
Insólito: así, una banda usaba a mujeres en embarazo para estafar al Estado colombiano
Delincuentes recopilaban información de las personas para registrarlas como supuestas empleadas y así cobrar los subsidios.
Un hecho insólito ocurría en varias ciudades del país. Un grupo de delincuentes usaba nombres y registros de mujeres embarazadas, entre el cuarto y quinto mes de embarazo, para hacerlas pasar como empleadas de empresas fachadas y usurpar dineros del Estado.
Según detalló la Fiscalía, que logró la captura de ocho personas vinculadas a cobros ilegales de licencias de maternidad, los delincuentes reclamaban el dinero sin que las víctimas lo supieran.
Uno de los hechos que llamó la atención de los entes investigadores, y que llevó a develar los hechos, es que se presentaron casos en los que mujeres eran contratadas repentinamente o tenían importantes aumentos de salario, con el objetivo de sacar los recursos del Estado.
Por ejemplo, la Fiscalía registró un caso en el que una mujer se afilió a la EPS con un sueldo de un millón de pesos y a los cinco meses ya estaba ganando ocho millones. El problema se agrandó cuando se reportó que estaba embarazada y por la licencia de maternidad se le habían girado más de 17 millones de pesos.
Lo insólito es que, luego del pago de los recursos del Estado, la mujer tuvo una disminución de su sueldo a un millón de pesos de nuevo y supuestamente quedó desempleada a los pocos meses.
La seccional de la Fiscalía en Vichada encontró que la empresa criminal tenía unos 472 casos similares de mujeres en estado de embarazo en el país, que supuestamente habían sido contratadas y quienes habían recibido el subsidio. Los casos registrados fueron entre julio de 2016 y marzo de 2022.
Las mujeres víctimas no sabían de lo sucedido. El hecho se empezó a develar porque algunas de ellas asistieron a centros médicos. Cuando notaron que a pesar de sus bajos ingresos tenían la cuota moderadora más elevada, y se generó la alerta.
Cuando el personal de la salud detalló lo que sucedía, encontraron que varias de ellas estaban registradas en empresas que la persona desconocía o en la que no había trabajado.
Gracias a estas denuncias fue que la Fiscalía logró la captura de ocho personas y la incautación de 31 propiedades en los departamentos de Bogotá, Meta y Huila. Entre los bienes que fueron ocupados se detalla un predio rural, tres urbanos, ocho vehículos y 19 sociedades, todas avaluadas por 1.200 millones de pesos.
La explicación que ha dado el ente investigador sobre este caso es que los delincuentes constituyeron 19 empresas con las que hacían estas reclamaciones fraudulentas. A través de documentos falsos presentaban los recursos para obtener el beneficio del Estado y engañar a todos los colombianos.
¿Cómo recolectaban los datos de las mujeres en estado de embarazo? Según las declaraciones de la Fiscalía, los delincuentes se hacían pasar como oenegés o cooperativas, que llegaban hasta barrios vulnerables, donde solicitaban los datos a las mujeres que veían con esta condición. El hecho ocurrió en Vichada, Meta, Cundinamarca, Huila, Casanare, Boyacá y Atlántico.
En ese momento pedían el pago de licencias de maternidad en relación con el último salario reportado por el empleador, por lo que esta última cotización era la que aparecía en los registros y luego era incrementada.
Además de recoger los datos de las mujeres para presentarlos como falsos, aprovechaban los diferentes registros para hacer vinculaciones múltiples.
Según la Fiscalía, los montos recaudados a través de este fraude ascenderían a 9.000 millones de pesos, recursos que provienen del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adress). Los implicados están siendo investigados por enriquecimiento ilícito de particulares, estafa, utilización ilícita de redes de comunicación y concierto para delinquir agravado. Seis de los ocho delincuentes ya cuentan con medida de aseguramiento.
Los hechos también se empezaron a investigar cuando se encontraron las irregularidades de los informes presentados por parte del Estado, por lo que varios casos no fueron avalados, pero, además, se compulsaron copias para que la Fiscalía investigara lo sucedido.