El abogado de Laura Moreno, a la cárcel

En una decisión salomónica y sin precedentes en la historia judicial reciente del país, una juez acaba de ordenar el arresto por 48 horas del reconocido abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses de la estudiante Laura Moreno en el caso de la muerte de Luis Colmenares. Según el despacho, Granados incumplió la orden de no hablar en los medios sobre el caso.
 
Se trata de la segunda determinación de este estilo adoptada por la juez 11 de conocimiento de Bogotá. El pasado 6 de marzo ella misma ordenó el arresto del también penalista Jaime Lombana por, supuestamente, incumplir la orden del entonces juez 11 adjunto de Conocimiento de no entregar declaraciones a los medios sobre el asesinato de Luis Andrés Colmenares. Lombana es el defensor de la familia de Colmenares.
 
Con esta decisión la juez equilibra la balanza, pues había sido blanco de muchas críticas por la decisión de haber enviado tras las rejas a Lombana. Pero el país se pregunta a qué hora este caso, en el que se deberían definir las supuestas responsabilidades en el caso del joven muerto, pasó a ser un ring en el que los protagonistas terminaron siendo los abogados.
 
La historia es esta. Este martes la juez le hizo un fuerte llamado de atención a Granados, pues aseguró que fue él en que en primera medida pidió las medidas correccionales para Lombana, por lo que tenía claras las restricciones e hizo caso omiso de las mismas.
 
La juez Paula Astrid Jiménez consideró que Granados, en unas entrevistas concedidas a medios de comunicación durante el 2013, violó la prohibición que tienen las partes del caso Colmenares de entregar declaraciones a los medios de comunicación que vinculen tanto a las procesados, las pruebas o a los intervinientes.
 
“Ha desobedecido la orden impartida de manera repetitiva (…) se observa cómo señor Jaime Granados en las declaraciones a Blu Radio del 17 de enero del 2013, a Caracol Radio el 3 de enero del 2013 y a la FM de RCN, dio informe del caso Colmenares, posterior de la orden impartida el 3 y 4 de febrero del 2012, donde en la lectura de las misma se tiene que hizo mención a situaciones propias y específicas del proceso, cuando estas deben ser debatidas en las audiencias y no ante los medios de comunicación”, explicó la funcionaria.
 
La determinación de Jiménez se dio luego de que Lombana el pasado 18 de marzo, días después de cumplir su arresto, interpuso la queja, y se efectuó este martes una audiencia correccional en la que el abogado de las víctimas acusó a Granados de exponer a los testigos, peritos y a las partes a los medios de comunicación no solo en las declaraciones a los medios sino a través de su cuenta de Twitter y comunicados de prensa.
 
“Sí infringió la orden, ya que hizo alusión a testigos, peritos, entre ellos a doctor (Rubén Darío) Angulo, a la Fiscalía, al apoderado de las víctimas (…) Es claro que no es conveniente no sólo dar un concepto definido sobre la responsabilidad o no de un acusado, o una crítica a un testigo. Más cuando el material probatorio en este proceso ha sido particularmente presentado a los medios de comunicación y no se ha tratado siquiera en este recinto”, explicó.
 
Jiménez dijo que cuando se entra en un proceso judicial cada una de las partes tienen obligaciones que respetar y en el proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares las pruebas y las manifestaciones de los testigos, se han hecho públicas cuando en la mayoría de los casos no las conocen siquiera los despachos que llevan el proceso.
 
“Se puede concluir que ante los procedimientos judiciales tienen obligaciones procesales que constituyen naturaleza distinta de acuerdo con los intereses que persiguen y de las consecuencias jurídicas que acarrea su cumplimiento o incumplimiento (…) juez puede disponer de medidas correccionales cuando las partes intervinientes no cumplan con sus deberes, máxime cuando desconocen una orden judicial, como es el caso del abogado defensor el doctor Jaime Enrique Granados”, indicó.
 
Granados se defendió argumentando que los llamados ‘falsos testigos’ a los que él hizo referencia en las entrevistas no fueron tenidos en cuenta en el juicio por lo que para él no hacen parte del proceso. Sin embargo, para la juez esta no es una justificación.
 
Sobre la queja de Lombana, en la que dio cuenta que María Camila Orozco, jefe de prensa de Granados, también divulgó por su cuenta de Twitter información del proceso, la juez argumentó que no existe fortaleza en la prueba sobre el caso. Respecto al asunto, Granados se defendió diciendo que la periodista es libre de manifestar sus opiniones en su cuenta personal.
 
El arresto de Granados será cumplido en el lugar que disponga el CTI de la Fiscalía, quien quedó a cargo de dar cumplimiento a la medida.