Iván Márquez reapareció, pero del Paisa aún no se sabe nada

A las 5:30 de la tarde de este martes venció el plazo que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) le dio a 31 excombatientes de las Farc para que ratifiquen su compromiso con el acuerdo de paz y entreguen un informe detallado sobre las actividades que vienen ejecutando en el marco del aterrizaje del pacto que se suscribió en La Habana. 

Los mismos hombres que el pasado 13 de julio fueron citados por primera vez para responder por el primer caso que abrió la justicia de paz por el flagelo del secuestro, son los llamados desde hace varias semana a reportar en qué va el cumplimiento del compromiso de colaboración que suscribieron en aquel entonces. 

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De la larga lista de excombatientes que debían pasar revista, un manto de duda viene cubriendo a Iván Márquez y a el Paisa. Su inesperada salida de la zona de reincorporación de Miravalle (Caquetá) minó la confianza que muchos les veían con el acuerdo. No es para menos. El exjefe del equipo negociador de las Farc en la isla dejó tirada su curul en el Congreso y el temido excomandante de la columna Teófilo Forero abandonó el único proyecto productivo que caminaba financiado por el Estado. Así las cosas, no solo se marginaron de su partido sino que también pusieron en duda su comparecencia ante la JEP. 

Este martes en la noche, durante una rueda de prensa, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) informó que 18 exguerrilleros presentaron juiciosamente la documentación y nueve de ellos solicitaron prórroga. "Entre los informes recibidos están los de Iván Luciano Márquez, Henry Castellanos (Romaña), Rodrigo Echeverri Londoño (Timochenko), Luis Albán, Julián Gallo, José Benito Cabrera y Seuxis Paucias Hernández (Jesús Santrich), entre otros". 

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El problema, sin embargo, es que en ninguna de las dos listas aparece el Paisa. Si bien se ha dicho que en las últimas semanas el excombatiente ha estado buscando en Neiva a alguien que lo represente, a la fecha no hay nada. Ni tiene abogado, ni ha firmado un poder que autorice su representación como sí lo han hecho los demás excombatientes. 

"La Sala de Reconocimiento estudiará la información allegada por los comparecientes y tomará las decisiones respectivas, una vez consolidada y analizada toda la documentación", adviertieron los magistrados del alto tribunal. En el caso del excomandante de la columna Teófilo Forero, lo más probable es que su silencio conduzca a la apertura de un incidente de incumplimiento, que es un proceso que abre la sala para determinar el grado de incumplimiento del régimen de condicionalidad. En él se practican pruebas y se escuchan alegatos, y de probarse el incumplimiento conlleva a la pérdida de beneficios.

La ley estatutaria de la JEP es muy clara en que esa puede ser la principal consecuencia. Según el artículo 76 de la ley estatutaria que rige la nueva justicia transicional, la JEP puede abrir un incidente de incumplimiento contra quienes comparecen a esa jurisdicción. Si se demuestran los hechos, la jurisdicción ordinaria asumiría la competencia para adelantar los procesos en contra de estas personas. 

En los antiguos líderes guerrilleros existe un malestar por cuenta de lo que ellos consideran ha sido falta de compromiso del Estado en cumplir con los acuerdos. En el caso de la JEP, uno de los puntos más sensibles tiene que ver con quiénes serían las personas que los defenderían ante ese alto tribunal. Los miembros del desmovilizado grupo han comentado en privado que no cuentan con recursos para contratar abogados que puedan acompañarlos en sus procesos. La comunidad internacional ha financiado una defensoría pública dentro de la JEP que tiene como objetivo poder representar a quienes no cuentan con un equipo jurídico detrás de sus casos. Así, siete personas entraron a fortalecer esa apuesta. 

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La carta de Iván Márquez es apenas un símbolo de buena voluntad en el comienzo de un proceso muy extenso. La JEP lo puede citar para que comparezca y en ese caso la sola carta de su abogado no será suficiente. Frente al paisa, la JEP encuentra su primer duro pulso. Por un lado, si no le abre el incidente de incumplimiento, el alto tribunal puede mandar el mensaje de que no atender a sus llamados no tiene consecuencias. Pero si lo hace, el Paisa podría ser el primer líder de la guerrilla en ser procesado como cualquiera ante la justicia ordinaria. Teniendo en cuenta la animadversión que ese grupo tiene frente a la Fiscalía, y las mismas tensiones que ha vivido el ente acusador con la JEP, lo que viene no será nada fácil.