El general en su laberinto: los secretos de la cacería que involucra al comandante del Ejército

Las misiones tenían dos nombres clave: Mercurio 146 y Malaquía, radicadas bajo las órdenes de operación 176 y 075 con vigencia entre el 20 y 23 de mayo de 2019. El Ejército Nacional utilizó esos dos documentos para legalizar el trabajo de una docena de militares de contrainteligencia encargados de comenzar una cacería en la propia institución, y en los medios, con el fin de dar con los responsables de contar graves irregularidades.

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Esos documentos forman solo una parte de los hallazgos de la Procuraduría General. Hacen parte del arsenal de evidencias con que el Ministerio Público formuló pliego de cargos al general Eduardo Quirós, hasta hace pocas semanas a cargo del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim), así como contra el segundo de esa unidad, el teniente coronel William Roberto Medina. Los oficiales tendrán que enfrentar un proceso señalados de cometer “faltas gravísimas”, que implican una sanción de más de diez años.

No es menos grave que esa investigación, como aparece en el pliego de cargos, deja en evidencia que el actual comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, ordenó realizar esa “cacería”. Él ha negado insistentemente a la opinión pública que hayan desarrollado alguna actividad de contrainteligencia para cazar informantes y fuentes de los medios. Sin embargo, los testimonios y nuevas evidencias demuestran otra cosa.

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El caso también menciona al comandante de la Segunda División del Ejército, general Mauricio Moreno. De acuerdo con el escrito de la Procuraduría, él mismo acepta que gente de contrainteligencia se desplazó a Bucaramanga a realizar varias actividades. Aunque advierte que nunca conoció detalles, contó que recibió la orden del propio comandante del Ejército. Lo cierto del caso es que Moreno negó públicamente que en la sede de su unidad militar efectuaron parte de esas actividades de persecución y presión para dar con los militares que contaban los problemas de derechos humanos y corrupción en las filas. Hoy queda claro que sí hubo una operación de cacería en su división. 

La cacería en el Ejército

La investigación de la Procuraduría que hoy tiene contra las cuerdas al exjefe de contrainteligencia militar, y deja muy mal parado al comandante del Ejército, comenzó a raíz de un artículo de SEMANA publicado el 7 de julio con el título ‘Operación Silencio’. Ese texto contaba cómo un grupo de militares y sus familias sufrían amenazas y seguimientos. Algunos por haber revelado los polémicos formatos en los que ordenaban a las unidades duplicar los resultados, incluidas las bajas en combate, lo que podía llevar a la macabra práctica del pasado conocida como falsos positivos, divulgados inicialmente por el diario estadounidense The New York Times el 18 de mayo. Otros por denunciar gravísimos casos de corrupción, como los revelados por SEMANA que terminaron con la salida del Ejército de cinco generales, uno de ellos preso, y otros nueve militares más tras las rejas por esos hechos.

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Esta revista reveló un episodio de esa cacería en el que citaron a 15 uniformados, con diferentes disculpas, a la sede de la Segunda División en Bucaramanga el 22 de mayo. Al llegar descubrieron que un grupo grande de integrantes de contrainteligencia, comandados por el general Quirós, iban a realizar una serie de polígrafos y entrevistas con el fin de presionar confesiones y buscar culpables. “Esto es falso. No he ordenado adelantar ninguna actividad de inteligencia o contrainteligencia en relación al tema de su pregunta”, respondió el general Martínez a SEMANA el 6 de julio, al preguntarle si había ordenado o sabía de esas actividades de Quirós. Ha mantenido esa versión ante otros medios desde entonces, pero la investigación demuestra todo lo contrario.

“El despacho también escuchó el testimonio del brigadier general MAURICIO MORENO RODRÍGUEZ quien aseguró que, a efectos de poder llevar a cabo una reunión de los comandantes de brigada y división, recibió la instrucción del Comandante del Ejército de requerir el apoyo del General QUIRÓS”, dice uno de los apartes del pliego de cargos de la Procuraduría. En su declaración el general Moreno reconoció haber recibido instrucciones del general Martínez, algo que hasta ahora los dos han negado con insistencia, así como la presencia de Quirós en Bucaramanga.

La Procuraduría consideró que las actuaciones del brigadier general c, exjefe de contra inteligencia, tienen el carácter de ‘faltas gravísimas’.

