CARTAGENA
¿Quiénes están detrás del poder en la Alcaldía de Cartagena?
Los jefes políticos que controlan la política desde hace años en Cartagena están tras los arreglos burocráticos por los cuales la Fiscalía capturó al alcalde Manolo Duque.
Manolo Duque en compañía de su hermano de crianza José Julián Vásquez, la contralora Nubia Fontalvo y el concejal Jorge Useche, capturados por el CTI por tráfico de influencias, dinero y contratos entre la administración y el Concejo, protagonizaron a comienzos de agosto la escena más reciente de la tragedia política que viven los cartageneros. En los últimos años, desde la elección de Campo Elías Terán en 2012, la ciudad ha tenido ocho alcaldes. Estos han gobernado en periodos de interinidad que han empeorado la situación de la ciudad y profundizado el desencanto político. Según el proyecto cívico Cartagena Cómo Vamos, solo uno de cada tres habitantes siente que las cosas van por buen camino, y es una de las ciudades –junto con Bogotá y Cúcuta– en donde más se percibe un aumento de la corrupción.
La inestabilidad se ha sentido con especial fuerza en los dos últimos periodos, en los que han salido electos alcaldes con las votaciones más altas de la historia de la ciudad. Terán con 165.000 y Duque con 125.000. Además de que ambos ganaron con movimientos no tradicionales y con discursos populistas, los mismos jefes políticos han respaldado sus gobiernos. Se trata de un grupo de senadores, representantes y excongresistas con ascendencia en la ciudad y en la región, que manejan la burocracia cartagenera. Entre ellos se destacan tres inhabilitados: Juan José García Romero (exliberal y de La U), William Montes (conservador) y Javier Cáceres, quien pasó por el Partido Liberal, Cambio Radical y el Polo Democrático.
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La Fiscalía comprobó que la Alcaldía dio contratos y plata a los concejales a cambio de que eligieran a Nubia Fontalvo en la Contraloría Distrital, en uno de los audios de la conversación entre esta y el concejal Jorge Useche. Allí se escucha al cabildante decir: “Por lo de Duvinia y Américo, concejales de La U, no te preocupes porque ellos obedecen es al de allá arriba y ese acuerdo se lo echan a él”. Según aseguraron varios investigadores a SEMANA, cuando hablan de ‘el de arriba’ se refieren a Juan José García Romero, condenado por peculado por apropiación en 2001.
El garante de los acuerdos entre el alcalde, la candidata a contralora y los concejales fue José Julián Vásquez, el primo del alcalde Manolo que también está inhabilitado porque en 2011, siendo jefe de la oficina jurídica del gobernador Alberto Bernal, incurrió en irregularidades en la ejecución de algunas obras de la ola invernal. En los audios divulgados por la Fiscalía Julián le dice jefe a Juan José García Romero.
Junto a este, de quien se dice controla la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar –con sede en Cartagena–, otras figuras de alcance nacional manejan la burocracia del Distrito. Se destacan los senadores Dayra Galvis de Cambio Radical, el liberal Lidio García –su hermana es directora de la entidad ambiental– y Andrés Felipe García Zuccardi –de La U e hijo de Juan José García–, así como los representantes Marta Curi –de La U y esposa del exsenador William Montes, condenado por parapolítica– y Hernando Padaui –representante de Cambio Radical–.
Los audios revelados por la Fiscalía durante los diez días que duró la audiencia de Duque también muestran el nivel de corrupción existente en el Concejo. Catorce de sus 19 concejales votaron por una candidata que no reunía los requisitos para ser contralora distrital a cambio del reparto de ‘52 libros y medio’ para cada uno. Según el fiscal Néstor Martínez, esa expresión puede interpretarse como el reparto de dinero y puestos en la Contraloría y el Distrito a cambio de la elección de Nubia Fontalvo.
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Aunque en Cartagena nada de esto es nuevo y recientemente los acuerdos burocráticos han sido el eje de la gobernabilidad, hasta ahora no se contaba con elementos de prueba tan contundentes para demostrar el entramado clientelista. En una entrevista publicada en el diario El Universal el 27 de octubre de 2015, dos días después de las elecciones, el alcalde Manolo Duque afirmó que no tenía favores políticos que pagar. Pero los hechos demuestran todo lo contrario. Varios meses de investigación, en los que se obtuvieron más de 1.000 horas de grabación y 7.000 registros que comprometen a algunos funcionarios de la ciudad, dejaron en evidencia lo que el mismo fiscal denominó un “contundente concierto para delinquir”.
Paradójicamente, en medio de su profunda crisis política y de sus altos niveles de pobreza, este año el Distrito tiene presupuestado hacer inversiones por más de 800.000 millones de pesos para construir el Plan Maestro de Drenajes Pluviales, la Quinta Avenida del barrio de Manga, la avenida del Centenario y el plan contra la erosión costera. A ese presupuesto se suman otros 800.000 millones de pesos que recibirá la ciudad en regalías. Todos esos recursos estarán en riesgo mientras la política y la administración no se enderecen.
EL REPARTO DE PUESTOS SEGÚN LOS AUDIOS
Uno de los audios revelados por la fiscal 53, Liliana Velásquez, encargada de la investigación de la Fiscalía, detalla cómo la administración de Manolo Duque repartió puestos a cambio de la elección de su propia contralora. Al concejal Américo Mendoza, de la casa García Romero, le prometieron la Subdirección Técnica de Responsabilidad Fiscal; al concejal Édgar Mendoza Saleme, conservador afín al representante de Cambio Radical Hernando Padaui, la Dirección Operativa, Administrativa y Financiera del Departamento de Salud Distrital (Dadis); al concejal Luis Cassiani Valiente, de Cambio Radical y del grupo de la senadora Dayra Galvis, la Dirección Operativa de Salud Pública del Dadis; al concejal Salim Guerra, de Cambio Radical, la Oficina Jurídica del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT); al concejal Eric Piña, liberal y militante en el grupo de Juan José García Romero, la Secretaría del Interior y la Dirección Administrativa en la Contraloría Distrital; a la concejal Angélica Hodge Durango, del Partido Verde, la Dirección de Planeación y Desarrollo del Dadis; al concejal Javier Curi Osorio, liberal, hijo del exalcalde Nicolás Curi y cuñado del exsenador William Montes, la Secretaría de Infraestructura Distrital; al exconcejal Zaith Adechine Carrillo, la Dirección del Dadis; a David Dager, liberal, del grupo del senador Lidio García Turbay, el Establecimiento Público Ambiental (EPA); a Duvinia Torres, del Partido de la U, del grupo García Zuccardi, le mantuvieron las cuotas que tenía en la Dirección de Impuestos Distritales de la Secretaría de Hacienda; y a Jorge Useche, conservador del grupo del exconcejal y candidato derrotado en las elecciones Quinto Guerra Varela, cargos en el Dadis y Planeación Distrital.