Judicial

Interceptaciones telefónicas entre el expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena fueron avaladas como prueba en el juicio

Este miércoles, la jueza 44 de conocimiento de Bogotá define las pruebas documentales y testimoniales que serán tenidas en cuenta en el proceso penal.

Redacción Semana
20 de noviembre de 2024
Álvaro Uribe Vélez
expresidente Alvaro Uribe y su abogado defensor, Jaime Granados, acudieron al Palacio de Justicia para presentar un documento de 125 paginas con sus objeciones contra el auto de hace una semana, en el que la Corte Suprema de Justicia determino investigar al exmandatario por manipulación de testigos en contra del tambien congresista Ivan Cepeda Bogota feb 23 2018 foto Guillermo Torres revista Semana | Foto: Diana Rey Melo

La jueza 44 de conocimiento de Bogotá avaló como prueba técnica las interceptaciones que ordenó la Corte Suprema de Justicia en el año 2018 y en las cuales se registraron las conversaciones que sostuvo el expresidente Álvaro Uribe Vélez con el abogado Diego Cadena.

Igualmente, avaló la solicitud de la Fiscalía General para escuchar las declaraciones de tres investigadores que fueron los encargados de realizar las escuchas de las líneas telefónicas del exmandatario y el profesional del derecho.

“Se habilita a este estrado judicial para estudiar la admisibilidad de escuchar de las líneas telefónicas de Diego Cadena Ramírez, Juan José Salazar, Fabián Rojas Puerta, Luz Marina Pineda Muñoz, mamá de Juan Guillermo Monsalve, y Álvaro Uribe Vélez”, precisó la jueza al avalar la petición de la Fiscalía.

La defensa de Uribe termina de presentar su arsenal probatorio

En su determinación, la funcionaria judicial manifestó la importancia de estas pruebas y su vinculación directa con los hechos por los que fue acusado el expresidente Uribe.

“La Fiscalía determinó con precisión la pertinencia e intervención de los investigadores (...) con el propósito de ingresar prueba documental en la que se encuentra registro de las grabaciones magnetofónicas a las interceptaciones telefónicas que dan cuenta de los eventos delictivos por los que Álvaro Uribe fue acusado en concurso homogéneo”, aclaró.

DIEGO CADENA
Diego Cadena, abogado envuelto en el polémico caso del expresidente Uribe. Fiscalía, 23 de agosto de 2018. Foto: Esteban Vega La-Rotta REVISTA SEMANA | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

La jueza de conocimiento aseguró que esta prueba técnica es necesaria para ser tenida en cuenta en el desarrollo del juicio contra el exmandatario por los delitos de soborno en actuación penal, soborno a testigos y fraude procesal y sean “exhibidas en audiencia pública”, esto con el fin de “establecer la ocurrencia o no de los hechos que están relacionados en el escrito de acusación”.

Además, la funcionaria judicial también hizo un análisis frente a al pertinencia de la declaración de Carlos Fernando Vélez Mejía, hijo del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, conocido con los alias de Víctor, quien en declaración ante la Corte Suprema reconoció que el abogado Diego Cadena le había ofrecido dinero en efectivo y asesorías jurídicas si cambiaba su declaración para favorecer al exmandatario.

En su declaración ante la Corte, alias Víctor aseguró que Diego Cadena lo buscó en la cárcel para ofrecerle beneficios si se retractaba de su declaración en contra de Uribe y, a cambio, acusaba al senador Iván Cepeda.

Por esto, le ofreció 200 millones de pesos. El exparamiltiar aseguró que lo único tenía que decir era que había “hablado con el doctor Iván Cepeda y con mi patrón (el exjefe paramilitar Álvaro Hernán Sierra) para yo hablar en contra del señor Uribe”.

Por esto, le giraron 10 millones de pesos, los cuales fueron recolectados por su familia. Estos giros fueron hechos entre el 7 de diciembre de 2017 y el 11 de julio de 2018.

Por estos mismos hechos, el abogado Diego Cadena enfrenta un juicio por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. En los próximos días se reiniciará el proceso penal con las declaraciones de los testigos citados por la defensa del acusado y con los que busca desmontar los señalamientos de la Fiscalía General.