NACIÓN
¡Insólito! Mujer llamó hasta a la Fuerza Aérea para desalojar a inmigrantes venezolanos de su casa
Desesperada, la dueña del inmueble ubicado en Madrid, Cundinamarca, aseguró que ha solicitado intervención a la Policía, Personería, SIJIN, Migración Colombia, ICBF, Procuraduría y Fuerza Aérea. Hizo pública su denuncia en Facebook y ahora se encuentra recibiendo amenazas de muerte.
En un acto de desespero y con el fin de hacer público el problema que viene tratando de solucionar desde hace siete meses, una mujer identificada como Isa Abril publicó en su cuenta de Facebook detalles sobre el pleito en el que se encuentra con unos inmigrantes venezolanos que invadieron su casa desde agosto de 2020.
Según lo narrado por Isa, el inmueble está ubicado en el municipio de Madrid, Cundinamarca y ha tratado de recuperarlo solicitando ayuda “a la Policía, Personería, SIJIN, Migración Colombia, ICBF, Procuraduría y Fuerza Aérea, sin tener hasta el momento una solución a mi problema”.
De acuerdo con la mujer, el inmueble fue construido junto con su exesposo “con mucho trabajo y gracias a las ayudas entregadas en el municipio, después de mi separación, acordamos arrendar el primer piso para mí y el segundo piso para él (exesposo)”, explicó Isa. Agregó que decidió trasladarse junto con sus hijas al vecino municipio de Mosquera “a pagar arriendo, buscando alejarme de un largo período de maltratos”.
Sin embargo, el querer alejarse y buscar una nueva vida, le trajo el problema que ahora busca resolver y por el que clama ayuda. Isa explicó que en mayo de 2019 arrendó el apartamento a una pareja de venezolanos, con quienes hasta el inicio de la emergencia sanitaria no tuvo inconvenientes de ningún tipo, sin embargo, una vez que inició la contingencia por la covid-19, ellos le manifestaron que se habían quedado sin trabajo y empezaron a fallar con los pagos del arriendo.
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Me gustaría contar con su apoyo en un tema que me viene afectando desde agosto de 2020 y es la invasión de mi casa ubicada en Madrid (Cundinamarca) por parte de unos inmigrantes venezolanos; he acudido a la Policía, Personería, SIJIN, Migración Colombia, ICBF, Procuraduría y Fuerza Aérea sin tener hasta el momento una solución a mi problema. La casa en Madrid (Cundinamarca) fue construida con mi ex - esposo con mucho trabajo y gracias a las ayudas entregadas en el municipio, después de mi separación, acordamos arrendar el primer piso para mí y el segundo piso para mi ex - esposo y yo me trasladé hacia el municipio de Mosquera (Cundinamarca) a pagar arriendo con mis dos hijas, buscando alejarme de un largo período de maltratos. En el mes de mayo de 2019 arrendé el apartamento a una pareja de venezolanos, con quienes hasta el inicio de la emergencia sanitaría no tuve inconvenientes de ningún tipo; una vez iniciada la emergencia ellos me manifestaron que se habían quedado sin trabajo, al igual que yo y empezaron a fallar con los pagos del arriendo, motivo por el cuál yo también me atrase con mis obligaciones, no volví a saber de ellos desde el mes abril de 2020, cuando finalmente pude acercarme a la casa para cobrar el arriendo me encuentro con que ellos ya no habitaban mi propiedad y al momento de marcharse dejaron la puerta abierta dando paso a que varias personas de nacionalidad venezolana la habitaran de manera irregular. Al momento de acercarme por primera vez a hablar con ellos, les solicité que me desocuparan la casa ya que no los conocía y adicionalmente eran demasiadas personas, ellos intentaron convencerme de arrendarles a partir de ese momento, lo cual no era una opción para mí por lo ilegal de sus acciones; fue entonces cuando por primera vez me acerqué a la Inspección I de Policía de Madrid y la persona que estaba a cargo me respondió que ellos no tenían la competencia para llevar a cabo el desalojo, que debía acudir a otras instancias (Cámara de Comercio o juzgado) para llevar a cabo un desalojo o negociar con ellos que deshabitaran mi casa tomada