Insólito | MinInterior no les ayudará a los indígenas hacinados en el centro de Bogotá, “porque no hay contrato”. Los dejaron tirados

SEMANA reveló la dramática situación que viven más de 170 mujeres y niños indígenas hacinados en el segundo piso de una casa en el centro de Bogotá, los mismos que en septiembre de 2023 huyeron de la amenaza de una violación en masa en el centro La Rioja. En ese momento, delegados del Ministerio del Interior prometieron lo que ahora insisten en negar.

Una respuesta tardía a un derecho de petición se convierte en un polémico escenario que básicamente condena a los indígenas al abandono, solo porque en su momento creyeron en la palabra de los delegados del Ministerio. Les prometieron ayudas, reubicación, salud y educación, nada se cumplió. Ahora el mismo gobierno advierte que no los puede ayudar porque no hay un “contrato”.

En el documento, firmado por Germán Bernardo Carlosama, director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, se advierte que no es posible asumir los costos de manutención de los indígenas alojados hace más de un año en el centro de Bogotá y bajo protección de la Fundación Predicadores de la Misericordia, quienes asumieron la responsabilidad, que es del Estado.

“Por esa vía, habida cuenta de que el contrato estatal es una herramienta necesaria para el cumplimiento de los deberes estatales que surgen por el modelo de Estado social de derecho, uno de los elementos centrales que configura las finalidades del contrato público es la satisfacción del interés general”, señala el funcionario en la respuesta que entrega a la Fundación que confió en sus promesas.

Germán Bernardo Carlosama insiste que revisaron y “no se encontró esta necesidad priorizada”, pero los indígenas tienen pruebas de que estuvo en distintas reuniones, prometiendo que apoyarían a la fundación, que no estarían solos, que en cuestión de días los reubicarían, pero lo importante era salir de La Rioja, donde estaba la amenaza. El alto funcionario del MinInterior aparece en fotografías y chats prometiendo las ayudas.

“Lamentamos muchísimo esa postura que ha adoptado el Ministerio del Interior frente a la problemática grave de las mujeres y niños indígenas, que fueron protegidas de una violación colectiva. No es justo y no está bien que el Ministerio del Interior le diga al padre Michael y su fundación que ahora él es el encargado de proteger la vida de esas mujeres y niños. ¿Acaso no es un compromiso de Estado? ¿Acaso no es una promesa de Estado social de derecho?”, dijo el abogado Alejandro Carranza, que acompaña las acciones legales de la Fundación.

Por su parte, el director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, del Ministerio del Interior, en el documento que conoció SEMANA, se explaya en sentencias de la Corte Constitucional, en acuerdos contemplados en Plan Nacional de Desarrollo y una lista de asuntos legales, para decirles a los indígenas, en un lenguaje confuso, que no les puede ayudar, que están solos.

“Una vez consultados los históricos, no se encontró esta necesidad priorizada o enmarcada en un acuerdo de consulta previa, o en un espacio de concertación, así mismo, no se evidenció un convenio, contrato o algún instrumento contractual celebrado por el Ministerio del Interior con el objeto enmarcado y descrito en la petición”, señala Carlosama, que en su vida política, de contratista y ahora de funcionario, se ubicó como un defensor de las causas indígenas.

Las pruebas

Según el documento firmado por el funcionario del Ministerio del Interior, el tema de los indígenas desplazados y hacinados no es “prioridad”. Tampoco se discutió en un “espacio de concertación”, pero las mujeres le recordaron lo que es la “malicia indígena”. Carlosama y otros funcionarios del Ministerio del Interior aparecen en fotos, reunidos y, según las indígenas, prometiendo con la voz lo que ahora niegan en el papel.

“Nos reunimos, nos prometieron ayudas. Que fuéramos con la Fundación y luego llegarían las ayudas, una reubicación para todas las familias. Nos sentamos a conversar y el señor Carlosama fue quien se comprometió con nosotros, dijo que todo estaría bien y que el Ministerio del Interior estaría al frente de la situación”, dijo una mujer indígena que participó de la reunión.

Como si la foto de la reunión de Carlosama con los indígenas y representantes de la Fundación Predicadores de la Misericordia no fuera suficiente, también hay chats, conversaciones entre el funcionario y la Fundación prometiendo las ayudas. Justamente lo que ahora tanto se esfuerzan por negar.

En las conversaciones, Carlosama promete las ayudas, insiste que se van a girar unos recursos y luego envía, por los mismos mensajes, las pruebas de las consignaciones a través de giros que salieron de la Asociación Indígena Nacional Tierra Viva. El mismo director remite a los delegados de la Fundación el soporte de “pago”, que, sumados, llegaron a los ocho millones de pesos.

Si no era prioridad y no hubo concertación, ¿por qué el director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, del Ministerio del Interior, envía soportes de consignación a los indígenas hacinados en el Centro de Bogotá y a través de una asociación que, según pudo establecer SEMANA, tiene como representante legal a una persona que fue empleada suya, en la UTL cuando sirvió como congresista?

Son muchas las dudas que SEMANA comunicó al funcionario. En un primer mensaje respondió el saludo, sin embargo, cuando se le plantearon varias inquietudes, prefirió guardar silencio. No contestó. Su dicho quedó consignado en la respuesta del derecho de petición, en el que les dice a la Fundación Predicadores de la Misericordia y a los indígenas que no les pueden ayudar, que están solos, porque ni es “prioridad, ni hubo acuerdo, contrato o convenio”.