Irene Vélez seguirá, por ahora, como cónsul en Londres. Tribunal admitió demanda contra su nombramiento

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una demanda presentada contra el decreto que nombró a Irene Vélez Torres como consejera de Colombia en Londres. Sin embargo, se abstuvo de suspender los efectos de su designación como lo pedía el accionante al considerar que no había urgencia para la medida cautelar.

Irene Vélez ya fue notificada de la admisión de la demanda y tiene cinco días hábiles para responder ante el Tribunal. En la acción judicial presentada por Ximena Echavarría Cardona y Juan Sebastián Camargo Antolínez se advierte que la exministra de Minas no cuenta ni con la experiencia ni con la preparación académica que exige la ley para este tipo de cargos diplomáticos.

En el documento se advierte que es completamente irregular la designación “en provisionalidad” hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio del Decreto 0564 del 3 de mayo de 2024.

En este sentido se argumenta que se vulneraron las disposiciones relacionadas con el régimen de carrera contenido en el Decreto Ley 274 de 2000, conexas con la ocupación de cargos provisionales y los de carrera diplomática y consular, y además se expidió sin el cumplimiento pleno de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano para quien ocupare cargos diplomáticos.

Irene Vélez fue designada como consejera de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, adscrita al Consulado General de Colombia en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Los demandantes sostienen que Vélez no hace parte de la carrera diplomática y no cuenta con los estudios exigidos por la ley –anexaron su hoja de vida publicada en la Presidencia de la República– y, finalmente, había personas con más preparación y en escalafón para el mencionado cargo.

SEMANA pudo establecer que existen tres demandas más en contra de la designación de Irene Vélez como cónsul. En todas ellas se pide suspender los efectos de su designación.

Irene Vélez tiene pendiente un proceso disciplinario en la Procuraduría General por presunto tráfico de influencias. Los hechos investigados se presentaron el 18 de enero de 2023, cuando la entonces ministra habría intentado utilizar su cargo para presionar a funcionarios de Migración Colombia con el fin que dejaran salir del país a uno de sus hijos, menor de edad, que no tenía la documentación al día.

En el pliego de cargos de 47 páginas emitido el pasado 4 de abril se menciona que Irene Vélez habría utilizado su cargo de manera indebida para lograr un beneficio, sabiendo que estaba actuando en contra de la ley y de sus funciones constitucionales. Con su actuar, afectó los principios del Código de Infancia y Adolescencia y la Guía de Control Migratorio de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia.

“Existen hasta este momento elementos de juicio para considerar que Irene Vélez valiéndose de su cargo como ministra, ejerció influencia frente a los funcionarios para que, pese a no haber otorgado el respectivo permiso, se autorizara la salida de sus hijos”, resalta el pliego de cargos. Según indicó el mismo canciller Álvaro Leyva Durán, para el momento de los hechos la ministra de Minas estaba en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Para la Sala de Instrucción existió una presión utilizándose el cargo, rechazando así los argumentos de la defensa de la ahora exministra que indicó que todo se trató de un favor “(…) no pudiendo valorarse este comportamiento como un simple acto de cortesía, en tanto ello demandó un actuar contrario al ordenamiento jurídico, al cual se accedió en virtud de la solicitud desplegada por la investigada, que de no haber mediado no se hubiera concretado el proceso de emigración, como en principio lo hizo saber el primer oficial que atendió el caso”.

En este sentido se señaló que pese a que los funcionarios de Migración Colombia advirtieron que nunca se sintieron presionados por la ministra, lo cierto es que sí se presentó la solicitud directa para omitir este trámite que deben cumplir todos los colombianos, y es que los padres certifiquen el respectivo permiso para la salida de menores de edad. De no hacerlo, según indican las normas, simplemente no podrán abandonar suelo colombiano en la terminal aérea.

“Si bien los referidos funcionarios indicaron que la investigada no usó en la conversación que sostuvo con ellos expresiones imperativas, como ‘usted no sabe quién soy’ o frases similares, lo cierto es que se prevalió de su cargo para hacer la solicitud. En ese sentido, precisó Boris Estrada, no sentí que me estuvieran dando órdenes, pero sí una solicitud respetuosa”, señala el documento de la Procuraduría.