Y ahora que la JEP tiene todos los juguetes, ¿qué sigue?

De un momento a otro, la Ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) apareció colgada en la página web de la Presidencia. Al final de la tarde del jueves, la norma que había esperado por dos años para ver la luz apareció con el numeral 1957 y con la firma a regañadientes del presidente Iván Duque. No hubo foto, anuncio ni invitados.

En agosto de 2017, el Gobierno Santos presentó al Congreso un proyecto de ley considerado la columna vertebral de la Jurisdicción Especial de Paz. El Congreso lo aprobó con el procedimiento acelerado del fast track en los tres meses siguientes, pero los parlamentarios introdujeron cambios que dieron vueltas hasta esta semana. Por eso, el Gobierno de Iván Duque terminó por firmarla por orden de la Corte Constitucional.

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El jueves, cuando finalmente el presidente la sancionó, no dijo ni una palabra. Pero el senador Álvaro Uribe sí lo hizo: “Yo creo que se debería analizar el tema de sustituir a la JEP por una sala especializada en la Corte Suprema de Justicia”.

La insistencia del Gobierno y de su partido por reformar la JEP suena desgastada después de derrotas políticas como la de las objeciones. Durante el trámite de la estatutaria hubo varios puntos de discordia, como las sanciones alternativas por abusos sexuales contra niños o el endurecimiento de requisitos para ser magistrado de la JEP. Ninguna pasó el examen de la corte.

No obstante, hoy nadie discute que sobre todo los cambios en materia de extradición convirtieron el trámite de esta ley en un suplicio. En marzo de este año, el documento que quedó tras la cirugía de la corte fue sometido a una nueva discusión por cuenta de seis objeciones por inconveniencia que presentó el Gobierno. Dos de ellas tenían incidencia directa y cambios de fondo en el trámite de extradición.

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El acuerdo de paz con las Farc introdujo la obligación para la Corte Suprema de ponderar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas por encima de honrar los compromisos de cooperación. Este nuevo requisito y su aplicación a excombatientes y a terceros civiles que estén respondiendo ante la justicia especial, caldeó los ánimos y generó fricciones con Estados Unidos.

Por cuenta de este choque dos magistrados de la Corte Constitucional, Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, perdieron temporalmente la visa a ese país. En una semana convulsa, la Corte Suprema ordenó la libertad de Jesús Santrich y la Corte Constitucional enterró las objeciones. Ambas estocadas llevaron a que Duque intentara cobrar lo advertido: “Dos de las objeciones que presenté ante el Congreso, relacionadas con el debilitamiento de la extradición, buscan evitar este tipo de desenlaces que hoy nos indignan”, dijo refiriéndose a la libertad de Santrich. La verdad es que detrás de este desenlace había más una justicia alineada que se negaba a romper filas, que un efecto de las objeciones caídas.

Ahora, con los 159 artículos vigentes, la JEP tiene el balón para demostrar que el modelo sí funciona. El retraso de dos años no paralizó su funcionamiento, pero se espera que con los instrumentos constitucionales en firme pueda avanzar en lo urgente. Con la activación de la norma también comienza la cuenta regresiva de tres meses para que se presenten voluntariamente los agentes de Estado y los terceros civiles que tengan cuentas pendientes en la justicia ordinaria por hechos cometidos en el marco del conflicto. Van 369 solicitudes, 70 casos están en trámite y 12 civiles fueron admitidos. A partir de las compulsas de copias de la Fiscalía, algunos calculan que más de 1.146 personas tienen derecho a pedir pista en la JEP.

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La ley en el fondo es un manual de procedimiento cuyos tecnicismos establecen bases, límites y plazos para el funcionamiento de la JEP. Pero quedó convertida en el centro de la discordia política por cuenta de Duque. De él dependerá que el Gobierno pase la página y emprenda proyectos que le permitan mostrar sus victorias.