Invasión de tierras en Islas del Rosario y Barú: la pesadilla que tiene bajo la lupa de la Procuraduría a la Alcaldía de Cartagena y Policía

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) de la Procuraduría General de la Nación abrió indagaciones previas por invasión de tierras en Cartagena y en las islas del Rosario. El problema viene desde hace varios años.

Por ejemplo, en Playa Blanca, corregimiento de Santa Ana, Isla de Barú, jurisdicción de Cartagena, la Procuraduría analizará las actuaciones de los inspectores de Policía del Corregimiento de Pasacaballos y de Santa Ana, de Cardique, de la Alcaldía y la Policía Metropolitana de la ciudad, sobre posibles irregularidades en la invasión de los predios “Buenavista”, “Cabecera de la Pista”, “La Coqueta” y “Lucas Girado”.

SEMANA pudo establecer que actualmente cursa una indagación previa sobre denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en arrendamientos en las islas Archipiélago Nuestra Señora del Rosario, donde al parecer, funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) estarían entregando contratos de arrendamiento de dichas islas, sin cumplir los requisitos y sin atender los Principios Generales de Contratación Estatal. Cabe recordar que, según el ordenamiento jurídico colombiano, las islas, islotes y cayos de los Mares de la Nación constituyen reserva del Estado; por lo tanto, no son susceptibles de adjudicación.

Las cifras son aterradoras. De acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), se han identificado ocupaciones ilegales en 18 departamentos del país: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena, Meta, Norte de Santander, La Guajira, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.

“El caso más impactante conocido hasta el momento es que los invasores piensan apropiarse de 4000 hectáreas del sector rural del departamento del Magdalena en donde realizaron una avanzada y colocaron señales y marcas con pinturas de color rojo en los predios que consideran objetivo inmediato de invasión”, resaltó José Félix Lafaurie Rivera, dirigente de esa organización.

Procesos disciplinarios

La Procuraduría cuenta con 12 investigaciones disciplinarias en Atlántico, Bolívar y Bogotá, y 10 indagaciones en Tolima, Atlántico y Bolívar por irregularidades de funcionarios que presuntamente estarían involucrados en la circulación de documentos públicos falsos, al parecer elaborados al interior de las notarías o en las Oficinas de Instrumentos Públicos. Otros procesos abiertos investigan la realización de trámites para favorecer la circulación de dichos documentos y/o instrumentos jurídicos falsos y la participación de miembros de Fuerza Pública en las ocupaciones ilegales de predios desde el ejercicio de sus funciones.

Situación en Magdalena

El problema ocasionado por las invasiones de tierra en el Magdalena pasó de castaño oscuro por cuenta de la desafortunada etiqueta impuesta por el gobernador Carlos Caicedo a ganaderos y a Jaime Peña, alcalde de Plato, de querer revivir las famosas Convivir, estructuras ciudadanas que antecedieron el fenómeno del paramilitarismo en Colombia.

Para Caicedo, los más de 400 ganaderos que salieron en caravana de camionetas blancas a mostrar su inconformismo por el riesgo de invasión de aproximadamente 4.000 hectáreas de propiedad privada en esa región son “instrumentos de la extrema derecha que buscan intimidar a campesinos y sectores progresistas de Magdalena”.

Sin embargo, la asociación de ganaderos se desmarcó de esos señalamientos y aseguró que lo único que están haciendo es manifestar su rechazo, acompañados de la fuerza pública, ante la avanzada de invasores que ya empezaron a demarcar sus predios para luego repartirlos entre supuestas familias necesitadas que viajan desde otras regiones.

SEMANA conoció el testimonio de al menos tres ganaderos que, lejos de ser grandes terratenientes o generadores del paramilitarismo, batallan a diario por sacar adelante pequeños proyectos agrícolas. Gustavo Marín, por ejemplo, recuperó su finca en el proceso de restitución de tierras, luego de sufrir por más de dos décadas un destierro forzoso. Lo hizo a través de las vías legales hace siete años. Desde ese momento no ha tenido vacaciones, dice. Ahora cuenta con algunas reses y varios proyectos agrícolas, pero todo lo construido en estos 87 meses está amenazado por una horda de invasores que ya le notificaron que quieren su predio para levantar ahí un caserío informal.

“Imagínese, uno todo lo que lucha por estas tierritas para que luego vengan y le digan que no, que esto no nos pertenece. A mí ya me desplazaron una vez, no permitiré que eso vuelva a pasar porque es lo único que yo puedo dejarle a mi familia”, subraya Gustavo. Precisa, además, que ahora no es solo el problema con los invasores, sino que batallan contra el estigma impuesto por el gobernador Caicedo de que aquellos ganaderos le están abriendo la puerta a una especie de paramilitarismo.