abusivamente. En varias ocasiones me acerqué acompañada por oficiales de policía en busca de que desalojaran mi casa, en respuesta a lo cual recibí amenazas, además se acercaron a mi varios vecinos informándome que eran constantes los desórdenes, escándalos, riñas, consumo de licores, consumo de drogas, agresiones a los vecinos y a las demás casas de la misma calle. Todo esto en presencia de menores de edad; por si fuera poco, hicieron modificaciones internas a la casa para prestar el servicio de paga diario. Han aprovechado también que la emergencia sanitaria prohíbe suspender los servicios públicos por lo que a la fecha tengo una deuda millonaria con el acueducto y gas. En varias ocasiones intenté explicar en dicha inspección la ilegalidad bajo la que habían tomado posesión de mi casa, sin obtener ningún tipo de ayudas y en ocasiones sin ser escuchada, por lo que tuve que acudir a la personería de Madrid donde me ayudaron a realizar una querella, solicitando el desalojo, para ese momento ya corría el mes de noviembre y yo debía 6 meses de arriendo y acababa de conseguir nuevamente empleo. Personería de Madrid en el mismo mes de diciembre me asesoro para iniciar ante la SIJIN un proceso de investigación por la venta de estupefacientes para evitar así un dominio de extinción sobre la vivienda En diciembre 24 realicé la ampliación de la querella, según lo solicitado por la inspección. En el mes de enero al no recibir ninguna respuesta realicé con la ayuda de la personería de Mosquera, un derecho de petición dirigido a la Inspección I de Policía y a Migración Colombia; adicionalmente me comuniqué con el ICBF denunciando el mal estado de crianza y convivencia de los menores que en este momento habitan en mi casa; al ver las continuas negativas a cumplir con su labor y repetir que no es competencia de ellos, por parte de la persona encargada de la inspección I de Policía de Madrid y por sugerencia de un defensor público del ICBF radique una queja por ese actuar ante la Procuraduría. Y finalmente el día 8 de febrero se comunicó conmigo nuevamente una vecina, que ha sido agredidas en varias ocasiones por los invasores extranjeros de mi casa; siendo afectada no sólo ella sino también sus familiares e inquilinos, ella directamente se comunicó con la base aérea ubicada en Madrid para solicitar apoyo ya que cuando la policía se acerca no ejerce ninguna acción para detener estos comportamientos. Del lugar en que vivo me están pidiendo desocupar desde el mes de diciembre de 2020, trabajo devengando un salario mínimo que me alcanza para alimentación, servicios y abonar algo a la deuda de arriendo que tengo y así evitar un desalojo. Vivo con mis dos hijas menores de edad y no quiero exponerlas a tan horrible situación. Confié en que siendo ciudadana colombiana las leyes y autoridades me ayudarían y apoyarían al ver que mis derechos y bienestar han sido golpeados por personas que seguramente se encuentran en el país de forma irregular, es lo menos que puedo pensar cuando han ocupado mi propiedad ilegalmente y conocen tan bien nuestra mala justicia que se aprovechan de esos fallos para apropiarse y vivir de gratis; en lugar de eso he recibido sólo negativas y menosprecios. Por último, me he enterado de que ya se han apropiado de la misma manera de otras casas en la misma calle y no me gustaría que otras personas de buena voluntad se vieran afectadas de la misma manera. Agradezco mi caso sea tenido en cuenta pues mi realidad en este momento es la realidad de muchos arrendatarios que nos vemos maniatados ante la falta de justicia, cumplimiento de deberes y apoyo por parte de nuestro gobierno. Por favor compartir.
Posted by Isa Abril on Monday, February 15, 2021
“No volví a saber de ellos desde el mes abril de 2020, cuando finalmente pude acercarme a la casa para cobrar el arriendo me encuentro con que ellos ya no habitaban mi propiedad y al momento de marcharse dejaron la puerta abierta dando paso a que varias personas de nacionalidad venezolana la habitaran de manera irregular”, aseguró Isa.
