General Atehortúa, en la mira de la Procuraduría y la Contraloría

Una importante notificación de la Contraloría General llegó recientemente al despacho del general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional. En esta, Sebastián Montoya, delegado del sector de defensa y seguridad, le reportaba el hallazgo de un  posible detrimento patrimonial de 5.364 millones de pesos en la construcción de 51 casas fiscales en San Luis, Tolima, destinadas al personal de la Escuela Nacional de Operaciones Policiales. Ese proyecto inconcluso ha perseguido al general Atehortúa en sus últimos cargos, justo cuando escalaba las más altas posiciones de la cúpula policial. Hoy, ya convertido en un escándalo, tiene en la cuerda floja a quien dirige la Policía Nacional desde hace un año y medio.

El proceso comenzó en diciembre de 2012, cuando el Fondo Rotatorio de la Policía celebró dos contratos para llevar a cabo el proyecto. El primero, por 6.697 millones de pesos, con la firma Socar Ingeniería Ltda., para que construyera las casas fiscales. El segundo, por 302 millones, amparaba la interventoría pactada con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En la notificación que la Contraloría le envió esta semana al general Atehortúa se percibe que, de entrada, había situaciones llamativas. El acta de inicio del proyecto se suscribió el 27 de diciembre de 2012, y fijaba la entrega para el 31 de diciembre. Es decir, daba cuatro días para levantar 51 casas. 

A continuación vino, según el documento de la Contraloría, una serie de prórrogas en los contratos que llegaron hasta agosto de 2014. La mala planeación del proyecto hizo que no se ajustara a las fechas y condiciones de desembolso de los recursos, por lo que la iniciativa quedó desfinanciada. Ante los incumplimientos, el Fondo Rotatorio liquidó unilateralmente el contrato. De acuerdo con un informe de un ingeniero civil de la Contraloría, de ese proyecto hoy quedan casas inhabitables con varios grados de avance: algunas en obra negra, otras en obra blanca o sea casi terminadas, pero sin sanitarios o muebles para la cocina. Y otras más en un grado intermedio. Además, no tienen servicios públicos ni vías de acceso. 

El general Atehortúa tuvo que ver con el caso por primera vez en 2015, cuando dirigía el Fondo Rotatorio. Según la Procuraduría, que lo llamó a juicio disciplinario el 10 de marzo, el general pudo haber incurrido en una falta gravísima, al “haber faltado probablemente a su deber de adelantar la revisión de obra y velar por la buena calidad del objeto contratado”. El Ministerio Público señala que el general firmó, en julio de 2015, un acta de satisfacción por las primeras casas entregadas, aunque estas tenían daños en sus estructuras, y carecían de servicios públicos. El general ha dicho en su defensa que él liquidó el contrato al ver los incumplimientos. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes de la Procuraduría, los investigadores tienen un arsenal probatorio importante. Tanto que lo llamó directamente a juicio disciplinario.

Fernando Carrillo, procurador general. La Procuraduría imputó al general Atehortúa por cuatro faltas disciplinarias, entre graves y gravísimas, en las que habría incurrido no solo alrededor del contrato de las casas fiscales de San Luis, sino también en las pesquisas internas sobre las irregularidades presentadas en ese caso.

A comienzos de 2018 nombraron a Atehortúa inspector general de la Policía y allí le volvió a llegar el caso. Esta vez en forma de una auditoría interna que revelaba las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto en San Luis. El entonces director de la Policía, general Jorge Nieto, le pidió al inspector Atehortúa ordenar una investigación por el caso. Finalmente, un oficial de la inspección abrió el procedimiento. Atehortúa no intervino directamente, pero la Procuraduría ve como una posible falta gravísima que el general no se hubiera declarado impedido en ese proceso, al cual estaba vinculado por su paso por el Fondo Rotatorio. 

