Ramiro Suárez Corzo está en el ojo de la Procuraduría

Sin duda para Norte de Santander, y en especial para Cúcuta -de donde fue alcalde-, Ramiro Suárez Corzo es todo un personaje. Actualmente se encuentra en la cárcel condenado a 27 años de cárcel por su participación en el asesinato de un líder sindical de la región.

Pese a la dura pena y de su reclusión en la cárcel La Picota, de Bogotá, hay denuncias de que Corzo sigue haciendo de las suyas y estaría moviendo fichas para participar en la política nortesantandereana.

De ahí que el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, solicitó al Inpec que investigue dichas acusaciones. En una comunicación al recién nombrado director de la entidad penitenciaria, coronel de la Policía Jorge Luis Ramírez, el jefe del Ministerio Público detalló que el exalcalde emplearía herramientas tecnológicas para participar activamente en actividades proselitista.

La queja asegura: "Se trata del señor Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de la capital nortesantandereana, quien se encuentra purgando una pena de 27 años de prisión por delitos de homicidio y quien desde el sitio de reclusión se hace presente en las diferentes reuniones políticas en los barrios de Cúcuta (por ejemplo, en el barrio San José), pidiendo que apoyen a uno de los candidatos a la Alcaldía de la ciudad, utilizando medios de comunicación, como lo son teléfono e internet, vía Skype”.

De acuerdo con el denunciante, una persona que sería un candidato a alcalde de esa ciudad “llega a las comunidades acompañado por un computador portátil del cual se conecta con el recluso Suárez Corzo para que envíe su mensaje proselitista y pida abiertamente que apoyen la elección del aspirante en mención”.

En la comunicación enviada al Inpec, el procurador Ordóñez dejó presente su preocupación por estos hechos ya que, de ser ciertos, implicarían no sólo la violación al reglamento, sino una posible vulneración al proceso electoral.

“En consideración a lo anterior, solicito se investigue la situación antes relacionada y se tomen las medidas preventivas y correctivas a las que haya lugar, teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de que se diseñen mecanismos que permitan que estas y similares conductas no se vuelvan a presentar en ninguna institución penitenciaria y carcelaria del país”, señaló el procurador.

En el oficio, Ordóñez instó al Inpec a que le entregue un informe detallado sobre esta presunta situación irregular y de las medidas que se tomen para evitarla.