Invasores: la nueva guerra que estalló en Colombia por la tierra. Miles de vidas y la propiedad privada están en riesgo. Las autoridades no hacen nada

El capítulo de una nueva guerra en Colombia ya se empezó a escribir a la vista de todos, mientras que el presidente Petro se la juega en la búsqueda de una “paz total” con los grupos criminales. Esta vez ha estallado una confrontación civil sin precedentes por la invasión de la tierra que promete agravarse. Miles de vidas están en riesgo, al igual que la propiedad privada, pero las autoridades hacen poco o nada. Las invasiones más críticas están en Cauca, Antioquia, Huila, Cesar, Risaralda y Atlántico. ¿Qué está pasando?

De un lado están quienes dicen sentirse envalentonados por el discurso del entonces candidato Petro, quien manifestó en diferentes plazas su deseo de redistribuir la tierra para darles a los menos favorecidos. Ellos se han lanzado ferozmente sobre predios privados. Del otro lado, están aquellos que aseguran estar dispuestos a morir en la defensa de sus propiedades.

Las primeras confrontaciones iniciaron hace poco más de dos meses, cuando se conoció la victoria de Petro en segunda vuelta. En el Cauca, centenares de indígenas desplegaron toda una estrategia para hacerse con predios de tierra plana en los municipios de Corinto, Caloto, Guachené y Miranda, todos en el norte del departamento.

Las invasiones han estado marcadas por violentos enfrentamientos entre indígenas y campesinos que defienden, con títulos en mano, lo que, según dicen, les pertenece por ley. Asimismo, se está presentando un conflicto entre los invasores y los trabajadores de los cultivos de caña, los ganaderos y los líderes afro.

Los indígenas, lejos de asustarse, se apoderaron de varios terrenos, alegando que ellos son los legítimos dueños desde antes de la conquista. Dicen, además, que no basta con la tierra que tienen. Quieren aquellos predios en zona plana porque son más productivos y en muchos de ellos hay cultivos de caña.

Mientras la avanzada indígena continúa para tomar el control de aproximadamente 5.000 hectáreas mal contadas, campesinos, comunidades afrodescendientes, trabajadores de las industrias y los dueños de los predios se han unido en brigadas de vigilancia para hacerle frente. En zona rural de Corinto y Guachené, por ejemplo, hay combates entre negros e indígenas casi todos los días.

“Ellos vienen encapuchados y llegan quemando los cultivos, dándoles machetes. Nosotros al principio pedimos diálogo, pero en vista de que eso no funcionó, decidimos responder con la fuerza”, dice uno de los líderes afro del norte del Cauca. Los patrullajes son permanentes y las invasiones también, por lo que hoy el norte del Cauca no es más que un campo de batalla de la nueva guerra. Aquella que por primera vez en Colombia enfrenta, además de todo, una disputa interétnica.

“Ellos nos atacan con armas de fuego, con piedras, machetes, con explosivos. Nos han dinamitado puentes y nos dicen que nosotros no tenemos nada que reclamar, que nuestra herencia está en África y solo somos buenos para sacar alquitrán y betún”, agrega el líder social. Y ante la pregunta de si ellos accederán y abandonarán el territorio, su respuesta es: “De aquí nos sacan, pero para el cementerio. De ninguna manera nos vamos a dejar de los indígenas”.

Un equipo periodístico de SEMANA fue testigo de las confrontaciones en esa zona del país. Indígenas que pusieron en marcha un plan para invadir la hacienda El Chimán, en zona rural de Guachené, se enfrentaron con machetes y piedras contra las comunidades afro que buscaban impedir esta acción. Era un campo abierto repleto de caña. De un lado, alrededor de 50 indígenas encapuchados con armas blancas de largo alcance, y del otro, unos 20 afrodescendientes igualmente con el rostro cubierto y los mismos elementos para defenderse.

