Investigación: ¿Por qué están matando a los excombatientes de las Farc?

Yolanda Zabala, una joven de 22 años que hacía parte del proceso de reincorporación en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Plancha, en Anorí, decidió viajar con su hermana menor de edad a la vereda Travesías, del municipio de Briceño, Antioquia, para celebrar el fin de año. Allí, un hombre les disparó sin piedad varias veces a las dos mujeres. Esa misma madrugada del viernes primero de enero perdieron la vida.

La noche siguiente, a más de 1.000 kilómetros, en Cartagena del Chaira, Caquetá, sobre las diez de la noche fue asesinado otro reincorporado de las Farc, se trataba de Duván Galíndez. Estaba con su pareja en un restaurante cuando llegó un hombre que lo obligó a salir del establecimiento y le propinó tres disparos. Antes de terminar la primera semana del año se conoció el asesinato de Cristian Ramírez, de 30 años, ocurrido en la comuna 18 de Cali. Luego, el 11 de enero, Giovani Claro, de 38 años, murió en medio de un enfrentamiento entre disidencias del frente 33 de las Farc y Los Pelusos ocurrido en Convención, Norte de Santander. Trece días después fue abaleado José Alexander Quiñones en Tumaco.

Al final de enero ya eran cinco excombatientes asesinados, que se suman a los 250 homicidios ocurridos, según el partido Comunes, desde 2016. Una cifra ligeramente superior a la del Gobierno, que da cuenta de 240 muertes. La diferencia entre ambos registros radica en que el conteo hecho por el Estado comenzó en 2017, cuando se implementaron los acuerdos.

El congresista Carlos Antonio Lozada, del partido Comunes, asegura que ser firmantes de la paz se “convierte en una condena y objeto seguro de un intento de homicidio por el discurso estigmatizante del presidente de la república”. Para el senador se estaría repitiendo la historia de la Unión Patriótica. Sin embargo, esa afirmación la desmiente el Gobierno y asegura que solo en uno de los casos (el de Dimar Torres, ocurrido en el Catatumbo en 2019) de los más de 200 homicidios registrados hubo presencia de agentes del Estado.

Esta grave situación de seguridad para los excombatientes ha generado las siguientes preguntas: ¿quién los está matando? ¿Por qué? ¿Se debe su muerte al hecho de que son excombatientes o hay otros motivos?

SEMANA consultó múltiples fuentes para responder esos cuestionamientos y encontró que esa triste realidad es más compleja de lo que se pensaba. Las causas por las que asesinan a los reincorporados no solo incluyen su calidad de exmiembros de la guerrilla, sino ajustes de cuentas, rencillas y presunta participación en actividades criminales. Esa información sale de los 148 casos con avances significativos en su esclarecimiento.

Con sorpresa, las sentencias condenatorias proferidas por jueces de la república muestran que un porcentaje importante de esas afectaciones obedecen a ajustes de cuentas por temas de estupefacientes y nexos con estructuras criminales. Como en el caso registrado el 2 de agosto de 2018, en el que diez personas, entre ellas algunos excombatientes de las Farc, como Argelino Ortega, Emiro Ramírez, Arides y Jhon Jaime Sanabria, fueron asesinados mientras departían en un billar en El Tarra, Norte de Santander.

Tras más de un año de investigación, la Fiscalía anunció que todos los responsables de la masacre fueron capturados y judicializados. En medio de las pruebas compiladas se estableció que los cuatro exintegrantes de las Farc estaban negociando base de coca. Algo similar sucedió con Mauricio Castañeda, de 24 años, a quien sicarios lo ultimaron, presuntamente, por una pérdida de dinero perteneciente a un grupo residual.

SEMANA le preguntó a Pastor Alape sobre este tema y respondió: “Es que cuando no hay presencia del Estado aparecen una serie de actores que están en la ilegalidad y no hay otra posibilidad de sobrevivencia, entonces la oferta es la del crimen”. Por su parte, Lozada manifestó que en Colombia no existe la pena de muerte y que la responsabilidad del Gobierno es garantizar la protección de todas las vidas.