 “De lo que no cabe duda es que para el día 22 de mayo del año en curso se desarrolló, en la sede de la citada unidad (Segunda División en Bucaramanga), una reunión a la que asistieron todos los comandantes adscritos a ella pero, paralelamente y de manera independiente, el grupo comandado por el general EDUARDO QUIRÓS CHAPARRO se dedicó a una actividad ajena a la que demandaba la misión oficial que él mismo había dispuesto, cual fue convocar a un personal para someterlos a pruebas de diferente naturaleza en aras de lograr establecer quién de ellos pudo ser el que filtró a la prensa situaciones presuntamente irregulares, protagonizadas por mandos superiores del Ejército, y que fueron publicadas por The New York Times, la revista SEMANA y replicada por sendos medios de comunicación del país en días cercanos a esa fecha. De la verdadera actividad desarrollada por el personal orgánico del CACIM no sólo dan cuenta algunos de los que fueron objeto de entrevistas y revisión de sus teléfonos móviles, sino también por quien para entonces era el comandante del Batallón a cargo de los poligrafistas…”, dice otro de los apartes de la decisión de la Procuraduría. Allí queda en evidencia que la cacería sí existió, a diferencia de que lo que han intentado negar el comandante del Ejército y los generales Moreno y Quirós, entre otros.

 “…estas entrevistas eran diferentes porque no iban a dejar huellas de esas entrevistas pues simplemente el entrevistador estaba tomando nota y me estaba preguntado por temas específicos, usted por ejemplo usted cuándo leyó el artículo del New York Times, quiénes pudieron haber filtrado información al ‘New York Times’, esto es una orden del comandante del Ejército, recuerde que la noche anterior, me dice el entrevistador, mi general ya dio las indicaciones de que tenemos que agotar hasta los últimos recursos para averiguar quiénes fueron los que filtraron esa información”. Este es un aparte del testimonio que recibió la Procuraduría de uno de los militares sometidos a presiones y llevado con engaños a la Segunda División para efectuarle entrevistas y pruebas de polígrafo. A lo largo de las 61 páginas del documento del Ministerio Público, varias declaraciones de este estilo dejan en claro que hubo una cacería y que los altos mandos del Ejército, comenzando por su comandante, estaban al tanto de la situación.

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 “…Mi coronel ya tuvimos una reunión con mi coronel MEDINA (segundo comandante de Cacim) y con mi general QUIRÓS (comandante del Cacim), ya recibimos una orden, vamos a alistar unas salas de poligrafía, y solicito me asigne control de calidad, entonces yo le dije: XXXX necesito el requerimiento para que quede el soporte de la trazabilidad, se acuerdan que el requerimiento es lo que inicia, entonces me dijo: mi coronel es que aquí estamos para pasar por lo de la situación que salió en el periódico The New York Times, entonces le dije: XXXX no me cuente nada más, no me diga quiénes son ni cuántas personas, no le asigno control de calidad y no me llame a nadie en el Batallón porque no quiero tener alguna situación especial o fuga de información con respecto a esos exámenes, entonces inmediatamente le colgué, llamé al teniente XXXX, que era el tres mío y le di la orden que no le asignara control de calidad a esos poligrafistas que estaban en Bucaramanga”. En esta otra declaración ante la Procuraduría, un coronel les contó a los investigadores más detalles sobre la cacería y las pruebas de polígrafo que según afirma hasta hoy el comandante del Ejército, no existieron.

La Procuraduría también confirmó en el documento las denuncias de SEMANA. Hubo una cacería y una operación para efectuarla, tapar y negar eso. “…Se empieza a develar que la citada misión, en los términos que fue concebida tenía un trasfondo distinto, es decir, formalmente se le dio una connotación pero materialmente encerraba una finalidad específica y diversa”, dice uno de los apartes del documento. Afirma que Quirós ordenó las misiones Mercurio y Malaquía supuestamente para realizar actividades de control de fuga de información hacia grupos ilegales, pero que en realidad eran para cazar a quienes estaban denunciando. “El mayor XXXX aseguró que el General QUIRÓS llegó a Bucaramanga y las órdenes que dio giraron en torno a detectar la fuga de información por razón de las publicaciones que salieron en la Revista Semana”, contó otro militar.

Esa cacería no solo buscaba a quienes entregaron y recibieron la información relacionada con los polémicos formatos que ordenaban duplicar los resultados, retirados posteriormente por el comandante del Ejército debido al escándalo desatado al salir al público. A los generales Martínez y Quirós también les preocupaba, entre otras cosas, era que la opinión conociera lo que ocurrió en una reunión en la sede de la Brigada 30, con sede en Cúcuta, el sábado 26 de enero.

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Esta reunión del 26 de enero en la Brigada 30 en Cúcuta está bajo la lupa porque, supuestamente, allí hablaron de alianzas del Ejército y grupos criminales para combatir al ELN. Asistieron 15 oficiales, entre ellos el general Diego Villegas (1), el general Mauricio Moreno (2) y el coronel Rodolfo Morales (3).

“Explica que en el primer piso de la Segunda División les prestaron un auditorio pequeño y allí el sargento XXXX y otro suboficial a mando del Coronel Medina estaban haciendo entrevistas, tomaban nota en una hoja blanca, preguntaban qué temas trataron en la reunión de Cúcuta y de si escucharon de algún general u oficial que diera órdenes ilegales”, dice una de las declaraciones de un coronel.