Pero los señalamientos más graves por los que la Procuraduría investiga al general corresponden a supuestos hechos que habrían ocurrido cuando Atehortúa ya era el director de la Policía, cargo al que llegó en diciembre de 2018. De acuerdo con el ente, el general acudió a un capitán de la inspección de la Policía “para que verificara la actuación adelantada en el proceso por la construcción de las viviendas fiscales, y le suministrara una línea de tiempo del expediente”. Al final, Atehortúa habría recibido de ese oficial detalles reservados del caso que, a la larga, lo involucraba. Para el organismo, esa actuación podría constituir una falta grave. 

El episodio habría derivado en una confrontación entre generales que desató el escándalo público en el que tuvo que intervenir el presidente Iván Duque. En diciembre uno de los hombres más respetados de esa institución, el general William Salamanca, inspector de la Policía, envió a varios oficiales a su mando a recoger pruebas sobre el caso de San Luis. Luego de esas acciones, el director Atehortúa le pidió al inspector retirar a esos hombres y tramitar las próximas indagaciones del proceso con agentes de contrainteligencia. Salamanca se negó y los dos generales terminaron enfrentados. 

Luego del episodio, Atehortúa envió a Salamanca a vacaciones por 400 días. Se justificó con que no le estaba reportando sobre las investigaciones en curso, pero su decisión resultó tan extraña que la confrontación trascendió a los medios. Esto generó una crisis en la cúpula de la Policía que hizo pensar que en ese momento, a finales del año pasado, podría haber un remezón en la comandancia. Finalmente, las aguas se calmaron cuando el presidente Duque intervino en la polémica y ordenó reintegrar a Salamanca a sus funciones; no obstante, la división interna quedó viva.

Carlos F. Córdoba, Contralor general. La Contraloría determinó que esa obra inconclusa generó un detrimento patrimonial de 5.364 millones de pesos.

El proceso también siguió su curso en la Procuraduría, donde Atehortúa terminó imputado por cuatro cargos disciplinarios, entre graves y gravísimos, que incluyen supuesto tráfico de influencias y extralimitación de sus funciones. La Contraloría, por su parte, concluyó la semana pasada que hubo un multimillonario detrimento patrimonial por el proyecto de San Luis, y ahora empezará a determinar las responsabilidades, que podrían salpicar de algún modo al general Atehortúa.

Por su parte, la Dirección de la Policía emitió un comunicado en el que afirma que el general Atehortúa le pidió en enero a la Contraloría investigar el caso de San Luis, y que las observaciones que hizo el ente sobre ese contrato no corresponden al periodo en el que él fue director del Fondo Rotatorio. Además, recalcó que bajo su gestión se liquidó el contrato y agregó que “es respetuoso de las decisiones de los organismos de control, razón por la cual desde el inicio ha aportado y continuará aportando todos los elementos probatorios necesarios en la investigación que se adelante”.

La Contraloría avanza en su investigación, y la Procuraduría prácticamente lo tiene en el banquillo de un juicio que, seguramente, arrancará cuando los términos disciplinarios se reactiven, suspendidos por la emergencia sanitaria. Mientras tanto, el general Atehortúa se ha defendido y ha dicho que irá al juicio a demostrar su inocencia. Nadie sabe si el Gobierno está dispuesto a dar la pelea por un director de la Policía que enfrenta un juicio mientras luce el uniforme de cuatro soles.

En todo caso, el escándalo causado por su pelea con Salamanca sumado a esta seguidilla de decisiones disciplinarias y fiscales lo ponen en aprietos para sostenerse en la dirección de la Policía. 

A este complejo escenario que vive esa institución, la semana pasada se sumó otro caso que sonó fuertemente. Se trata de la repentina renuncia del brigadier general Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y Aduanera, quien en una carta dirigida al presidente solicitó su baja del servicio activo argumentando que “los principios no se negocian”. Un extraño episodio que deja muchas preguntas sin resolver. Pero ese es un capítulo aparte.

Lo cierto es que, debido a estos sacudones internos, no ha sido un buen comienzo de año para la Policía. Una situación que necesita resolverse lo antes posible, pues esta importante institución es una de las puntas de lanza del Estado para enfrentar el coronavirus y demás amenazas que azotan al país.