"Están ejerciendo una presión indebida sobre los congresistas": Iván Cepeda

SEMANA: El representante Jhon Jairo Cárdenas denunció que Estados Unidos le revocó su visa por haber revelado detalles de la reunión con el embajador. ¿Considera que se trata de una intromisión de Estados Unidos en la política interna?

Iván Cepeda: Sacamos un comunicado que está suscrito por 16 congresistas en el que manifestamos nuestro total rechazo a la intervención que viene haciendo el embajador de Estados Unidos en los asuntos de la política nacional, y concretamente en los debates que hay en este momento en el seno del Legislativo y de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de la JEP. No es función del embajador transmitirles a funcionarios del Legislativo ni de la corte distintas opiniones sobre el contenido de la ley, así sea presentado esto como una simple labor en la que se hacen sugerencias respetuosas o consejos. Consideramos que son intervenciones en los asuntos domésticos. Hemos manifestado nuestra solidaridad con el representante Cárdenas, quien con valor civil expresó su malestar con la forma en la que el embajador de Estados Unidos interpeló a los congresistas. Quitarle la visa tiene un carácter inconveniente, que además lesiona la relación. Estamos sorprendidos porque la posición del embajador, que ha sido conocida en los medios, riñe y tiene un carácter distinto a la de otros funcionarios del Gobierno de Estados Unidos -como la del embajador ante el Consejo de Seguridad de la ONU con relación a la JEP-.

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SEMANA: ¿El Gobierno colombiano debería pronunciarse al respecto?

I.C.: Le hemos pedido al presidente que a través del canciller manifieste el malestar que causan estas acciones que consideramos violan nuestra soberanía. Yo no puedo más que interpretar esto como una reacción de un sector, o de un funcionario de Estados Unidos, y no como la posición del Gobierno norteamericano, el Departamento de Estado, del Partido Demócrata ni de buena parte del Republicano, que se han expresado ampliamente en el debate en el Congreso de Estados Unidos. Nos sorprende la actuación del embajador Kevin Whitaker, que al parecer está tomando decisiones por cuenta propia.

SEMANA: La próxima semana se va a retomar el debate sobre las objeciones a la JEP en el Senado. Existe un pulso sobre el mico de la extradición que denunció el fiscal Néstor Humberto Martínez, ¿cómo van a dar la batalla?

I.C.: Es una actitud del señor fiscal de amenazar a los congresistas y generar una presión indebida al Congreso. Estoy convencido que nadie le está haciendo favores al narcotráfico y que las propuestas que se han hecho en el trámite de la ley estatutaria todas se inscriben, como lo ha dicho la Corte Constitucional, en el ámbito de la legalidad. Me parece de muy mala presentación que el fiscal vaya al Congreso a lanzar amenazas con relación a un artículo que a mi modo de ver no dice nada distinto a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional con relación a la extradición, y es que las personas que tengan cuentas pendientes con la justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado antes que ir a Estados Unidos tienen que responder ante las víctimas en Colombia. Ese no es ningún invento de los congresistas, está en numerosas sentencias.

SEMANA: Llama la atención que usted habla recurrentemente de una “presión” que existe sobre el Legislativo, ¿se está sobrepasando una línea?

I.C.: Yo creo que hay fuerzas sociales y políticas que están ejerciendo una presión indebida sobre los congresistas, porque una cosa es el debate democrático sobre unos argumentos, que por supuesto es perfectamente lícito y necesario, y otra apelar a la coacción con algún tipo de mecanismo que pretende por la fuerza provocar unas posiciones en el debate parlamentario. Los congresistas debemos deliberar libremente y votar de acuerdo a lo que nos dicta la conciencia y no a lo que crean determinados funcionarios nacionales o extranjeros.

SEMANA: A esto se une la denuncia que usted hizo sobre un mexicano que estaba ofreciéndole dinero a un abogado para que le presentara a su esposa que es funcionaria de la JEP, quien sería el mismo hombre que apareció en el video de Santrich. Usted presentó un escrito a la Fiscalía, ¿ha recibido respuesta?

I.C.: Pasan los días y no he recibido ninguna clase de reacción por parte del señor fiscal, cosa que me sorprende porque ha estado emitiendo opiniones sobre una serie de asuntos, pero al parecer no ha tenido tiempo para considerar este que yo creo que es importante. Lo que hay detrás de esa información que me ha sido suministrada es un plan macabro que tiene que ver ni más ni menos con buscar el desprestigio, una especie de condena moral, y también eventualmente jurídica contra mi esposa y por esa vía contra la JEP y mi trabajo.

SEMANA: Tras el fallo del Consejo de Estado que sacó a Mockus del Congreso y el proceso que cursa contra Ángela María Robledo por doble militancia, usted ha dicho que acción concertada para sacar a figuras de la oposición de la vida política, ¿quién estaría detrás?

I.C.: Veo que por distintas vías hay esfuerzos por hacerle daño a figuras de la oposición política o a personas que están abiertamente en defensa de la paz. Lo que veo es que hay muchas acciones que aparentemente son coincidentes, pero que pueden responder a esfuerzos concertados para dejar por fuera de la política y lesionar gravemente la honra de muchas figuras de la oposición.

SEMANA: ¿Cómo van a responder a estas “acciones” tanto política como jurídicamente?

I.C.: Vamos a recurrir a todas las instancias jurídicas, tanto en el país como en el plano internacional, así como todas las acciones en el campo político para defender nuestros derechos. Ya se ha planteado conformar un grupo de juristas de alto nivel que puedan contribuir a los esfuerzos que hacemos individualmente para defendernos ante esta oleada de acciones en contra de distintas figuras y partidos políticos.

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SEMANA: El presidente del Congreso, Ernesto Macías, instauraría una tutela para intentar tumbar la decisión de la Cámara sobre las objeciones, ¿cómo ve este recurso y cómo se están preparando para dar el debate en Senado?

I.C.: Creemos que es una nueva manera de eludir el debate de fondo y de ejercer una nueva presión por parte del presidente del Senado para dilatar la discusión y no aceptar que el partido de Gobierno tuvo una derrota muy clara en la Cámara. El doctor Macías sabe muy bien que sea cual sea el resultado del debate tendrá que enviarle a la Corte Constitucional el expediente de todo el trámite de estas objeciones. Esta supuesta acción de tutela que presentaría nos parece más una estrategia mediática para generar cierta opinión, que una estrategia seria para generar debate. Ahora lo que procede es que él anuncie la votación y que podamos hacerlo lo más rápido posible en Senado.