A pesar de la mediación de la Policía, que estaba en el sitio, no hizo nada para impedir el avance de los invasores, la batalla campal inició como si se tratara de una disputa medieval. “Ellos (los negros) están siendo utilizados por la industria y nosotros no nos vamos a detener”, le dijo a SEMANA uno de los invasores.

Las comunidades afro, a pesar de no ser dueñas de muchos de los terrenos invadidos, sí han hecho del cultivo de caña su principal actividad económica. Es la caña la que ha jalonado el progreso de esa región y ellos, los negros, la han trabajado por al menos dos siglos. “Los indígenas quieren invadir no para darnos la tierra a nosotros, sino para quedársela ellos, entonces imagínese: nos estarían sentenciando al exterminio porque de qué vamos a vivir. Nuestros ancestros volvieron este terreno productivo y así hemos levantado generaciones completas”, dice otro de los líderes afro de la zona.

En estas disputas ya hay reportes de una docena de heridos, un puente dinamitado por los invasores, quienes manipulan artefactos explosivos caseros, asesinatos selectivos de al menos cinco miembros de consejos comunitarios afrodescendientes, y una sensación de que con el pasar de los días y la desidia del Gobierno nacional frente a este tema, todo puede empeorar.

El otro frente de batalla de esta nueva guerra corre por cuenta de los trabajadores de las industrias cañeras y campesinos que han montado una especie de puesto unificado para hacerles frente a los colectivos invasores que siempre operan en pequeños grupos en varios puntos.

Los trabajadores también se han enfrentado con los indígenas en confrontaciones que han durado hasta 12 horas. Allí, según videos aficionados, ha habido de todo: papas bomba, caucheras de fabricación manual capaces de lanzar piedras de gran tamaño, quemas, asaltos y asesinatos. “Nosotros estamos armados con machetes, palos y mucho valor, porque ellos (los indígenas) son muchos y siempre utilizan papas bomba y armas de fuego. Nosotros, por ahora, no tenemos armas de fuego, pero si es el caso, vamos a conseguirlas, porque si el Gobierno nacional no nos defiende, nos tocará hacerlo a nosotros. Los indígenas, desde la victoria de Petro, se creen los dueños del mundo y creen que todos debemos someternos a su justicia. Hoy les digo: no nos vamos a dejar y que pase lo que tenga que pasar”, dice uno de los líderes campesinos de la zona.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, señaló que a la fecha hay “5.009 hectáreas invadidas, 7.500 hectáreas afectadas, 71 predios afectados y más de 700 denuncias establecidas en la Fiscalía y estaciones de Policía. Esto ha implicado dejar de producir alrededor de 75.000 toneladas de azúcar”. La dirigente gremial agregó que, por cuenta de las invasiones, se han perdido 3.500 empleos. “Las afectaciones siguen creciendo, hemos hecho un llamado al Gobierno para que avancemos en la solicitud del cese de hostilidades, nosotros esperamos eso. Estas invasiones a la propiedad privada deben cesar y se debe hacer el resarcimiento de las áreas a los propietarios”, dijo Calero.

Como en cualquier confrontación, todos evitan dar el nombre y mostrar la cara, porque, según ellos, hay muertes relacionadas con este conflicto que han ocurrido en otros escenarios como casas, restaurantes y hasta en el parque principal de Caloto.

Los dueños legítimos de la tierra también están cansados. Marcelo Bermúdez, agricultor y propietario de predios sembrados con caña en el Cauca, dice: “Hemos recibido un ataque violento sobre nuestra economía. Y es una afectación que no queda ahí, sino que se va a los municipios donde nosotros pagamos impuestos, y en estos momentos están dejando de percibir ese dinero porque no tenemos plata. No tenemos con qué pagar el predial, ni las deudas que tenemos con los bancos”.

