Iván Cepeda asegura que MinDefensa ocultó muerte de cuatro menores de edad en reciente bombardeo contra el ELN

A través de su cuenta de Twitter, el senador Iván Cepeda denunció que en el bombardeo del pasado 16 de septiembre que realizaron las Fuerzas Militares contra la guerrilla del ELN se encuentran un joven de 13 años y tres de 17, quienes murieron en la operación. Cepeda dijo que radicó un derecho de petición al Instituto de Medicina Legal para establecer la información de quienes murieron en el bombardeo que se adelantó en el litoral San Juan del departamento de Chocó.

“De las ocho personas que murieron en ese bombardeo, cuatro eran adolescentes y un menor de 13 años de edad”, por lo que calificó el dato como espeluznante debido a que muestra dos graves realidades, una, que se sigue incrementando el reclutamiento forzado de menores, culpando al gobierno de este flagelo debido a una falta de política de paz, según señaló.

La segunda situación que expone el congresista es que las Fuerzas Militares continúan utilizando métodos desproporcionados de la fuerza en medio de los operativos contra grupos armados ilegales en los que hay presencia de niños y jóvenes.

Cepeda insiste en que se sigue violando el derecho internacional humanitario, razón por la cual comunicó a la ONU, para que quede constancia de “ese macabro cuadro que se está presentando en el país, lamentablemente”, puntualizó Cepeda.

Tras dichos señalamientos, el Comando General de las Fuerza Militares emitió un comunicado en el que señala que el reclutamiento de menores constituye un crimen de guerra que ha sido una práctica sistemática e histórica realizada por todos los GAO en el territorio nacional, por lo que son ellos los llamados a responder por esta conducta según el DIH (artículo 51 numeral 7 del protocolo I de Ginebra de 1977) y lo contenido en el Estatuto de Roma (artículo 8 literal B del numeral 23).

“Es necesario tener en cuenta que quien infringe el Derecho Internacional Humanitario es quien coloca a una persona protegida en un riesgo que no debe soportar. Es decir, es el ELN quien comete un crimen de guerra al reclutar de manera forzosa a menores de edad y ubicarlos dentro de un objetivo militar”, explica para manifestar que según ellos no es responsabilidad del Estado el reclutamiento de menores como lo señala Cepeda, sino de los grupos ilegales.

Aseguran que los objetivos son lícitos a la luz del Derecho Internacional Humanitario como es el caso de esta estructura terrorista al mando de alias Fabián. Y finalmente resaltan que los actos urgentes fueron realizados por las autoridades competentes de Policía Nacional y será Medicina Legal quien determine las identidades, sexo y edades de los individuos que murieron en desarrollo de la operación militar.

Insisten vehementemente en tener “plena certeza de que se trató de una operación legitima, legal y en el marco del DIH, acatando todos y cada uno de sus principios”.

Cabe recordar que el Gobierno presentó hace unas semanas el Manual de instalación territorial de rutas de prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, que es el resultado de la Estrategia nacional de prevención de reclutamiento Súmate por mí y una muestra de cumplimiento de los indicadores de implementación de la política pública Prevención del reclutamiento.

El documento describe el paso a paso que las entidades territoriales deben seguir para construir y activar las rutas de prevención de reclutamiento y utilización de niños, y que se dan en tres escenarios: prevención temprana, urgente y en protección. Cada una está determinada por tiempos de implementación, en el mediano, corto e inmediato plazo.

Este manual será parte también de los procesos de la Secretaría Técnica de la Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento, el uso, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados (Ciprunna), así como una guía de consulta para los 207 equipos de acción inmediata (EAI) que para ese propósito se han conformado desde el año 2018 en el país.