Investigan a comandante del Esmad por presunta agresión a funcionarios de la Personería de Medellín

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el comandante de escuadra del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), Edwin Alexander Ochoa Hoyos, por presunto uso excesivo de la fuerza y agresión verbal, contra personal del Ministerio Público.

La Provincial de Valle de Aburrá investiga, entre otras cosas, si el comandante actuó de manera excesiva y violenta contra los funcionarios de la Personería de Medellín, quienes, “en acción de verificación de sucesos en el marco de las movilizaciones sociales, realizaban su labor de revisión de las unidades de reacción y equipamientos del Esmad, para garantizar el cumplimiento de la normativa y el uso legítimo de la fuerza”, explica el Ministerio Público.

De igual manera, se busca indagar si posiblemente el investigado usó un lenguaje verbal inapropiado y tuvo comportamientos inadecuados en medio de la verificación de la fecha de expiración de los cartuchos de gas lacrimógeno detonados en el lugar de enfrentamiento con los protestantes. También se verifica si en la presunta conducta irregular del servidor público participaron otros policiales adscritos al Esmad.

La Procuraduría solicitó la práctica de pruebas que permitan verificar la ocurrencia de la conducta del investigado y si la misma constituye una falta disciplinaria o exclusión de responsabilidad.

Precisamente, por este y otros casos, un grupo de profesionales de la Defensoría del Pueblo, expertos en derechos humanos y derecho internacional humanitario, se encargará de desarrollar el programa de ‘Formación de formadores’ para fortalecer las habilidades docentes de un grupo de instructores que tendrá a su cargo replicar conceptos y herramientas entre todos los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

El ejercicio de formación tiene el objetivo de prevenir posibles vulneraciones a las garantías constitucionales de las personas que participan en manifestaciones, y quienes podrían ser objeto de detenciones ilegales o arbitrarias; tratos crueles, inhumanos y degradantes; ataques contra la libertad de expresión y la prensa; abusos durante los traslados por protección, y discriminaciones.

En septiembre de 2020, en medio de la pandemia de covid-19 y días después del asesinato de Javier Ordóñez a manos de miembros de la Policía Nacional, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las manifestaciones sociales adoptar acciones que garanticen el derecho a la protesta pacífica y no destructiva.

La decisión tuvo que ver con el manejo del Estado a las protestas ocurridas en 2019 y, entre las medidas dispuestas, se dirigió a la Defensoría del Pueblo. Entre otros, ordenó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público diseñar planes de fácil acceso acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica para las personas que, en actos de protestas resulten o, se hayan visto afectadas en ellas, brindando apoyo en tal sentido para acudir, incluso, a instancias internacionales cuando a ello hubiere lugar.