Y agrega: “Si esta situación persiste y el Gobierno insiste en no proteger nuestro derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, a la vida, a una protección decidida de nuestros derechos, vamos a llegar a un grado de violencia altísimo, porque ya los grupos no aguantan más, ya todos los días tenemos enfrentamientos entre los afros e indígenas o entre los trabajadores e indígenas”.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, ha visitado el Cauca en un par de ocasiones. Planteó mesas de diálogos y dio ultimátum de 48 horas a los indígenas para desalojar los predios invadidos. El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) respondió con un vehemente comunicado señalando que no acatarían ningún plazo y que seguirán invadiendo. Y así lo han hecho. En las últimas dos semanas ocuparon dos haciendas más.

Efectivamente, las autoridades no hicieron nada. La Policía no hizo desalojos y los invasores pudieron continuar con sus planes como si nada. Ante este reclamo generalizado de los dueños de la tierra, el general Henry Sanabria, director de la Policía, le dijo a SEMANA que hay desconocimiento de algunos comandantes, quienes están señalando que sin una orden presidencial no actúan.

“Hay una falta de conocimiento de algunos comandantes, porque la línea que ha dado el señor presidente y los ministros de Interior y Defensa es que tenemos que hacer cumplir la Constitución y la ley, y proteger la propiedad privada. La Policía es la llamada a cumplir con estos requerimientos”, señala el alto oficial. Y, de cierta manera, es consciente de que tras el 7 de agosto los intentos de invasiones se triplicaron. “Hemos atendido aproximadamente 72 intervenciones desde esa fecha”, aseguró.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, les dijo a los periodistas que, ante las invasiones, primero hay que dialogar. Y si no surte efecto, habrá protocolos de desalojo. Hasta hoy, no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. Los propietarios no entienden cómo tienen que sentarse a negociar sus tierras con los invasores.

SEMANA intentó dialogar con la ministra de Agricultura, Cecilia López, sobre este problema, pero no fue posible.

Un discurso peligroso

Las invasiones a gran escala en diferentes puntos de Colombia se agudizaron desde hace un año, cuando el discurso de que la “tierra no es de quien la posee, sino de quien la necesita” empezó a hacer eco en todos los rincones del país.

El entonces candidato Petro se refirió en varios escenarios a la lucha por la tierra y prometió en tarima, y con la agitación de quien se sabe querido por las masas, que en su gobierno los menos favorecidos tendrían la oportunidad de contar con grandes latifundios para convertir “la tierra improductiva en productiva”. Lo que no dijo en ese momento era cómo se diseñaría esta agresiva estrategia de empoderamiento, por lo que muchos pensaron que debían comenzar ya con las invasiones.

De hecho, a 20 minutos de Neiva existe un extenso terreno invadido al cual llamaron “Gustavo Petro”. Por otro lado, en La Virginia (Risaralda), un puñado de familias reclama como suyas más de 1.500 hectáreas de la finca Miralindo, que son propiedad de la Gobernación y un área protegida. SEMANA visitó ese asentamiento y de 60 cambuches, solo diez están habitados por familias. El resto son fachadas para reclamar, posteriormente, títulos sobre esa tierra. Aquí la invasión no es para vivir, sino para poseer terrenos. “Han quemado y dañado el ecosistema. Este es el único bosque seco que tenemos en Risaralda”, dice Julio César Gómez, director de Carder, la máxima autoridad ambiental de Risaralda.

Lo mismo ocurre en el Cesar, pero allí las cosas no son tan pacíficas como en Risaralda. Hay una bomba social a punto de estallar porque los dueños de la tierra ya se organizaron para patrullar armados y defender la propiedad privada. “Uno también tiene que defender lo que es de uno. Ojalá no le prendan tanto fuego al chocolate hasta que se derrame”, dice un ganadero del Cesar que desde hace más de un año trata de recuperar su predio invadido. Tiene un morral en el que siempre carga el certificado de libertad de que las haciendas El Silencio y San Martín, en Tamalameque, tienen dueño. Y que las reses que están muriendo en la carretera son suyas.

En varias ocasiones se ha enfrentado a los invasores, que sin ningún asomo de vergüenza le dicen en la cara que no abandonarán esas tierras porque todos esos terrenos fueron adquiridos de manera corrupta. Que ellos están ahí para hacer justicia, que no son invasores, sino liberadores.

