Piden investigación contra los funcionarios judiciales que dejaron libre al Lobo Feroz

El caso de Juan Carlos Sánchez, el hombre que abusó de más de 500 niños, no para de causar repercusiones desde que SEMANA lo reveló el domingo pasado. Este miércoles, Johanna Salamanca, la hija de Gilma Jiménez -la fallecida senadora que sostuvo las banderas de la cadena perpetua para los violadores de menores- anunció que interpuso una denuncia contra los funcionarios judiciales que, en su momento, participaron del proceso en el que el abusador quedó en libertad.

El 14 de marzo de 2008 las autoridades lo arrestaron en Barranquilla por acceso carnal abusivo y acto sexual con menor de 14 años. Desde 2005 se habían reportado más de 50 violaciones a menores de edad en esa ciudad y sus alrededores, y 6 de esas víctimas identificaron a Sánchez como su agresor. Pero en noviembre de ese mismo año, un juez lo dejó en libertad porque los términos de su proceso se vencieron. Desde entonces, los ataques del Lobo Feroz arreciaron y escalaron hasta la cifra de 500 víctimas. 

"Que se investigue a los funcionarios que lo dejaron en libertad por omisión (...) Puede ser el fiscal del proceso, o la juez que ordena la libertad. Aún no tenemos claridad de cómo sucedió eso", le dijo Salamanca a SEMANA. Mientras ella interponía la denuncia, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dio detalles de las investigaciones contra el violador serial. "En Barraquilla se hizo la imputación por un caso de acceso carnal abusivo. Desde 2008 empezó el juicio y estamos en 2018. Lamentablemente estos son los tiempos que toman estos largos procesos, y que impiden una acción más rápida de la justicia", expresó.  

Además, el jefe de la Fiscalía contó que una de las dificultades del proceso es que las víctimas y testigos no han querido hablar. "Los testigos no han comparecido al juicio, el sentido de responsablidad social se degrada y si no han comparecido, no hay condenas y no avanzan los procesos", aseguró.

Pero eso no significa que el ente investigador no tenga pruebas contundentes contra Sánchez. En un allanamiento que le hicieron a Héctor Farías, su cómplice y enlace en México para la distribución de pornografía infantil, las autoridades encontraron videos de 276 niños abusados por el Lobo Feroz. 

Las investigaciones de las autoridades mexicanas, y en especial de la Dijín de la Policía colombiana, condujeron al paradero del abusador en Venezuela, donde fue capturado en diciembre pasado. Ahora, la justicia colombiana está a la espera de que se concrete la extradición de Sánchez, para que sea juzgado en Colombia. 

"Hemos solicitado en el marco del convenio bolivariano, por conducto de la Cancillería, la extradición de Venezuela a Colombia para que responda ante las autoridades judiciales colombianas", explicó Martínez.  

Una vez en Colombia, el Lobo Feroz tendría que comparecer ante los procesos que tiene pendientes, y que le podrían acarrear las penas más altas de la justicia colombiana. "Hemos pedido desde el año 2016 la reconducción con la Policía de los testigos, para obligarlos a que asistan al proceso. Esto para decir que hoy no hay una condena en Colombia, pero sí tenemos procesos en curso", explicó el fiscal general.