Jalón de orejas al Concejo de Puerto Wilches por querer frenar audiencia sobre fracking

¿Un Concejo Municipal pide cancelar un espacio de participación ciudadana porque dice que no ha tenido espacios de participación ciudadana? Aunque parezca ilógico, el Concejo Municipal de Puerto Wilches le pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) cancelar la audiencia pública ambiental programada para este martes, 22 de febrero, con el fin de socializar con la comunidad todos los aspectos relacionados con el piloto de fracking Kalé, que pretende desarrollar Ecopetrol en este territorio.

El Concejo Municipal de Puerto Wilches asegura que la realización de esta audiencia pública solo agudizaría la conflictividad socioambiental que se vive actualmente en el territorio. Además, el paro petrolero de más de 25 días en el campo Yariguí Cantagallo, “tiene los ánimos caldeados”. Así mismo, manifiesta que ni las comunidades del área de influencia del proyecto ni ellos mismos han podido participar de manera activa y eficaz en los procesos de socialización que han adelantado Ecopetrol y la Anla sobre el piloto de fracking Kalé.

Afirma que a la fecha no han podido tener acceso al Estudio de Impacto Ambiental completo entregado en noviembre de 2021 a la Anla, ni a la información adicional aportada por Ecopetrol en enero de 2022, ya que son “archivos demasiado pesados que por los problemas de conectividad propios de Puerto Wilches, no han podido ser descargados y, además, manejan un lenguaje técnico incomprensible para las comunidades y para quienes integramos el Concejo Municipal”.

“Las comunidades del municipio de Puerto Wilches han mostrado en diversos movilizaciones y acciones su rechazo mayoritario a la técnica del fracturamiento hidráulico por los riesgos e impactos que esta práctica traería para nuestro municipio, dejando en evidencia que no existe licencia social para el desarrollo de los proyectos pilotos de fracking en nuestro municipio”, aseguró el Concejo Municipal en una carta enviada a la Anla, con copia a varias entidades.

Adicionalmente, afirma que la producción de hidrocarburos a través del fracking afectaría “seriamente” la producción de la palma de aceite, la pesca y la biodiversidad que alberga el hábitat del manatí y el corredor del jaguar, ya que esta actividad abriría la puerta a la perforación de casi 13.000 pozos de fracking en Puerto Wilches y la región.

El Concejo también manifestó su preocupación por “la celeridad que la Anla ha imprimido al proceso de otorgamiento de la licencia ambiental, a las carreras y sin garantizar una participación informada en las decisiones que nos afectan como wilchenses, lo que nos lleva a concluir que los derechos a la participación y al acceso a la información de los integrantes del Concejo Municipal de Puerto Wilches y de las comunidades que representamos, se encuentran vulnerados”.

Y para rematar, el Concejo de Puerto Wilches lanzó una advertencia. Si la Anla no tiene en cuenta sus consideraciones, y sigue adelante con la audiencia pública ambiental para este 22 de febrero, convocará y acompañará a las comunidades para que “se movilicen y protesten pacíficamente contra la imposición de los pilotos de fracking en el municipio”.

¿Qué le respondieron?

Una copia de la carta radicada ante la Anla fue enviada a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, que no tardó en responder, y de paso, le envío varios llamados de atención al Concejo Municipal de Puerto Wilches por su actuar.

Primero le dejó claro que es la Anla la autoridad administrativa competente para decidir si se cancela o no la audiencia pública ambiental, ya que la Procuraduría General no puede incidir en la toma de estas decisiones que son del resorte único de la Anla. Sin embargo, aseguró que estará atenta al pronunciamiento que emita la Anla y al sustento jurídico y probatorio de la misma, para verificar si se ajusta o no a la normatividad constitucional y legal.

Después de esta claridad, la Procuraduría Delegada manifestó que la advertencia de “convocar y acompañar movilizaciones y protestas pacíficas, si no se cancela la audiencia pública ambiental”, le genera cierta preocupación por que el Concejo Municipal está desconociendo que el escenario previsto en la Constitución Política y en la Ley para dar a conocer la posición y expresar las opiniones que se tengan frente al proyecto propuesto, es precisamente la audiencia pública ambiental.

Y agrega que estas audiencias deben llevarse a cabo “sin traumatismos, obstaculizaciones, afectaciones, sabotajes, o vías de hecho en general, llamados a debilitar, minimizar y afectar precisamente el ejercicio efectivo del derecho participación y de acceso a la información de los ciudadanos interesados en conocer los efectos e impactos que pueda generar el proyecto y las medidas de manejo propuestas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar sus impactos, así como aportar sus opiniones, observaciones, informaciones y documentos”.

Así mismo, le recordó que no está permitido que los servidores públicos obstruyan de cualquier forma la garantía del derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones que los afecten en materia ambiental. Por ello, la Procuraduría le advirtió al Concejo Municipal de Puerto Wilches que, contrario a lo que pretende hacer, tiene el deber de garantizar que se materialice adecuada y eficazmente la audiencia pública ambiental de este martes, y además, debe tener presente que el incumplimiento de su deber funcional acarrea falta disciplinaria.

La Procuraduría Delegada también le recordó al Concejo Municipal de Puerto Wilches que, mientras permanezcan vigentes decisiones judiciales ejecutoriadas y decisiones administrativas, son de obligatorio cumplimiento para los servidores públicos. Esto teniendo en cuenta que en septiembre de 2019 el Consejo de Estado aprobó la realización de los proyectos pilotos de fracking en el país.

¿En qué consiste el piloto de fracking Kalé?

El pasado 12 de noviembre la Anla inició el trámite de evaluación de la licencia ambiental para el proyecto piloto Kalé, que se desarrollará en el corregimiento Kilómetro Ocho, del municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander. El proceso inició luego que Ecopetrol radicara en octubre de 2021 los resultados del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto piloto Kalé, el cual aportaría a la producción de gas y crudo liviano en el país.

El estudio permitió caracterizar en detalle las condiciones de línea base ambientales, sociales y económicas de la región e identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales derivados de la ejecución del proyecto piloto Kalé, así como las medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar posibles impactos en los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos hídricos, el suelo y el aire, entre otros aspectos.

Así mismo, el EIA establece un Plan de Contingencia que identifica los riesgos potenciales derivados de la ejecución de las actividades, las medidas de reducción y las acciones contempladas para el manejo de las eventuales contingencias.

El contrato para llevar a cabo el proyecto piloto Kalé fue firmado el 24 de diciembre de 2020 y contempla inversiones por más de 76 millones de dólares, según la propuesta de Ecopetrol. Para desarrollar este piloto, Ecopetrol y ExxonMobil Exploration Colombia Limited crearon una alianza, en la cual Ecopetrol será el operador del piloto.