Investigación del excongresista Edwin Ballesteros quedará en manos de la Fiscalía

Hace un mes, el exrepresentante a la Cámara Edwin Ballesteros renunció a su curul en la Cámara de Representantes tras ser vinculado formalmente a una investigación de la Corte Suprema de Justicia por posibles irregularidades cuando se desempeñó como gerente de la Esant, en Santander.

Al quedar sin el fuero, la Fiscalía acaba de confirmar que el caso del excongresista será asumido por el ente investigador.

Ballesteros tendrá que responder por su gestión como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant S. A.) y la firma de tres contratos entre 2014 y 2016. Uno de ellos fue suscrito con Ingream, en septiembre de 2014, por 1.188.804.830 pesos para el mantenimiento de alcantarillado.

Asimismo, en el proceso que se adelantó en la Corte Suprema también se investigaron posibles irregularidades en la construcción de dos acueductos en Chiapatá y Barichara. El caso fue llevado en la Corte Suprema de Justicia por el magistrado Héctor Alarcón, quien indagó por los contratos y la presunta vinculación de Ballesteros.

Este proceso se surte con relación al caso del exgobernador Richard Aguilar, quien también es investigado por la Fiscalía. El exsenador ya fue llamado a juicio por presunta corrupción en contratación.

Uno de los testimonios clave es el de Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, secretaria de Infraestructura de Santander en el periodo de Aguilar, y el de su esposo, Lenin Darío Pardo, que a su vez fue contratista de la Gobernación de Santander.

Toledo también está siendo procesada por los delitos de interés indebido de contratos y concierto para delinquir, mientras que Pardo tiene imputación por interés indebido de contratos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho por dar y favorecer.

Los testimonios de la exsecretaria y su esposo han sido fundamentales para el caso de Aguilar y ahora de Ballesteros. Ambos se comprometieron a revelar cómo el exgobernador y el exgerente de la Esant habrían participado de la celebración indebida de varios contratos.

Pardo contó cómo Ballesteros supuestamente intervino en esos procesos. “Octavio Reyes le dice a Julián Jaramillo que necesitaba que lo contactara con Richard Aguilar o que a través de alguno de nosotros le lleváramos la razón de que le devolviera los 600 millones de pesos que le había hecho llegar a través de su amigo Edwin Ballesteros, que necesitaba recuperarlo, en vista de que no le habían cumplido con las promesas que le habían hecho a cambio de ese compromiso económico”, reza en el expediente que tenía en su poder la Corte Suprema y ahora pasará a manos de la Fiscalía.

Pardo reconoció ante la justicia que en 2015 le entregaron a Ballesteros 600 millones de pesos que supuestamente iban para el exgobernador Richard Aguilar para posteriormente asignarle al contratista Octavio Reyes dos obras de alcantarillado a través de la Esant.

Otro de los contratos que deberá investigar la Fiscalía tiene fecha del 23 de febrero de 2015 por 474 millones de pesos, el cual estaba destinado para potabilizar una planta del departamento en el municipio de Enciso y el cual fue firmado con la unión temporal Enciso Potable.

El tercer contrato que tiene envuelto en líos judiciales al excongresista es uno del 4 de diciembre de 2015 con esta misma unión temporal por más de 4.000 millones de pesos para el sistema de acueducto en el municipio de Landázuri.