Investigador del CTI amplió denuncia de posibles ‘chuzadas’ al magistrado Jorge Enrique Ibáñez

Después de varios obstáculos, finalmente un investigador del CTI de la Fiscalía logró ampliar la denuncia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional, sobre las posibles chuzadas de la que estaría siendo objetivo por parte de los organismos de inteligencia del gobierno de Gustavo Petro.

Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a SEMANA que el fiscal Hernán Barreto, coordinador de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quedó a cargo de la investigación para esclarecer si el togado del alto tribunal habría sido víctima de interceptaciones ilegales a sus comunicaciones.

Barreto llegó a ese cargo el pasado 4 de abril, cuando la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, lo nombró como coordinador de una de las dependencias más importantes del ente investigador. El funcionario tiene más de 20 años de experiencia como magistrado auxiliar de la Sala Pena de la Corte Suprema de Justicia y fue fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.

La diligencia de ampliación de denuncia estaba programada para las 2:00 p. m. de este lunes, pero después de presentar algunos obstáculos para recoger la declaración del magistrado Ibáñez, la declaración se alargó por varias horas y al llegar la tarde noche, un investigador del CTI de la Fiscalía logró recoger todas las pruebas para avanzar en la investigación.

El caso en la Fiscalía arrancó el pasado miércoles 19 de junio, cuando el propio vicepresidente de la Corte Constitucional le presentó a la fiscal Luz Adriana Camargo en el Palacio de Justicia, una carta que conoció SEMANA en exclusiva en la que alertaba que desde hace varios meses su teléfono celular fue intervenido de manera ilegal.

En la misiva, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez explicó:

“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes he llegado a la conclusión de que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”.

Las alarmas ya se habían encendido días atrás, cuando en un estado de WhatsApp que se viralizó decía: “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”.

Este viernes, en la Fiscalía le confirmaron a SEMANA que dicho mensaje salió del teléfono celular del propio Ibáñez.

Después de que esta revista revelará en exclusiva la grave denuncia, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X que desde su primer día de gobierno la inteligencia estatal se usaría para perseguir a criminales. Pero salieron serios cuestionamientos de la oposición y de los propios representantes de la Rama Judicial.

El mandatario dijo: “Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”.

Después del pronunciamiento del jefe de Estado, los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional enviaron una carta conjunta rechazando los seguimientos que se vendrían realizando contra el magistrado Ibáñez y le hicieron un fuerte llamado de atención al Gobierno.

En el comunicado firmado en bloque por los presidentes de las altas cortes, se calificaron como “preocupante” los hechos de “interceptaciones, monitoreos y seguimientos” denunciados el pasado viernes por el vicepresidente de la Corte Constitucional y revelados en exclusiva por SEMANA.