“Con el proyecto de sometimiento la desmovilización del Clan del Golfo sería imposible”

SEMANA: ¿Qué importancia le otorga al proceso de sometimiento a la justicia por parte del Clan del Golfo?
Iván Cepeda: Por la magnitud que tiene como organización el llamado Clan del Golfo, por la extensión territorial que ocupa su actividad ilegal y también por el hecho de que es la facción más numerosa de personas que no se desmovilizaron o que volvieron a movilizarse luego del proceso fragmentario de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, es que se convierte en una organización poderosa y se constituye en un factor de inestabilidad y de peligro para la construcción de la paz y la seguridad en los territorios. A eso hay que agregarle la diversidad de actividades ilegales en las que participa esa organización y el espacio que está ocupando, cada vez mayor, en este proceso de posconflicto entre el Estado y la que era guerrilla y hoy es un partido político.

SEMANA: El panorama que describe es muy preocupante... 

I. C.: Por todos esos factores es indispensable, yo no diría simplemente deseable, que se logre un proceso que no implica, y eso hay que reiterarlo una y otra vez, ni una negociación ni una interlocución que implique un acuerdo en torno a un modelo de justicia o de acogimiento a la justicia, sino sencillamente un proceso y un procedimiento expedito que implique el desmantelamiento de esa organización. Eso es, entre otras cosas, lo que se ha venido haciendo durante ya un largo periodo entre el Gobierno nacional, a través de la Fiscalía General de la Nación, la Vicepresidencia y voceros de esta organización. Un proceso que, lo repito, no ha tenido por finalidad una negociación, sino simplemente fijar cuáles serían las condiciones más expeditas para lograr ese proceso de acogerse a la justicia.

SEMANA: ¿En qué ha consistido ese proceso con el Clan del Golfo?
I. C.: Desde mayo de 2016 se produjeron unos acercamientos entre voceros de esta organización y el Gobierno; proceso en el que yo he tenido una participación desde el punto de vista de facilitar una interlocución que ha girado fundamentalmente sobre la búsqueda de cuál es el camino más idóneo para que se produzca una presentación ante la justicia de los integrantes de esta organización. En todo momento ha quedado muy en claro que este proceso no tiene nada que ver, y es una cuestión totalmente distinta por su naturaleza, con los procesos de negociación que se han dado tanto en La Habana como en Quito, y que es un proceso estrictamente ceñido a la normatividad vigente, en busca, como lo ha denominado la propia organización, de "un acogimiento" y, como lo ha señalado el Gobierno, de "un sometimiento" a la justicia.

SEMANA: ¿Cuál es el estado actual de todo esto?

I. C.: Ese proceso ha tenido distintos estadios: en un momento determinado los jefes de esa organización han hecho pública y explícita esa voluntad y deseo de desactivar esa organización y entregar no solamente información, sino también toda la estructura que ellos han tenido para operar y buscar que eso se dé de una manera eficaz. En el último periodo esa voluntad ya ha tenido expresiones mucho más concretas. En el mes de diciembre, de manera unilateral, este grupo anunció que haría una especie de tregua. En los días posteriores al anuncio se han producido hechos en la región de Urabá que, de alguna manera, podrían ser interpretados como violaciones de esa promesa o de ese compromiso, pero también es cierto que se ha podido evidenciar que han dado pasos para buscar esa desmovilización pronta. Entonces la pregunta que surge aquí es: ¿cómo hacer para que esa voluntad expresada se lleve a cabo de la mejor forma y de la manera más eficaz posible?

SEMANA: ¿Cuáles son los procedimientos más idóneos para lograr ese objetivo?
I. C.: Desde las posibilidades que existen lo ideal sería que, en uso del actual marco legal y del actual Código Penal, el presidente de la república debería expedir decretos para que, de manera colectiva, estas personas se presenten ante los fiscales y pueda darse un procedimiento de carácter colectivo. Ya ha surgido una discusión desde el semestre anterior, cuando fue presentado un proyecto de ley diseñado para el sometimiento a la justicia de las bandas criminales y también, entre esos grupos, con este del Clan del Golfo. Es un proyecto de ley que no solamente traería una serie de requisitos que, a mi modo de ver, son bastante engorrosos y dilatorios, sino que también producirían un endurecimiento de las penas. Así, se haría prácticamente imposible lograr el objetivo de ese sometimiento o acogimiento a la justicia.

SEMANA: ¿Qué espera que suceda en este proceso?
I. C.: Es necesario explorar de una manera pronta y eficaz las vías para lograr esa desmovilización, ojalá por el camino de decretos de carácter ejecutivo. El propio ministro de Justicia (Enrique Gil Botero) reconoció en una entrevista en un medio radial que el proyecto que haría curso en el Congreso de la República dejaría, en algunos casos, la pena mínima en 30 años de prisión para que las personas decidieran, a partir de esa oferta, someterse a la justicia. Yo veo que, desde esa perspectiva, con el proyecto que cursa en el Congreso la desmovilización del Clan del Golfo sería imposible.