Investigan a la alcaldesa Virna Johnson y al exgobernador Carlos Caicedo por irregularidades en construcción del acueducto de Santa Marta

La Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una investigación disciplinaria contra el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo Omar, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Lizi Jhonson Salcedo, y el gerente de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., Francisco Fernando García Rentería. La investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la firma del contrato para la construcción del acueducto ‘El Curval’, proyecto valorado en más de 14 mil millones de pesos.

El órgano de control busca determinar si en los estudios previos se tuvo en cuenta el impacto potencial del proyecto sobre las fuentes hídricas seleccionadas, en particular los ríos Piedras y Don Diego, provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas fuentes, actualmente en riesgo ambiental, fueron elegidas para abastecer el acueducto, generando preocupación sobre posibles daños al entorno natural y a las comunidades que dependen de estas aguas.

La Procuraduría también indaga sobre el presunto desconocimiento de un estudio técnico previo que recomendaba tomar el recurso del río Magdalena para evitar impactos ambientales en la Sierra Nevada y proteger a las comunidades ribereñas. Entre las pruebas solicitadas, se encuentran copias de los estudios ambientales definitivos para el proyecto y del análisis previo denominado ‘Abastecimiento de agua potable a la zona norte del departamento del Magdalena’, que proyectaba el servicio a 50 años, incluyendo a Santa Marta como uno de los municipios beneficiados.

La apertura de esta investigación tiene como objetivo determinar si las acciones de los funcionarios involucrados constituyen una falta disciplinaria y si actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

La Procuraduría, como entidad encargada de velar por la conducta ética de los funcionarios públicos, busca esclarecer las circunstancias que rodean la firma del contrato y asegurar la transparencia en el desarrollo de proyectos de gran envergadura para el beneficio de la comunidad.

Contraloría hará control preventivo a licitación del nuevo acueducto

Por otro lado, la Contraloría General de la República anunció una actuación de control concomitante y preventivo sobre el proceso licitatorio para la construcción del sistema de acueducto en Santa Marta, Magdalena. El enfoque principal de esta acción se centra en el contrato que se suscriba y la ejecución del proyecto, en busca de garantizar la transparencia y evitar riesgos identificados hasta ahora.

El contralor delegado para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, Diego Alejandro Castro, explicó que esta medida busca monitorear los riesgos observados y aquellos que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto. Utilizando las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política y el Decreto Ley 403 de 2020, la Contraloría se enfocará en el proceso licitatorio LP011-2023 para la ‘Construcción del Sistema de Acueducto denominado El Curval’.

La Alcaldía de Santa Marta inició este proceso licitatorio con un presupuesto oficial cercano a los $1,68 billones, buscando mejorar la cobertura de agua potable en la ciudad. El objetivo es producir un caudal de 2.400 l/s de agua tratada para satisfacer las proyecciones de demanda hasta el año 2048. Sin embargo, la Contraloría ha identificado importantes debilidades en el proceso licitatorio durante sus revisiones.

Entre los riesgos destacados por el órgano de control se encuentra la preocupación por la forma de pago propuesta para la ejecución de las obras, así como la ausencia de un estudio de financiamiento que analice diversas alternativas de crédito. El plan actual contempla pagos anuales durante 30 años, financiados al 100% por el contratista, lo que ha generado inquietudes sobre la sostenibilidad financiera del proyecto.

La Contraloría también ha señalado que los requisitos financieros de la licitación no concuerdan adecuadamente con la forma de pago propuesta, lo que podría resultar en exigencias financieras superiores a lo habitual en proyectos de obra pública. Este desajuste podría generar problemas de liquidez y riesgo de parálisis o abandono de los trabajos por parte del contratista.

La advertencia de la Contraloría incluyó la posibilidad de una financiación onerosa a través del contratista, sin explorar alternativas de crédito, lo que podría resultar en un sobrecosto financiero significativo. Además, se planteó que la firma del contrato en las condiciones actuales podría constituir una presunta inobservancia de las disposiciones legales vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano respecto a vigencias futuras excepcionales.