JEP acepta sometimiento del excongresista Luis Fernando Almario

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó este viernes el sometimiento de Luis Fernando Almario, exrepresentante a la Cámara por el departamento del Caquetá.  

La JEP señaló que el excongresista fue aceptado por supuestos vínculos con la guerrilla de las Farc y por su presunta participación en el asesinato, a manos de la columna móvil Teófilo Forero, del excongresista Diego Turbay Cote (presidente de la Comisión de Paz cuando ocurrieron los hechos); su madre, Inés Cote de Turbay, y de Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.

Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre del año 2000, cuando la comitiva de Turbay Cote fue interceptada en el sitio La Gallera, en la carretera a Puerto Rico (Caquetá), por miembros de las Farc que procedieron a asesinarlos.

El tribunal especial indicó que tomó la decisión luego del envío de su expediente por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, “que lo juzgaba por esos hechos y que determinó que estaban directamente relacionados con el desarrollo del conflicto armado”.

La Sala de Reconocimiento de la JEP señaló, además, que Almario hizo llegar un segundo escrito de sometimiento por los delitos de concierto para promover grupos armados al margen de la ley y constreñimiento al sufragante por los acuerdos que hizo con el Bloque Central Bolívar - Frente Sur de los Andaquíes, por los que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 10 años de prisión. La misma sentencia obligó a Almario al pago de una multa de 11.000 salarios mínimos y lo inhabilitó para ejercer sus derechos y funciones públicas.

Frente a esta solicitud, la Sala de Reconocimiento manifestó que fue remitida a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la jurisdicción para que estudie si lo acepta o no por esos hechos.

El tribunal de justicia transicional indicó finalmente que Almario, al ser aceptado en la jurisdicción, está obligado a “aportar verdad plena distinta a la conocida en la justicia ordinaria, reparar integralmente a sus víctimas y garantizar la no repetición de los hechos”. “Si no se cumplen los compromisos asumidos, podrá perder los beneficios propios de este sistema de justicia de transición, incluido el ingreso y la permanencia a la JEP”, subrayó.