Invasión de fincas, ¿muerte a la propiedad privada? Crónica de Salud Hernández-Mora desde el Cauca

Caloto/Corinto/Miranda/Guachené. Si el gobierno no le mete mano, va a haber muertos. La gente se cansó y hay algunos que se están armando. Nadie sabe la situación que estamos viviendo acá, presentamos las denuncias y nada pasa”. Quien habla resume el sentir que palpo en varios pueblos del norte del Cauca. Es un nativo de raza blanca, propietario en Miranda de un pequeño cañaduzal, invadido la semana pasada. “Yo estoy protegiendo lo de mis hijos y que vengan a quitarme lo que he trabajado toda mi vida, no se imagina la impotencia, la rabia”.

Palabras similares escuché de gentes de raza negra, dueños de fincas de entre 10 y 30 hectáreas de Padilla. Y de moradores de la vereda Llano de Tabla de Guachené, que sostuvieron un violento enfrentamiento con los indígenas el pasado mes de enero, así como de empleados del ingenio Incauca en Corinto, entre otros.

“Sálganse de aquí, que esto es de nosotros, esto no les pertenece a ustedes, ustedes son negros traídos de África, están buenos para picarlos y sacar betún. Vayan a buscar al África lo que ustedes piensan que tienen aquí”, rememora un finquero afro que les gritan los indígenas en medio de las trifulcas.

Todos aceptaron las entrevistas, pero siempre encontré el mismo ruego: omita mi nombre y nada de imagen. “Si uno no corriera riesgos, daría la cara, pero aquí, en el norte Cauca, la vida no vale nada”, sentencia uno de ellos.

Al hastío y desespero que sienten por las invasiones, le suman la incapacidad del Estado para defender la propiedad privada en un departamento complejo, de futuro incierto, donde convergen todos los problemas sociales del país. Y como para lapidar las esperanzas, los nasa lanzaron una nueva advertencia en Corinto: “No nos echamos atrás; las recuperaciones siguen. Es un mandato de la asamblea”, dijeron.

A la rapiña se unieron este año los Campesinos sin Tierra, un revoltijo de blancos, indígenas, afros y venezolanos, por los que nadie responde. Distintas fuentes afirmaron que los respaldan las Reservas Campesinas y que se aprovechan de su cercanía con la sanguinaria columna Dagoberto Ramos de las Farc, dominante en la zona, para infundir miedo. Además de aposentarse de manera violenta en las fincas, a veces cortan la caña que encuentran para venderla de manera furtiva en Santander de Quilichao, destinada a los trapiches.

Los afectados se quejan de que aunque los invasores proclaman que su único objetivo son las propiedades de ingenios azucareros y de terratenientes, están apoderándose de pequeñas fincas de colonos. No respetaron los carteles que clavaron en sus propiedades la primera semana de febrero para marcar la diferencia: “Tierra de colonos. No es de ningún ingenio. Propiedad privada”. Pero las devastaron sin contemplaciones.

“No se puede hablar con ellos, van tapados, son delincuentes”, se queja un nativo que no pudo evitar que arrasaran con el único patrimonio de su familia y fulminaran, de paso, el ánimo de volver a levantarse. Temen que les aguarde el aciago destino de las haciendas de personas influyentes, que no pudieron evitar que se las tomaran. Y reprocha a los ingenios, a los que venden la caña desde hace decenios, que no les ayuden en estos momentos, que los abandonen a su suerte.

También acusan a los gobiernos de ignorarlos, de no actuar a tiempo, de haber dejado que el problema desbordara la capacidad de imponer autoridad. Por ejemplo, solo para desalojar La Emperatriz en Caloto, que los nasa convirtieron en símbolo de su lucha, necesitarían emplear unos 400 efectivos de la fuerza pública. Y ni siquiera tendrían garantizado recuperar la propiedad para los legítimos dueños. Aun si lograran sacarlos y levantar las cercas de los más de 100 lotes en que dividieron la finca, donde apenas en unos pocos se ve ganado y algunos sembradíos de maíz y plátano, los indígenas volverían a invadirla en cuanto desapareciera el grueso de policías y militares.

Es jugar al ratón y al gato año tras año. Al Estado le quedó grande salvaguardar el derecho a la propiedad privada en el norte del Cauca.

