Investigación disciplinaria contra el ministro de Transporte, William Camargo, por revocar concesión portuaria del muelle 13 de Buenaventura

La Procuraduría le acaba de abrir una investigación disciplinaria al ministro de Transporte, William Camargo, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la revocatoria de la concesión portuaria del Muelle 13 en Buenaventura, la cual ya se le había adjudicado al Grupo Portuario S.A. La decisión la tomó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

La Sala de Instrucción Disciplinaria señaló que “además del ministro serán investigados la viceministra general (e) del ministerio de Hacienda y Crédito, Sandra Yolima Esguerra Castañeda; la viceministra de política y normalización ambiental (e) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación, Juan Miguel Gallego Acevedo; la vicepresidenta de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura, Carolina Jackeline Barbanti Mansilla; y el vicepresidente de Gestión Contractual y vicepresidente jurídico Ad Hoc de la ANI Gustavo Adolfo Salazar Herrán”.

Para el ente de control, los funcionarios mencionados en esta investigación disciplinaria al parecer pudieron violar el debido proceso en el trámite adelantado frente a la solicitud de modificación del contrato de la concesión del Muelle 13, desconociendo de antemano la preclusión de las etapas, la conformación del consejo directivo y la no participación en el trámite de recurso de reposición.

Con la acción del Ministerio Público se trata de verificar si existieron las presuntas irregularidades en el proceso, determinar si esas conductas clasifican como una falta disciplinaria y definir si los implicados tienen alguna responsabilidad detrás de este nuevo escándalo para el Gobierno de Gustavo Petro.

¿Cuál es el caso de la revocatoria de la concesión del Muelle 13 en Buenaventura?

En enero de 2024 la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reverso la resolución que le otorgó al Grupo Portuario, cuyo principal accionista es la empresa Ventura Group, la concesión del Muelle 13 del Puerto de Buenaventura hasta 2045. Lo curioso fue que todo se desató en menos de 15 días.

Al principio la ANI le había aceptado una solicitud para que el Grupo Portuario extendiera su operación por 20 años más en ese muelle en el Valle del Cauca, pero días después apareció una nueva resolución que les revocó la medida anterior argumentando motivos ambientales.

Pero ante la repentina decisión, Ventura Group alegó que perdieron tiempo y recursos pensando que seguirían con la operación por más tiempo y terminaron llevando el caso hasta el Tribunal de Cundinamarca. Sin embargo, la justicia determinó la “improcedencia de la demanda presentada por el Grupo Portuario S.A. contra la Agencia Nacional de Infraestructura”.

Aunque los argumentos del demandante fueron considerados por el Tribunal, los magistrados manifestaron que revisaron que si la ANI incumplió las normas jurídicas que le endilga el demandante y estableció que “lo que aquí se reclama versa sobre una actuación administrativa o trámite contractual particular, que tiene un procedimiento especial que requiere el agotamiento de todas las etapas legales y reglamentarias establecidas”.

“La controversia planteada reviste una discusión de legalidad de la actuación de la ANI, al declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo, lo cual debe ser ventilado mediante medios de control como la nulidad simple o la nulidad y restablecimiento del derecho, ya que la presunción de legalidad de los mismos continúa incólume, pese a que uno de ellos no se encuentre vigente”, citó el fallo.

Pero ahora el lío es como ocurrió con la licitación de los pasaportes, la cual terminó con una investigación disciplinaria contra el suspendido canciller Álvaro Leyva, por declarar desierta la licitación que ya se le había entregado a Thomas Greg & Sons y después declarar una urgencia manifiesta para continuar con el servicio de elaboración de pasaportes; ahora es el ministro de Transporte, William Camargo, el que tiene encima la lupa de la Procuraduría por la revocatoria irregular que se habría presentado en la concesión del Muelle 13.