Judicial
JEP abre la puerta al excongresista Álvaro García Romero, condenado por masacre de Macayepo
El exsenador se ofreció a aportar la verdad sobre el conflicto. La Justicia Especial para la Paz les ha dicho que no a varios exparlamentarios. Estas son las razones para aceptar su sometimiento.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó el sometimiento del exsenador Álvaro Alfonso García Romero, quien había sido condenado a una pena de 40 años de cárcel, una de las sanciones más altas contra los congresistas que tuvieron nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en este caso porque García, además de llegar a acuerdos con paramilitares, también fue hallado responsable de la masacre de Macayepo. El exsenador se ofreció a aportar verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria ante la JEP.
Una conversación telefónica entre un senador y un hacendado, que dura poco más de dos minutos, fue la pieza clave para confirmar la participación del exsenador Álvaro García en la masacre de 12 campesinos que fueron asesinados con garrote por paramilitares, como una retaliación por el actuar violento de la guerrilla. El terror que impuso el grupo armado dejó el corregimiento de Macayepo, jurisdicción de El Carmen de Bolívar, prácticamente desocupado en octubre de 2000.
La JEP señala que se busca conocer en qué consistió la promoción, auspicio y colaboración de dirigentes políticos con grupos paramilitares. Todo, “a partir de los aportes voluntarios de verdad que deberá comenzar a entregar García Romero, quien permanecerá recluido en la cárcel La Picota. Para el despacho que se ocupó del asunto, el caso de García Romero permitirá trabajar por la no repetición. Es decir, será una pieza para desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo”.
Esa justicia especial señala que el aporte de García “ofrece una expectativa legítima de contribución a la reparación integral a las víctimas, el cual, podrá ser perfeccionado en tanto se surtan las distintas etapas ante la Jurisdicción Especial para la Paz y se promuevan los distintos escenarios dialécticos con participación de las víctimas”.
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Cabe recordar que el exsenador fue condenado en 2010 por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple en calidad de determinador y desplazamiento forzado entre 1997 y 2000. Y además, tal vez en el caso más recordado, la Corte Suprema de Justicia destaca lo que se conoció como la masacre de Macayepo, en la región de los Montes de María, por los cuales fue condenado como autor mediato de un concurso de homicidios agravado en octubre de 2000.
La parapolítica acaba de reabrirse en un nuevo capítulo en la Corte Suprema con el llamado a declarar para “Don Antonio”, dueño del computador de Jorge 40.
Uno de los argumentos, en el caso de García Romero, es que los hechos sucedieron con anterioridad a la fecha que enmarca la competencia temporal de la JEP. Para aceptarlo se tuvieron en cuenta los términos del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que García Romero se valió de su condición de senador para consolidar el proyecto de las AUC en el ámbito nacional.
Se trata de un paramilitar que no participó en las hostilidades, pero que desde su condición de agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal.