Siempre están armados y en grupos grandes. Tienen palos y machetes, y ahora son quienes autorizan el paso de vehículos y personas por aquellos territorios, como lo presenció un equipo periodístico de este medio. Por su parte, algunos ganaderos contemplan también el uso de las armas para responder.

SEMANA tuvo acceso a pantallazos de un chat de propietarios de predios en los que se asegura: “Dios guarde y tome el control de todo. Se avizora desde ya la creación de un grupo de autodefensa que proteja y defienda nuestras propiedades”.

Y es que en Tamalameque vienen ocurriendo cosas extrañas desde hace diez meses. En ese periodo han sido asesinadas cuatro personas que formaban parte de esos procesos de invasión de tierra. Según denuncias ciudadanas, hay grupos armados organizados que están pescando en río revuelto y al ver el descontrol con la invasión de predios también quieren ser parte.

Aníbal Lozano, quien decía ser el dueño de más de 1.200 hectáreas en la Hacienda Calandaima, ubicada entre los municipios de Pailitas, Chimichagua y Tamalameque, fue asesinado mientras reclamaba por la ocupación ilegal de 150 familias en ese predio. Fue secuestrado y apareció muerto en Pailitas, al parecer, a manos del ELN. Las autoridades investigan por qué, dos días antes de un operativo de desalojo, en el mismo terreno aparecieron banderas de las disidencias de las Farc y hombres armados que dispararon con tiros de fusil y lanzaron granadas.

La muerte de Lozano, el pasado 6 de agosto, ha generado una ola de amenazas que involucra incluso a los alcaldes. Carlos Toro, mandatario de Pailitas, dice estar preocupado por la violencia que viene tras la invasión de tierras. En su municipio, la invasión no solo ocurre en predios privados, sino que involucra a los públicos también. En Pailitas hay una disputa entre los mismos invasores, porque hay personas que están sacando provecho económico de la venta de los terrenos invadidos.

Entre los invasores en esa zona del país aseguran que ha habido cuatro asesinatos de su gente (dos en Tamalameque y otros dos en San Martín, ambos en el Cesar). Las autoridades investigan, pero aún no entregan resultados.El alcalde de Tamalameque, Luis Hernando Lascarro Tafur, advierte que no hay lineamientos claros del Gobierno para defender la propiedad privada, lo que puede generar tragedias. “Va a colapsar Colombia, nos van a enfrentar a pobres y a ricos, y a todo el mundo, en este país”, dijo el mandatario, al sentirse maniatado sobre cómo actuar frente a las invasiones.

Cesar es el segundo departamento con más invasiones y el problema social que trae la disputa por las tierras. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, dice que las estructuras armadas detrás de estas invasiones “reclutan gente, incluso venezolanos indocumentados, para que invadan. Les pagan 60.000 pesos”.

La denuncia de Lafaurie no es descabellada. En El Bagre, Antioquia, un día aparecieron más de 1.600 personas de la nada, quienes fueron convocadas por WhatsApp e invadieron un extenso predio. En menos de cuatro meses formaron uno de los caseríos más grandes del municipio, con cambuches enumerados, calles amplias para transitar y hasta una cancha de fútbol. La organización en medio de la ilegalidad llamó la atención de las autoridades. Ellos ya no se reconocen como invasores, sino como dueños de esos terrenos, y no descartan expandirse a otros predios.

Así las cosas, esta ola de invasiones de tierra, exacerbada tras la victoria de Petro en las pasadas elecciones, tiene todos los elementos de una guerra: el incumplimiento de la ley, grupos radicales decididos a todo, propietarios desesperados por no perder su patrimonio, grupos armados que patrocinan la violencia y una inmensa desigualdad y pobreza. Mientras tanto, las autoridades no hacen nada.

Colombia, tristemente, empieza a escribir un capítulo que podría ser uno de los más sangrientos de su historia reciente. Es necesario que el Gobierno actúe ya.