Cali aumentó 97 % el número de homicidios, en medio de una guerra entre bandas criminales

El último mes y medio, Cali ha vivido días turbulentos. Sus calles se convirtieron en un teatro de guerra, en el cual protestantes, policías, miembros de la denominada primera línea, la minga indígena, civiles armados y criminales comunes estuvieron en medio del fuego cruzado. La ciudad se encuentra muy afectada, el comercio suma pérdidas calculadas en 1,5 billones de pesos, y la infraestructura pública fue vandalizada hasta dejarla, prácticamente, inoperable. El saldo más lamentable se cuenta en vidas perdidas.

Entre el 28 de abril y el 6 de junio, hubo 260 homicidios, un aumento del 97 por ciento frente a 2020, cuando murieron 132 personas. Detrás de estas crudas cifras, más allá de la protesta, hay un enfrentamiento de bandas dedicadas a las rentas criminales, narcotráfico y microtráfico. Las autoridades la han denominado una guerra a sangre y fuego entre pandillas.

Incluso, levantado el paro, continúan enfrentándose contra la policía y cometiendo actos vandálicos, como ocurrió este jueves en la noche con la quema de un bus del servicio integrado, un carro de gaseosas, y el ingreso de 15 hombres armados al Hospital Carlos Carmona intimidando a los médicos en busca de atención para un herido.

El alcalde Jorge Iván Ospina, quien en principio apoyó las protestas y ha tratado de negociar directamente con los manifestantes, reconoció que Cali está siendo víctima del embate de bandas criminales que se tomaron la juventud, una delincuencia difícil de identificar y controlar.

SEMANA conoció un informe de convergencia criminal que revela cómo se han multiplicado los homicidios, las amenazas, las extorsiones, los hurtos, las riñas, el microtráfico, el pago de peajes ilegales y hasta secuestros exprés para cobros y ajustes de cuentas entre las bandas. La investigación fue realizada por un equipo de expertos del Laboratorio de Criminología Táctica de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol.

Las cifras lo dejan claro. De los 260 homicidios ocurridos desde que se activó la protesta, 156 fueron cometidos por sicarios. Jóvenes al servicio de las pandillas matando a otros jóvenes, esa es la tragedia que refleja las cifras de violencia en Cali. El 23 por ciento (60) de los asesinados tenían antecedentes de homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Las escenas resultan aterradoras, los sicarios andan con armas a plena luz del día. No se trata solo de pistolas comunes, tienen armas traumáticas modificadas, fusiles y rifles automáticos. Cuentan con arsenales de alto poder, que también alquilan para cometer delitos.

Uno de esos homicidios no pasó inadvertido. Cali se vistió de luto con el asesinato de Hárold Angulo Vencé, conocido en el mundo artístico como Junior Jein, artista urbano considerado uno de los precursores de la salsa choke.

Su asesinato fue crudo. A las 11 y 50 de la noche del pasado domingo, llegó a una discoteca sobre la avenida Roosevelt para ofrecer un concierto. Apenas bajó de su camioneta, caminó unos pasos, y los sicarios abrieron fuego con un fusil R-15 calibre 5.56 y con una pistola 9 milímetros. Le dispararon hasta matarlo y huyeron. Trataron de burlar a las autoridades subiéndose a un árbol y escondiéndose en el follaje, pero ahí los descubrieron.

En la investigación se habla de una oficina de cobro contratada para realizar el crimen. Esto, porque el artista urbano no habría accedido a pagar una extorsión de 300 millones de pesos. La temida banda de los Espartanos estaría detrás del asesinato.

Según el informe, las muertes obedecen a un fenómeno de bandas criminales, pandillas, narcotráfico y microtráfico, que aprovecharon las protestas para ejecutar sus vendettas. El plan lo tienen bien estructurado a fin de que las muertes sean vinculadas a las protestas; y amenazan a familiares de los asesinados para que no denuncien. Así, uno tras otro, quedan en la impunidad.

En efecto, es una convergencia criminal que afecta a la capital del Valle y a cinco municipios vecinos: Jamundí, Roldanillo, Buenaventura, Tuluá y Santander de Quilichao. Está ligada a la producción de coca en el sur del país, y a las rutas de salida de droga por el puerto de Buenaventura. En síntesis, el coletazo del narcotráfico golpea sin piedad a Cali. En la ciudad han identificado 425 expendios de microtráfico; el 90 por ciento (382) causaron disputas, bloqueos y control de la comercialización de los estupefacientes.

Se trata de un negocio que se mueve con plata en efectivo. Eso explica la captura de dos personas que transportaban 1.000 millones de pesos en tres maletas, en un carro de baja gama con vidrios oscuros. Al ser descubiertos, su excusa fue imposible de creer: dijeron que eran conductores de aplicaciones de transporte y que un pasajero las había olvidado. En realidad, señalan las autoridades, sería dinero para financiar bloqueos. También se costean con peajes ilegales a vehículos y personas con la excusa de financiar las protestas. Así comenzaron, pero rápidamente pasaron del cobro de 500 pesos a montos de 10.000, 50.000, que dejaron de ser voluntarios y se convirtieron en exigencias violentas.

Los 64 GDCO (grupos delincuenciales comunes organizados) identificados, que se disputan los negocios ilegales, pretenden prolongar los bloqueos para sostener el control territorial. Aprovecharon para implementar varias estrategias, como la “saturación del servicio”, limitando la reacción de la Policía. Múltiples hechos violentos y bloqueos simultáneos colapsan la capacidad policial. Eso lo aprovechan para una confrontación directa con armas de fuego, como ocurre, sobre todo, en las noches.

Así lo explica el director de la Dijín, mayor general Fernando Murillo, quien advierte: “Los bloqueos, el vandalismo y demás expresiones delincuenciales en Cali tienen mucho que ver con una disputa por las rentas criminales del microtráfico. Hay combos, pandillas e, incluso, enclaves del narcotráfico que han aprovechado la crisis para cometer ajustes de cuentas y otros delitos que alimentan la atmósfera de violencia en la ciudad”.

Buena parte de la oleada violenta se debe a que el paro afectó este negocio criminal por la reducción de la producción y comercialización de drogas. Los bloqueos han impedido el tránsito de los insumos y de la misma cocaína. Básicamente, se han represado las casi 2 toneladas de droga que pasaban semanalmente, en promedio, en las rutas entre Cali y el Valle del Cauca, según la Dirección Antinarcóticos de la Policía. A lo que se suman incautaciones de más de 48 toneladas, por un valor superior a 201.000 millones de pesos, en 2021.

Esa mezcla delictiva pone a los jóvenes de Cali en la mira. En los bloqueos y fronteras invisibles son usados como campaneros para avisar quién entra sin autorización. Los ubican cerca de colegios y parques, en donde venden droga. Los reclutan desde niños para este conflicto urbano, que detonó paralelo a las protestas.

Las venganzas, homicidios y enfrentamientos se han concentrado en cinco puntos de la ciudad: Siloé, Paso del Comercio, Calipso, Puerto Rellena y Meléndez. Y sí, todos coinciden con las zonas donde se concentraron las protestas. Sin embargo, no se trata de un señalamiento al paro, sino de la prueba de la infiltración y la convergencia criminal aprovechada por los GDCO, que, bajo la sombra de la protesta, cometen actos delictivos. Esto se ha traducido en el vertiginoso aumento de los homicidios.