Iván Cepeda radicó nuevamente polémico proyecto para castigar la obstrucción a la paz, ahora dice que no censura la libre expresión

Luego de la fuerte polémica que se desató en el país por el polémico proyecto que radicó el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que busca castigar la obstrucción a la paz, que lo motivó a retirarlo para hacer ajustes, el congresista dio a conocer que nuevamente radicó la iniciativa.

Cepeda, en el evento de la conmemoración de los siete años de los acuerdos de paz que se firmaron en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con la antigua guerrilla de las Farc, indicó que realizó ajustes al proyecto en el cual insisto que no se vulnerara la libertad de expresión.

“Ya fue presentado, ya se hicieron los ajustes, está muy claramente delimitado, es un proyecto que está dirigido contra quienes asesinen en Colombia, a firmantes de paz, se roben los recursos para la paz o también, de alguna manera, intenten mediante otras vías acabar con un proceso de paz por vías claramente ilegales”, sostuvo Cepeda.

Y agregó en su declaración: “Este no es un proyecto y lo dice en la modificación que ha tenido contra la libertad de expresión, de opinión o del trabajo que hace la prensa, que es supremamente válido y que yo reconozco”.

Cepeda pretende aterrizar en el articulado la implementación de un delito contra quienes asesinen a los firmantes de la paz y a los negociadores, con la agravante de la pena para cuyos responsables sean funcionarios públicos del Estado.

Aunque el proyecto ni siquiera llegó a las manos de los congresistas, generó alarma, entre otras cosas, porque pretendía penalizar judicialmente “a quienes a través de mentiras o acciones delictivas intentan frustrar los procesos”, según confirmó el propio Cepeda. Es decir, promovía el castigo contra quienes piensen diferente a los acuerdos de paz y se opongan.

En medio del acalorado debate que generó la propuesta, distintos sectores políticos se preguntaban ¿Qué se tipifica como mentira? ¿Quién lo determinará? Otros fueron más allá y expresaron que lo que para unos resulta una mentira, para otros no lo es y pusieron sobre la mesa la libertad de expresión en el país.

Una de las personas más críticas frente al proyecto fue el fiscal general, Francisco Barbosa, quien dejó claro que este proyecto pretendía perseguir a cualquier ciudadano que tenga opiniones o posturas que generen alteraciones de orden público.

De hecho, Barbosa sintió que la iniciativa es una “amenaza” en su contra por las fuertes críticas que él ha hecho a la ‘paz total’ del Gobierno Petro.

El propio Cepeda escribió en su cuenta personal de X, anteriormente Twitter: “Señor fiscal general de la nación, no tengo la culpa de que al proyecto que radiqué para que sean sancionados los crímenes contra la paz, algunos lo llamen ‘Ley Barbosa’”.

La obstrucción a la paz, según la define Cepeda, podría dar entre 10 y 15 años de cárcel. Además, contempla multas de 1.000 a 10.000 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer funciones pública.

“El que obstruya, impida o restrinja, de manera temporal o permanente, la exploración, inicio, desarrollo o finalización de procesos que el Gobierno nacional adelante en el marco de la política de paz, definida en la Ley 2272 de 2022, o la suscripción, implementación o cumplimiento de acuerdos, acuerdos parciales, acuerdos humanitarios y protocolos que se pacten en el desarrollo de los mismos, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años, en multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a quince (15) años”, se lee en el proyecto inicial de Cepeda.

En realidad, este proyecto no es nuevo y tiene como antecedente el proyecto de Ley 314 de 2022 del Senado, que fue presentado, pero no fue discutido y se archivó. Sin embargo, según Iván Cepeda, integraba nuevos elementos en su articulado e incorporaba prohibiciones para los servidores públicos en materia disciplinaria.