 “…De acuerdo a lo que nos expresó mi general (QUIRÓS) era que había llegado una orden del comando superior donde ordenaban verificar todo el personal que había estado asistente en una reunión que había habido en Cúcuta, que les iban a hacer una entrevista, le iban a inspeccionar los celulares, se iban a hacer unas pruebas de poligrafía para verificar de dónde se había fugado una información…en ese orden de ideas pues mandaron a llamar a todos los que habíamos asistido a esa reunión, entonces yo ahí entendí por qué yo estaba allá”, dijo otro oficial.   

 La inquietud por evitar que saliera a la luz lo dicho en esa reunión en Cúcuta estaba justificada. Allí asistieron el comandante de la Segunda División, general Moreno, el comandante de la Brigada 30 y otros 14 oficiales. SEMANA tiene en su poder las fotos de esa ocasión (ver arriba), de la cual existe un audio. También habló con siete de los asistentes, quienes coincidieron en confirmar los detalles de esa cita y en particular, en recordar con asombro una frase que los dejó marcados. “El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los Pelusos nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso”. De acuerdo con los militares, presuntamente el comandante de la fuerza de tarea Vulcano, general Diego Villegas, habría pronunciado la polémica frase. “En relación con la reunión de Cúcuta explicó que la presidió el general VILLEGAS y lo que se quería con ella era tener todo el componente de inteligencia reunido para que trabajaran en conjunto con el fin de proteger la zona del Catatumbo”, afirma uno de los apartes del pliego de cargos citando la declaración que sobre ese tema entregaron al ministerio público varios militares.

La opinión pública recuerda a Villegas porque pidió perdón por el asesinato en el Catatumbo, a manos de sus hombres, del desmovilizado de las Farc Dimar Torres, a finales de abril. Dos meses antes había tenido lugar la controvertida reunión en la brigada 30 en Cúcuta.

En el pliego de cargos contra el general Quirós aparece la referencia a ese episodio de Villegas. Pero no ahonda en esto pues hay otra investigación concreta contra este oficial para determinar el alcance de sus declaraciones en Cúcuta.

El procurador Fernando Carrillo ordenó investigaciones contra varios generales.

A Quirós también lo recuerda el país por haber ofrecido a sus hombres de contrainteligencia 100 millones de pesos de recompensa a quien le llevara información sobre quiénes estaban entregando información a la prensa, como lo reveló SEMANA en su edición titulada ‘Ovejas Negras’, el 8 de julio. Pocos días después y ante el escándalo, tuvo que pasar a un puesto administrativo desde donde deberá enfrentar las graves acusaciones que le formuló la Procuraduría.

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Los líos del general Moreno, relacionado en la cacería de militares

SEMANA revela las denuncias de corrupción contra el general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División. Se trata de uno de los oficiales mencionados en la cacería que el Ejército desató contra sus propios soldados.

El presente del brigadier general Mauricio Moreno parece tormentoso, pero su pasado no se queda atrás. El comandante de la Segunda División está en el ojo del huracán por cuenta de la cacería que el Ejército desató contra sus propios miembros, en la que está involucrada su unidad militar. Además, el oriente del país, la región bajo su jurisdicción, que incluye Norte de Santander, Santander y Arauca, es una de las más difíciles. Justo en el Catatumbo, parte de su teatro de operaciones, ocurrió el escandaloso asesinato del excombatiente Dimar Torres a manos de un soldado. Para completar, el alto oficial arrastra, desde antes de su llegada a esa comandancia, varias denuncias de sus propios subalternos que lo relacionan con supuestos casos de corrupción. Estos van desde el desvío de recursos hasta la complicidad con criminales.

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En medio del escándalo por la cacería que el Ejército desató contra los militares que denunciaron irregularidades en la institución, el nombre de Moreno salió a flote. Esto porque precisamente en la sede de la Segunda División, como reveló SEMANA, la contrainteligencia del Ejército reunió a varios oficiales para someterlos a procedimientos irregulares y pruebas de polígrafo a fin de identificar a las fuentes que filtraban información a los medios (ver: El general en su laberinto). En su momento, Moreno negó esos procedimientos que, finalmente, la Procuraduría comprobó.

Moreno, además, estuvo presente en una reunión en Cúcuta, en febrero pasado, en la que otro oficial, el general Diego Villegas, habló incluso de alianzas de los uniformados con grupos criminales (ver artículo anterior). La fotografía de ese encuentro, revelada por SEMANA en esta edición, prueba su presencia allí. Y su firma también aparece en uno de los polémicos formatos diligenciados por pedido del Comando del Ejército, que comprometen a los oficiales para doblar los resultados, incluyendo bajas, en su zona de operaciones.