Entretanto, los nasa siguen decididos a apropiarse de 40.000 hectáreas de cañaduzales. Planean que para 2035 no quede un solo cañaduzal entre Candelaria (Valle del Cauca) y Santander de Quilichao (Cauca). Pretenden destruir una de las tres áreas del planeta que reúne condiciones climáticas excepcionales para producir caña de azúcar. Las otras dos se encuentran en Perú y Hawái.

Aunque parezca un fin inabordable, la realidad muestra que poco a poco, sin afanes, están logrando su propósito. Ya tienen en sus manos más de 1.000 hectáreas y van avanzando.

Pero este año se han topado con la dura resistencia de nativos afros. “Esta quemazón de caña perjudica a la comunidad negra porque, o es propietario y vive de ella, o es de un proveedor que emplea al personal de la comunidad”, apunta un finquero de raza negra, dueño de diez hectáreas.

Una de las confrontaciones más violentas ocurrió hace pocos días en la vereda Llano de Tabla de Guachené, donde las negritudes son el 98 por ciento de la población. “Debe intervenir el Gobierno nacional, los locales no tiene capacidad para evitar las invasiones y resolver esos problemas complejos. Y la presencia de los militares es un saludo a la bandera, supone un desgaste físico y económico sin consecuencias”, señala Nesair Ramos, exsecretario de gobierno.

“La Acin y el Cric se sientan con el Gobierno nacional a concertar el desarrollo de la comunidad indígena, pero a la hora de resolver los problemas en el territorio, de evitar violencias, no aparecen ni Cric ni Acin”, apunta Ramos. “Los últimos acontecimientos están marcando el derrotero de lo que va a pasar”.

El violento altercado en Llano de Tabla, con agresiones verbales y físicas que pudo terminar con un saldo trágico, sucedió tras un fallido intento de desalojo de la finca cañera Chimán, invadida por los nasa y enclavada en dicha vereda. Aunque los antepasados negros vendieron las tierras a blancos, los afros rechazan que los indígenas las reclamen como propias.

En las ruinas de la hacienda, de un siglo de antigüedad, que los invasores quemaron, encontré a tres encapuchados que dijeron pertenecer a un resguardo indígena colindante. “Si son de los afros, ¿por qué no se habían metido antes? Llegamos nosotros, nos metimos y ahora sí dicen que es de ellos. Nosotros no queremos que los negros allá, los blancos, los indios acá. No queremos dividirnos porque a todos nos da hambre”, me dijo uno de ellos.

“Son fincas con pura caña. Y si fuese para azúcar, pero es para sacar etanol, para los carros. Al dueño de esto se le ha mandado más de una oferta, pero no quiere vender”, afirmó el encapuchado.

“El rico tiene toda la tierra y un solo hijo. Nuestras familias de ocho hijos solo tienen dos plazas (menos de 2 hectáreas)”, añadió un segundo individuo, también con la cara tapada. Ninguno quiso mostrarme el rostro ni dar su nombre. “La forma de que el Gobierno cumpla es la presión. Si nos agarramos a esperar, nos morimos de viejos esperando y nunca nos van a dar nada. Y no somos los únicos: cada día se van a meter más. Así nos maten, nos desalojen las veces que quieran, aquí vamos a estar”, agregó.

Pregunté a los propietarios de Chimán y desmintieron haber recibido oferta alguna, solo destrucción.

También en Corinto los empleados del ingenio Incauca, cuyas fincas sufren el asedio de los nasa y de Campesinos sin Tierra, salieron a las calles a repudiar las invasiones. “Dicen que liberan la Pacha Mama, pero es todo lo contrario. Guadañan las fincas, queman la caña y meten ganado que destroza la tierra”, me dice un trabajador con 20 años de antigüedad en Incauca. Tampoco cree que acabar con los cañaduzales sea su verdadero fin porque, dijo, “destrozaron la finca La Albania, sembrada de piña, y El Oasis, que era de piña y uvas”, cultivos intensivos en mano de obra. “Además, cierran vías cuando les provoca. La economía del pueblo retrocede y nos vamos a quedar sin empleo. En Corinto hay 300 empleos en riesgo. Ni por el hp les doy un pedazo de tierra”.