¿Puede poner el gobierno de Duque en riesgo la paz?

Iván Duque centró parte de su campaña en una crítica al proceso de paz y a los acuerdos con las Farc. En el Centro Democrático consideraron que el triunfo del No en el plebiscito fue un primer paso de un proceso que terminaría con su retorno al poder. La crítica se mantuvo, a lo largo del debate, aunque el presidente electo y su compañera de fórmula, Marta Lucía Ramírez, moderaron su posición al final, cuando había que buscar apoyos en el electorado de centro. Ambos dijeron que no volverían trizas los acuerdos –al contrario de lo que había dicho Fernando Londoño en la convención del partido– y que, sobre todo, conservarían la desmovilización y el desarme de las Farc y las condiciones para los combatientes –incluida la amnistía– necesarios para no regresar a la guerra.

Pero Duque insistió hasta el final de la campaña en que quiere ajustes. Sobre todo, en la no elegibilidad de los exmiembros de las Farc que han cometido delitos de lesa humanidad, en la independencia y autonomía de la JEP, y en la conexidad del narcotráfico como delito político. La gran pregunta es si esos cambios son viables y deseables, y por cuál camino jurídico y político.

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Aunque la Corte Constitucional ratificó que las normas vinculadas al derecho internacional humanitario o derechos fundamentales son de obligatorio cumplimiento en los próximos 12 años, los líderes del No piensan otra cosa.

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En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Las modificaciones que plantean en las toldas uribistas requerirán de reformas constitucionales y actos legislativos tramitados por vía ordinaria en el Congreso. Pero volver a llevar a discusión los acuerdos con las Farc ya aprobados es una alternativa llena de riesgos. El mayor de todos, que muchos exguerrilleros consideren que les hicieron conejo y vuelvan a empuñar las armas en las disidencias. El segundo riesgo es que debilitaría la posición internacional del país al incumplir compromisos adquiridos con la ONU, de gran aceptación en los cinco continentes. El tercero, copar la atención del Legislativo con estos asuntos tan controversiales, justo en la primera etapa de gobierno, cuando puede sacar adelante más leyes. Y, finalmente, poner en peligro la cooperación de partidos –como el Liberal y La U– que han mostrado voluntad de trabajar con el nuevo gobierno, pero que han estado en favor del proceso paz.

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¿Está en juego, realmente, el proceso de paz con las Farc? El Congreso ya aprobó el acto legislativo que le dio vida a la Jurisdicción Especial para Paz y la ley estatutaria que la reglamenta, y la ley de procedimiento todavía no ha pasado por falta de quorum y por los impedimentos que han expresado varios senadores. Si la norma no pasa en la legislatura actual, como lo anticipan muchos, se abrirían espacios para hacer cambios. La implementación del acuerdo de paz quedó a medio hacer.

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Basta pensar que no hay claridad, por ejemplo, sobre cómo funcionarán los sitios de reclusión donde los excombatientes de las Farc pagarán sus penas. El acuerdo no contempla cárceles convencionales, sino granjas agrícolas de características y condiciones por definir. Otra alternativa es que el nuevo gobierno afecte el proceso por la vía de asignar en el presupuesto menos recursos para el posconflicto, lo que puede afectar el rumbo de la implementación.

A muchos les preocupa que con el cambio de gobierno pueda quedar en tela de juicio parte de la esencia del acuerdo. El de las reformas pactadas en materia de reglas de juego de la política, las circunscripciones especiales de paz y los compromisos sobre desarrollo rural integrado.

El nuevo presidente deberá sortear un dilema nada fácil. Por un lado, responder por las promesas que hizo a lo largo de su campaña de modificar los acuerdos y reducir los beneficios pactados por las Farc a cambio de su desmovilización. Por el otro, conservar los logros en la reducción de la violencia y del conflicto armado. El nuevo presidente enfrenta una encrucijada, aunque también tiene una oportunidad de lograr un consenso en torno a la paz que Santos nunca pudo construir y que quedó herido de muerte con los resultados del plebiscito.

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