Al revisar las cifras oficiales, se observa que desde 2017 se han denunciado 39 tentativas de homicidio a excombatientes y 15 desapariciones forzadas. Se reporta que 55 familiares de exguerrilleros han sido victimizados: 49 por homicidio, cinco más sufrieron atentados y una fue reportada como desaparecida. Según las estadísticas de las autoridades, 67 por ciento de estos casos, es decir 37 de ellos, tienen avances significativos en las investigaciones.

Las autoridades también han logrado determinar que muchos de los homicidios de excombatientes se dan en medio de otras situaciones que no tienen que ver con su condición. Por ejemplo, cuatro casos ocurrieron en medio de hurtos y 24 por riñas. Así mismo, la información examinada por SEMANA arroja que, para las autoridades, los hechos en los que las muertes de reincorporados se habrían dado por su labor de liderazgo (como sucedió con Jorge Enrique Corredor, excomandante del frente 21) son contados con los dedos de las manos. De igual manera, se sabe que dos homicidios de excombatientes se dieron en Peque, Antioquia, mientras realizaban política y el de Wilson Saavedra en el sur del Tolima, en mayo de 2019.

Pero a diferencia de la población en general, las investigaciones por delitos cometidos en contra de los reincorporados avanzan mucho más rápido que la de cualquier otro colombiano, por una razón. Desde los acuerdos de paz se estableció que habría un grupo especial de investigadores y fiscales. Cada vez que sucede un crimen, este grupo atiende personalmente los casos y esas carpetas no se suman a las miles que reposan en los escritorios de un fiscal común.

Los líderes de Comunes le exigen al Gobierno que les brinde la seguridad necesaria. Y aseguran que lo que han recibido es el debilitamiento de sus esquemas de protección, otorgados por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Si bien Alape afirma que no le han reducido su esquema, sí dice que le han disminuido los viáticos y los viajes. Frente a esos reclamos, el director de la UNP, Alfonso Campo, aclaró que en ningún momento se ha visto afectado el porcentaje del presupuesto entregado para la seguridad.

Mientras los reincorporados de las Farc obtienen más de 79 por ciento de los recursos totales para viáticos de la UNP, el resto de los colombianos que necesitan protección reciben 20,81 por ciento. Campo aclaró que el presupuesto general de viáticos se ha reducido debido a la crisis de la pandemia.

SEMANA consultó con otras fuentes para indagar los valores reales del presupuesto de la UNP en gastos de viáticos a los protegidos y encontró que la diferencia del gasto de los esquemas de seguridad de los excombatientes con las del resto de protegidos del país (líderes sociales, políticos, periodistas y sindicalistas, entre otros) es abismal.

En 2020, el presupuesto ejecutado en viáticos para exguerrilleros fue de 17.681 millones de pesos, mientras que para el resto de las personas el gasto ascendió a 4.647 millones de pesos. Aunque desconoce esas cifras, el congresista Lozada dice que lo que cuesta la seguridad de los excombatientes es mucho menor de lo que se gastaba en la guerra: “Lo que invertía el Estado por 15 días de guerra podría equivaler a lo que cuesta la seguridad nuestra de un año”.

Según las entidades nacionales, hoy más de 3.799 personas son beneficiadas con medidas de protección que van desde un botón de pánico y un chaleco antibalas, hasta vehículos y personal para esquemas individuales y colectivos. Dichas medidas son evaluadas en una mesa técnica en la que participan delegados de los excombatientes para hacer un estudio de quiénes de su población requieren ese apoyo.

Por estas razones, el Gobierno nacional considera que es injusto pensar que hay negligencia del Estado para proteger a los reincorporados y asegura que en este año serán contratados 686 excombatientes más para fortalecer los esquemas de seguridad de dicha población.

Por otro lado, expertos del conflicto aseguran que, si bien hay que rechazar enérgicamente los asesinatos de excombatientes, el análisis frío de las cifras arroja que estos no alcanzan a ser el 3 por ciento de las 13.202 personas se acogieron al acuerdo; 70 por ciento menos de los homicidios de reinsertados de las Autodefensas Unidades de Colombia, que ascendieron alrededor de 342 durante los primeros cuatro años del proceso de sometimiento. En lo que sí coinciden todas las partes es que la meta debe ser cero muertes violentas de excombatientes y que algún día puedan caminar libremente sin temor a que los vayan a matar o sin esquemas de protección. Ese es el deseo y derecho que tiene cualquier colombiano sin importar el grupo social al que pertenezca.