Desde ese momento inició su calvario por tratar de recuperar el inmueble, según explicó, ha tratado por todos los medios posibles.
“Al momento de acercarme por primera vez a hablar con ellos, les solicité que me desocuparan la casa ya que no los conocía y adicionalmente eran demasiadas personas, ellos intentaron convencerme de arrendarles a partir de ese momento, lo cual no era una opción para mí por lo ilegal de sus acciones; fue entonces cuando por primera vez me acerqué a la Inspección de Policía de Madrid y la persona que estaba a cargo me respondió que ellos no tenían la competencia para llevar a cabo el desalojo, que debía acudir a otras instancias (Cámara de Comercio o juzgado) para llevar a cabo un desalojo o negociar con ellos que deshabitaran mi casa tomada abusivamente”.
La mujer asegura que han sido muchas las ocasiones en que ha ido con la Policía a tratar de pedirles que se vayan, tal cómo se observa en un video que publicó junto a su denuncia. Sin embargo, dice que lo único que ha recibido son amenazas y que además, varios vecinos la han llamado para ponerle quejas, asegurando que quienes habitan la casa mantienen en constantes, “desórdenes, escándalos, riñas, consumo de licores, consumo de drogas, agresiones a los vecinos”.
Según la denunciantes, todas esas actividades antes descritas, son cometidas en presencia de menores de edad, razón por la que también ha acudido al Instituto de Bienestar Familiar Icbf, intentando encontrar ayuda.
Los abusos descritos por la mujer son incontables, entre ellos, estos inmigrantes habrían realizado modificaciones internas a la casa para ofrecer servicio de paga diario (residencia) a otros inmigrantes, así como dejar acumular las cuentas de servicios públicos originándole una deuda millonaria en acueducto y gas.
De acuerdo con lo narrado por la mujer, en diciembre del año pasado, la Personería de Madrid le ayudó a realizar una querella, solicitando el desalojo, asimismo la misma entidad la asesoró para “iniciar ante la SIJIN un proceso de investigación por la venta de estupefacientes para evitar así un dominio de extinción sobre la vivienda”.
Pasado un mes, es decir, en enero de 2021 y al ver que no obtenía respuesta, acudió a la Personería de Mosquera, para presentar derecho de petición ante la Policía y Migración Colombia, sin embargo, sus gritos de auxilio continúan sin ser atendidos.
Lo que sí continúa constantemente, según explicó Isa, son las quejas de los vecinos, asegurando que han sido agredidos por los habitantes de la casa. A esa tragedia se le suma la que vive con sus hijas, pues desde el mes de diciembre, según dice, no ha podido pagar el arriendo completamente. Su salario, que es el mínimo lo distribuye entre alimentación, servicios y abonar algo a la deuda de arriendo.
“Confié en que siendo ciudadana colombiana las leyes y autoridades me ayudarían y apoyarían al ver que mis derechos y bienestar han sido golpeados por personas que seguramente se encuentran en el país de forma irregular, es lo menos que puedo pensar cuando han ocupado mi propiedad ilegalmente y conocen tan bien nuestra mala justicia que se aprovechan de esos fallos para apropiarse y vivir de gratis; en lugar de eso he recibido sólo negativas y menosprecios”, puntualizó.
La publicación de Isa Abril, realizada hace apenas 15 horas, cuenta con más de 6,4 mil reacciones y más de 950 comentarios de quienes lamentan profundamente su caso y rechazan la presencia de ciudadanos venezolanos en el país, así como los comentarios de quienes la atacan y hasta la amenazan de muerte, asegurando que luego de su denuncia pública “se va a morir”.
En uno de los comentarios, Isa explica que su “publicación no dice que odie a los venezolanos, soy yo la perjudicada por ellos. Lean antes mi caso antes de pensar o imaginar cosas que no son”, esta explicación la da como respuesta a un comentario de un usuario de Facebook identificado como Kevin Lugo, de quien Isa tomó un pantallazo de una conversación en el chat de Faecbook donde la amenaza de muerte.
