Judicial
InterBolsa | Corte Suprema ratifica condena de doce años de prisión contra los protagonistas del escándalo
Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Ricardo Emilio Martínez pedían que se anulara el fallo de segunda instancia que aumentó considerablemente su sentencia.
En firme, así quedaron las sentencias emitidas en contra de Tomás Jaramillo Botero, Juan Carlos Ortiz Zárrate y Ricardo Emilio Martínez Gómez por su participación y responsabilidad en los hechos irregulares que llevaron al descalabro bursátil a la comisionista de bolsa, InterBolsa, en hechos registrados en 2012. La Sala de Casación Penal, con ponencia del magistrado José Francisco Acuña Vizcaya, rechazó los recursos presentados por los tres empresarios.
En la decisión judicial, se determinó que no existían motivos para revisar el fallo emitido en abril de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que aumentó considerablemente el monto de la condena y la multa contra los representantes del denominado Fondo Premium por el mal manejo de los inversionistas y las estafas que ejecutaron.
En la negociación con la Fiscalía General Jaramillo Botero, hijo del entonces presidente de InterBolsa, Rodrigo Jaramillo Correa, reconoció,su participación en los delitos de estafa agravada en masa, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores y emisores y concierto para delinquir, por lo que en un principio recibió una sentencia de cinco años de prisión. Sin embargo, tras una apelación presentada por las víctimas, el Tribunal aumentó la condena a doce años y tres meses de prisión, así como una multa de 610 salarios mínimos legales vigentes.
Lo mismo ocurrió con Juan Carlos Ortiz, quien pese a aceptar su plena participaicón recibió un aumento en su condena y multa. En el caso de Ricardo Emilio Martínez Gómez se fijó, en el fallo de segunda instancia, una condena de diez años de prisión, esto pese a que al principio había recibido una sentencia de solamente tres años. En su caso se le aumentó la multa a 487 salarios mínimos legales vigentes.
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En este último caso, se ordenó una medida de detención domiciliaria con la respectiva vigilancia con brazalete electrónico por parte del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Tras revisar las demandas de casación, el alto tribunal consideró que carecían de idoneidad formal y sustancial “para acreditar la existencia de errores capaces de derruir la presunción de acierto y legalidad de la sentencia recurrida”, es decir, nunca se demostró que en el fallo de segunda instancia se hubieran presentado irregularidades, “razón por la que se impone inadmitirlas”.
Los empresarios fueron sentenciados por los malos manejos que se hicieron en el Fondo Premium, que tenía domicilio en Curazao. Sin informarle a sus 1206 inversionistas utilizaron sus recursos económicos para otras actividades, entre estas, el pago de deudas, inversiones riesgosas y compras de elementos lujosos. Estas acciones llevaron a que los inversionistas perdieran todo su dinero.
Por esos mismos hechos fueron vinculados a un proceso los empresarios Rachid Maluf, Claudia Aristizábal, Natalia Zúñiga, Víctor Maldonado y Ricardo Martínez, acusados de los delitos de manipulación fraudulenta de especies y estafa masiva agravada.
Igualmente, Jaramillo y Correa tienen una sentencia pendiente de siete años de prisión por su participación en los delitos de captación masiva y habitual de dinero y no reintegro en calidad de cómplice por parte del exdirectivo.
Esta condena fue fijada también tras la firma de un preacuerdo con la Fiscalía General. En la negociación se fijó también el pago de una multa.
