¿Asesinato de Jaime Garzón será declarado crimen de Estado?

El Consejo de Estado se apresta a determinar si hubo participación de agentes del Estado en el homicidio del humorista Jaime Garzón y si ello prueba una responsabilidad patrimonial de la Nación en el daño causado a la familia y allegados del también periodista.

La Sección Tercera del alto tribunal aceptó, ahora sí, tener en cuenta la acusación que le hizo la Fiscalía al coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, por su presunta colaboración para cometer el atentado. La corporación buscará establecer si el oficial impartió directrices que facilitarán el trabajo a los autores del homicidio.

Y es que las posibilidades de que la Nación salga mal librada de este caso son tan latentes, que en el escrito se señala expresamente que la muerte del humorista podría significar una grave violación a los derechos humanos.

Hace dos años fue capturado Plazas Acevedo, tras ser acusado de tener responsabilidad en este magnicidio. Se le vinculó al caso por versiones de exjefes paramilitares como Diego Fernando Murillo, ‘Don Berna‘, quien dijo que la inteligencia militar ayudó a materializar la intención de Carlos Castaño de acabar con la vida de Jaime Garzón.

Para los apoderados de la familia en la demanda de reparación que cursa ante el Consejo de Estado, el examen a las pruebas que incriminan a Plazas, excomandante de Inteligencia de la Brigada XIII, podría ser determinante para probar también la responsabilidad de la institución castrense en la planeación y la concreción del atentado.

Por eso, en su momento, le pidieron al alto tribunal de lo contencioso tener en cuenta el escrito de acusación de la Fiscalía en contra del militar en retiro, con la mala fortuna de que esa corporación rechazó su solicitud.

Sin embargo, presentaron un recurso de súplica que fue decidido en las últimas semanas por la Sección Tercera del Consejo de Estado. En esta oportunidad, el organismo judicial cambió de opinión y le pidió a la Fiscalía copia de la acusación en contra del coronel.

Eso implica que la posible participación del exjefe de Inteligencia de la Brigada será parte del análisis que hagan los consejeros de Estado a la hora de determinar si la Nación debe responder patrimonialmente por estos hechos.

Aun cuando falta recorrer buena parte del camino para conocer la decisión definitiva, todo parece indicar que la evaluación sobre la responsabilidad del Ejército y demás autoridades castrenses no se circunscribirá a la simple falta de vigilancia, sino a la probable colaboración activa de oficiales en un crimen que, 15 años después, el país todavía recuerda con dolor.