Para completar el panorama, la jurisdicción a su cargo ha sido una de las más golpeadas por el crimen. Y la zona, el nororiente, tampoco ha levantado cabeza bajo su comandancia. Solo en Catatumbo, más de 40.000 personas se han desplazado en los últimos tres años, de acuerdo con la Unidad para las Víctimas; la Fiscalía investiga más de 180 desapariciones y tiene una tasa de homicidios tres veces más alta que el resto del país. Además, la Segunda División quedó en la picota cuando el país se enteró de que un cabo del Ejército asesinó al excombatiente de las Farc Dimar Torres y quiso presentarlo como un guerrillero del ELN.

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En cuanto al pasado de Moreno, SEMANA conoció los testimonios de varios militares que estuvieron bajo su mando en el cargo anterior, entre diciembre de 2016 y julio de 2018, cuando lideraba la Fuerza de Tarea Titán, que opera en Chocó. Estas declaraciones reposan en los expedientes de la Fiscalía y la Procuraduría. En una de ellas, un militar se refiere a una partida de combustible que rondaría los 1.500 millones de pesos, destinada a esa unidad. Y denuncia irregularidades en la legalización de esos recursos. Una buena tajada se habría perdido, afirma el militar, para quedar en manos de sus superiores. Todo, dice, por orden de Moreno.

“La partida se la pusieron a mi general del Ministerio de Defensa. Automáticamente, la traspasan a la Infantería de Marina en bahía Málaga y ellos se encargan de formalizarla, pero 600 millones creo que fue quedan aquí. O sea, la traspasan, pero no la traspasan completa. Ellos la legalizan, pero queda un combustible supuestamente dizque para apoyos en operaciones… supuestamente… Lo digo porque yo fui hasta bahía Málaga para que se hicieran todos los documentos”.

Otros dos militares aseguraron, en declaraciones separadas, que Moreno, junto con un coronel, se habría reunido en privado con personas dedicadas a la minería ilegal para exigirles beneficios económicos a cambio de permitirles seguir extrayendo recursos en el departamento. Ese mismo coronel, según otros dos testimonios, trabajaba tan de cerca con esos grupos delincuenciales que ordenó que las tropas les devolvieran alrededor de 10.000 galones de gasolina que les habían incautado en el río Atrato.

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SEMANA se comunicó el viernes en la mañana con el Ejército para conocer su versión sobre estos señalamientos. Al cierre de esta edición la revista no había recibido respuesta alguna sobre los cuestionamientos. A las 9:40 de la noche, el general Moreno contestó que no tuvo "las facultades para interferir en la ejecución de las partidas de combustible de esa Unidad" mientras fue comandante de la Fuerza de Tarea Titán y que "nunca participó en encuentros con grupos ilegales".

Revista SEMANA reproduce las respuestas en su totalidad: 

SEMANA.: ¿Hubo algún tipo de irregularidades en el manejo de las partidas de combustible de la Fuerza de Tarea Titán cuando usted comandaba esa unidad? Hay militares que denuncian que al menos una de estas partidas que usted recibió en esa comandancia se legalizó irregularmente y los recursos terminaron en manos de oficiales. ¿Cuál es su respuesta a esos señalamientos?

General Mauricio Moreno.: No he tenido conocimiento de ninguna denuncia ni he sido notificado de alguna investigación que se adelante en mi contra, quiero resaltar que durante el tiempo que fui orgánico de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán no me desempeñé como jefe de proyecto, supervisor, ni ordenador del gasto, razón por la cual no tuve las facultades para interferir en la ejecución de las partidas de combustible de esa Unidad.

SEMANA.: ¿Tuvo algún tipo de relación o reunión con grupos dedicados a la minería ilegal cuando comandó la Fuerza de Tarea Titán? Hay militares que denuncian que bajo su mando hubo permisividad, a cambio de recibir pagos, con personas dedicadas a esta actividad ilegal. ¿Cuál es su respuesta a esos señalamientos?

G.M.M.: Durante mi permanencia en la Fuerza de Tarea Titan tuve reuniones con gremios, representantes del sector minero y comerciantes, en los consejos de seguridad convocados por las entidades gubernamentales y otras se realizaron en la Unidad Militar, en las cuales nunca participaron grupos ilegales.

Estas reuniones se realizaron para coordinar un trabajo interagencial con la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Cuerpo Técnico de Investigación, sirviendo de soporte para el planeamiento de operaciones militares que permitieron aumentar las estadísticas relacionadas con la desarticulación de varios centros de explotación ilícita de yacimientos mineros.

Como lo indiqué en la respuesta anterior, nunca he sido notificado de ninguna investigación en mi contra por vínculos con grupos al margen de la ley.