“Jamás me he reunido con alguna persona que tenga que ver con Centros Poblados”: senador Mauricio Gómez

Después de que la Corte Suprema de Justicia decidiera abrir investigaciones preliminares en contra de varios congresista, por su posible participación en el desfalco de $70.000 millones en el contrato de la UT Centros Poblados, celebrado con el MinTIC, varios de ellos salieron a defenderse de las acusaciones.

Uno de ellos fue el senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien a través de su cuenta de Twitter explicó que nunca se ha reunido con nadie de la unión temporal Centros Poblados y que toda la situación es un malentendido, pues lo están confundiendo con otra persona; sin embargo, está presto a responder ante la justicia.

“Como senador estoy presto a responder ante la Corte Suprema con toda claridad sobre mi actuar, que de antemano ha estado apegado a la ley”, explicó Gómez Amín, quien además indicó que “jamás he hablado o me he reunido con persona alguna que tenga que ver con UT Centros Poblados”.

De hecho, el congresista indicó que todo corresponde a un malentendido, pues es “un lamentable caso de homónimos, en el que aparece un Mauricio que no soy yo, un Gómez que es un delator y un Amín que forma parte de la investigación”.

SEMANA conoció en primicia el documento completo con la denuncia que presentó la red de veedurías Bien Común en contra de dos congresistas por el escándalo de MinTIC. Se trata de Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amín. El ponente será el magistrado Misael Rodríguez.

“La Veeduría Ciudadana puso en conocimiento de la ministra Karen Abudinen Abuchaibe presuntos hechos anómalos sobre la posible participación en investigaciones penales por presuntos hechos de corrupción de algunas firmas proponentes que participarían en la licitación pública, sin que el despacho hubiese siquiera intentado profundizar el tema y prestándose a adjudicar el proceso licitatorio en comento”, señala la denuncia.

Y agrega el documento: “A pesar de haberse puesto en conocimiento previo de presuntas irregularidades en todo el proceso licitatorio y la participación masiva de empresas con antecedentes penales por posible corrupción, se observa una posible omisión en siquiera indagar por las alertas ciudadanas que nacen precisamente para evitar detrimento patrimonial en un futuro. Al parecer, de acuerdo con los hechos, presuntamente intermediaron senadores de la República para evitar la caducidad del Contrato 1043 de 2020, es decir, para proteger el patrimonio público que juraron blindar y proteger”.

La denuncia, dirigida al magistrado Misael Rodríguez, señala que: “No se está hablando de un proceso licitatorio de solo algunos millones de pesos, sino de billones de pesos. La jurisprudencia tiene definida la moralidad administrativa, principio de la función pública, como el derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuerdo con la legislación vigente, con la diligencia y el cuidado propio de un buen funcionario”.

Relata en el aparte de pruebas que “se adjudicó la Región B y se suscribió el Contrato Estatal de aportes 1043″ y que “por ello es impresentable que 8 pólizas falsas pasaran por encima de tantos funcionarios públicos”. El documento cita, por ejemplo:

1. La póliza “falsa de seriedad de la oferta sin número del banco Itaú”.

2. La aclaración “falsa de la póliza falsa seriedad de la oferta sin número”.

3. Las 3 pólizas “falsas presentadas inicialmente al momento de legalizar el contrato”.

Las 3 pólizas falsas presentadas nuevamente el 30 de diciembre de 2020 al contratista SES Colombia para que las aprobara identificadas, entre otras.

Entre los nombres que han salido a relucir en el escándalo aparece, por ejemplo, Emilio Tapia, el mismo que fue condenado por el carrusel de la contratación en la capital del país, y quien brindó ese día con whisky junto con algunos de sus compinches. De nuevo lo había logrado. A un grupo de empresas que él había coordinado le acababan de adjudicar, en diciembre de 2020, un contrato por más de un billón de pesos para instalar más de 7.000 puntos digitales.